Posted By Redacción on 9, Abr, 2021

Publicaba el Bocyl del pasado 11 de marzo la orden por la que se formula el informe ambiental de la fase IV de Los Ángeles de San Rafael, un plan parcial cuya tramitación se retomó en 2018, que afecta exclusivamente al término municipal de Vegas de Matute en la parte baja de la urbanización, en los alrededores del pantano deportivo. Son 1.500 viviendas, de las cuales destacan sobre 500 destinadas a un “smart village” dirigido a jubilados, distribuidas en 12 manzanas.

En conformidad con la ley de Urbanismo, toda plan parcial debe pasar por una serie de consultas vinculantes a administraciones implicadas y que deben dar su visto bueno, estableciendo en su defecto medidas correctoras.  Y ahí es donde encalla el ambicioso proyecto de la familia Gil.

El principal escollo es el agua. Así en la misma resolución se informa que en julio de 2020 la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) archivó el expediente de solicitud de abastecimiento a Los Ángeles de San Rafael al no haberse presentado la documentación exigida para garantizar el agua suficiente que permita el nuevo desarrollo. La CHD recuerda que la urbanización actual no cuenta con ninguna autorización de vertido, habiéndose paralizado el expediente por no disponer la propiedad de la correspondiente concesión de aguas, y en consecuencia se señala el incumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas. Añade la CHD que no podrán afrontarse nuevos desarrollos “mientras no se solucionen los problemas existentes con los vertidos y se disponga de un sistema de depuración con un tratamiento adecuado de las aguas residuales”. En definitiva, como no hay una concesión de agua, no hay depuración, y como no hay depuración, no hay en la actualidad posibilidad jurídica de construir más en la zona.

En la cuestión ambiental, tanto el Servicio Territorial de Medio Ambiente como la  Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal destacan la coincidencia del área de actuación con figuras de protección como la Red Natura 2000 y valores naturales respecto a lo que es conveniente tomar medidas correctoras. Sin embargo, este no es el punto más problemático por cuanto finalmente se considera que, una vez realizada la actuación requerida (básicamente proteger anidamientos de águila imperial, preservar encinares de especial valor, entre otros) la ampliación de la urbanización “no afectará, directa o indirectamente, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, a la integridad de los citados lugares Red Natura 2000”, resuelve la consejería de Medio Ambiente.

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