La Plataforma Ciudadana de El Espinar y el alcalde del municipio, Javier Figueredo, han protagonizado un choque abierto a raíz de la intervención de la Policía Local para detener la recogida de firmas que el colectivo llevaba a cabo en las calles del municipio contra la externalización de la gestión del agua. Ambas partes ofrecen versiones radicalmente distintas de lo ocurrido.
La plataforma ha denunciado públicamente lo que califica de “deriva autoritaria” por parte de la Alcaldía, que habría utilizado a la Policía Local para impedir “de forma arbitraria” su labor informativa. En su comunicado, el colectivo asegura haber cursado las solicitudes correspondientes ante el Ayuntamiento y la Subdelegación de Gobierno, y acusa al alcalde de haberles advertido con denuncias por “ocupación de la vía pública” y ante la Agencia de Protección de Datos.
La plataforma señala además una “doble vara de medir”, al afirmar que hace apenas un mes se autorizó una mesa de venta de merchandising frente al consistorio sin aparentes trabas. “Lamentamos que el señor alcalde esté más preocupado por desacreditar el trabajo de esta plataforma e impedir que informemos, que por garantizar el suministro de agua este verano sin la presa de El Tejo”, señalaron sus portavoces.
Figueredo ha trasladado a Acueducto2 una versión completamente diferente. Según el alcalde, la Policía Local comprobó que la comunicación presentada ante la Subdelegación de Gobierno era incompleta, al no especificar días, horarios ni lugares de la recogida de firmas, y que tampoco existía la preceptiva autorización municipal para el uso de la vía pública. Pero lo que el regidor considera más grave es la situación relativa a la protección de datos. “Cualquiera puede recoger firmas, pero tienes que cumplir la ley”, señaló, explicando que la plataforma no habría dado de alta ningún fichero ante la Agencia de Protección de Datos, lo que impediría a los firmantes ejercer sus derechos de modificación o supresión de datos. Además, Figueredo aseguró disponer de firmas de menores recogidas por la plataforma en una petición anterior presentada ante el Ayuntamiento, un extremo que considera denunciable.
El fondo: ¿privatización o externalización?
Más allá del conflicto por la recogida de firmas, el alcalde rechazó el término “privatización” que utiliza la plataforma para describir el proceso en marcha. “El circuito del agua de El Espinar ya está externalizado al 90%”, explicó, detallando que la lectura de contadores, las averías, el control de calidad del agua y la facturación ya están en manos de distintas empresas y organismos externos. Lo que el Ayuntamiento busca, según Figueredo, es “aunar todos los contratos que tenemos con el agua” en una única empresa gestora que permita afrontar con más garantías el problema inmediato del suministro, ante la incertidumbre sobre el futuro de la presa de El Tejo. El alcalde reveló además que el informe de la Confederación Hidrográfica sobre el estado de la presa estaría finalizado desde diciembre, pero que no se hará público hasta que no esté garantizado el suministro alternativo desde Puente Alta, actualmente compartido con el Ayuntamiento de Segovia y la Mancomunidad, sin capacidad para abastecer a todos simultáneamente.
Figueredo atribuyó la movilización a motivaciones políticas, señalando que Izquierda Unida estaría detrás de la plataforma, y puso como contraste que el Ayuntamiento de Cuéllar, donde una concejala de esa formación forma parte del gobierno, lleva un proceso similar sin que haya generado controversia.
La plataforma, por su parte, ha convocado a los vecinos a una asamblea informativa el próximo martes 24 de marzo a las 19.30 horas en el Centro Cultural de El Espinar, donde informará sobre el proceso de externalización, el bloqueo sufrido y las próximas movilizaciones previstas.
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