Posted By Juan Luis Gordo on 11, Ene, 2026

El pasado 3 de enero fuimos muchos los que nos quedamos estupefactos ante la noticia, imágenes y posterior rueda de prensa del presidente norteamericano sobre el secuestro del presidente de Venezuela y de su esposa por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Trump, parafraseando al ministro más locuaz del Gobierno de España, trasladó a los americanos y al resto del universo que es el “puto amo del mundo”, como aviso a navegantes, gracias a la hegemonía que mantiene en su alianza militar con la Europa occidental, por mor de la falta de implicación de esos países en la cuestión militar. A lo que se une su visión imperialista y totalitaria, al margen del derecho internacional. Con esta actuación legitima la fuerza como mecanismo ordinario de resolución de conflictos frente a los más débiles, y quiebra una vez más la cultura y prestigio democrático de su país, que durante muchos años se ha considerado la “cuna de la democracia”.

Para cualquier persona comprometida con la defensa de derechos y libertades no debiera ser discutible que Nicolás Maduro es un tirano que ha accedido y permanecido en el poder al margen de las reglas democráticas. A ello se suma un modelo de gestión populista y autoritario que ha sumido en la pobreza a buena parte de la población y ha provocado el exilio de más de ocho millones de venezolanos, el segundo mayor desplazamiento forzoso del planeta. Este contexto explica la comprensible euforia con la que una parte de la diáspora ha recibido la actuación estadounidense, alimentada por la esperanza de recuperar la libertad y, algún día, regresar a su país.

Sin embargo, la justicia no puede edificarse sobre la arbitrariedad. El fin no justifica los medios cuando estos socavan los principios que dicen defender, ni el presidente americano puede hacer de la necesidad virtud. La reacción en las calles de Venezuela ha sido tibia y el sentido patrio se ha evaporado ante el miedo y la actitud del propio aparato del régimen. Todo apunta a una estrategia de contención y posible connivencia con la Administración estadounidense para evitar un conflicto civil que podría derivar en un elevado coste humano ante la descompensación de fuerzas, que, para los venezolanos, aunque les duela, es la solución menos mala. En el asalto fueron asesinados más de 100 personas.

En su comparecencia pública, el presidente de Estados Unidos evidenció que su objetivo no es la defensa de la democracia venezolana, sino el control del poder y, en particular, de los recursos petrolíferos. Está dispuesto a pactar con el régimen chavista si este se alinea con sus intereses estratégicos. Washington ha dado por cerrada, por ahora, la vía militar directa, consciente del desgaste y de las consecuencias humanas imprevisibles que supondría un conflicto civil, como ya ocurrió en Vietnam, Irak o Afganistán. La opción preferente es el control a distancia mediante un “gobierno títere”, en el que la retórica bolivariana quede reducida a un mero decorado, mientras sectores clave del régimen se adaptan sin reservas a los intereses estadounidenses para conservar el poder, depurando a los elementos más radicales y reformulando el relato oficial.

El objetivo último es preservar la supremacía geopolítica frente a China, su principal rival económico, e intimidar a Europa mediante el control de Groenlandia como territorio geoestratégico clave en lo militar y económico. En un segundo plano, pesa la influencia del lobby cubano en la administración estadounidense, canalizada a través de un secretario de Estado de origen cubano, decidido a acelerar el colapso del régimen de La Habana cortando el suministro energético venezolano. En este tablero, Rusia actúa como un comodín susceptible de ser activado para presionar o apoyar, con el propósito de fragmentar a la heterogénea constelación de Estados que conforman la Unión Europea.

Tampoco puede entenderse esta operación al margen de la política interna estadounidense. Con las elecciones de medio mandato en el horizonte, la intervención en Venezuela constituye una potente carta de presentación mediática. Refuerza el relato de liderazgo, moviliza emociones primarias del electorado y alimenta el ego de un presidente marcado por el narcisismo y una concepción personalista del poder. Al mismo tiempo, consolida la posición de su secretario de Estado, que emerge fortalecido como potencial candidato presidencial en un escenario en el que el actual presidente no puede optar legalmente a un nuevo mandato.

Llama poderosamente la atención la actitud de la Unión Europea. Sus principales dirigentes han hecho dejación de la defensa del derecho internacional, limitándose a subrayar el carácter ilegítimo del régimen depuesto. Se trata de una jerarquía de valores profundamente errónea. Si se subordina el respeto a las normas internacionales a la simpatía o antipatía hacia un gobierno concreto, se abre la puerta a la arbitrariedad global. ¿Con qué autoridad moral podrá condenarse mañana una eventual invasión de Taiwán, el expansionismo ruso en Ucrania o, incluso, articularse una defensa de la UE frente a las amenazas de una hipotética agresión sobre Groenlandia bajo la administración de Dinamarca?

El Gobierno de España se ha adelantado a otros ejecutivos europeos al expresar su rechazo de forma coordinada con varios países sudamericanos y, una vez conocida la presidenta designada, al ofrecerse como mediador. Sin embargo, este posicionamiento obvia la quiebra de la soberanía del país afectado y sobreestima una influencia internacional que España no tiene, condicionada además por su relación con Estados Unidos. La experiencia demuestra que, en política exterior, los gestos incómodos tienden a diluirse con el tiempo en favor de la convergencia europea, como ya ocurrió con la oposición al embargo de material militar a Israel. En este contexto, lo razonable sería actuar alineados con la UE y no a contratiempo, algo que el presidente del Gobierno conoce, pero que vuelve a subordinar a la lógica interna de contentar a sus socios y movilizar a sus seguidores, aun a riesgo de una rectificación posterior.

Sorprende también el silencio de quienes durante años defendieron, de forma explícita o tácita, al régimen chavista. Ni antiguos mediadores internacionales ni dirigentes políticos que justificaron al gobierno de Maduro han alzado la voz para condenar la humillación del Estado venezolano. Los gestos de complicidad de los supervivientes del chavismo ante la nueva deriva no eximen de su responsabilidad democrática. Todo indica que ha pesado más el miedo o el cálculo personal que la defensa de unas convicciones que, a la vista de los hechos, parecen haber sido meramente instrumentales.

Lo ocurrido en Venezuela no representa una victoria de la justicia, sino una demostración descarnada de cinismo geopolítico. Un cinismo cuyo coste, aunque hoy pueda parecer lejano, acabará erosionando los pilares del orden internacional y la credibilidad de quienes dicen defenderlo.