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Pedro Vicente: Un pacto altamente invalidante para la oposición

En la actual situación de crisis sanitaria, económica y social derivada del covid19, no cabe duda de que, frente a la crispación y los mezquinos tacticismos partidistas, nada más deseable que el diálogo y el consenso político para afrontar la dura travesía que tenemos por delante. En este contexto, y a falta de esos nuevos Pactos de la Moncloa que no tienen visos de cuajar, se ha saludado poco menos que como una panacea el pacto para la “reconstrucción de Castilla y León” firmado la pasada semana.

Y lejos de constituir esa pretendida panacea, convendría precisar que se trata de un pacto con manifiestas limitaciones y carencias en el que ni mucho menos es oro todo lo que reluce. A poco que se analice su contenido, así se pone de manifiesto, comenzando por los compromisos de gasto (1.069 millones de euros) que contempla.

Cataplasma para la maltrecha Sanidad

El primer apartado de ese gasto es un fondo de 250 millones de euros destinado a paliar los efectos del covid19 sobre la maltrecha Sanidad Pública de la comunidad. A primera vista, podría pensarse que es una cifra astronómica. Pero si se tiene en cuenta que el presupuesto de la consejería de Sanidad está en torno a los 3.600M€, cuantía que, según la consejera se había sobrepasado en otros 1.000 antes de la pandemia, estaríamos hablando de una inyección extraordinaria de tan solo un 5,5 por ciento del total de gasto sanitario regular. Una inyección muy inferior, probablemente la mitad, a la que va a recibir la Junta de los 9.000 millones a repartir el gobierno Sánchez para compensar el gasto sanitario ocasionado por el Covid-19 a las comunidades autónomas.

El pacto contempla la constitución de un grupo de expertos que asesoren un nuevo modelo de ordenación sanitaria en Castilla y León, pero no descarta la posibilidad de que la Junta vuelva a la carga con la polémica reforma de la atención primaria emprendida antes de la pandemia, esa que abocaba al cierre por inanición a una gran mayoría de los 3.600 consultorios locales.

Atención al siguiente párrafo: “Durante el periodo de tres meses, a lo largo del cual se avanzará en la definición del nuevo modelo, no se implementarán reformas estructurales en el sistema de atención primaria”. Traducción: pasados tres meses, la consejería podrá volver a las andadas reactivando la reforma iniciada e interrumpida en la comarca de Aliste. Por lo demás, ni una palabra sobre el posible rescate público de la onerosa gestión del Hospital de Burgos.

Mecánica repetición de un Plan sin esfuerzo inversor añadido

La segunda gran cifra que infla el pacto es el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias (PISP) dotado con 728M€, otra cantidad que dicha así parece el no va a más. Y no. En primer lugar, no son inversiones a mayores del gasto estructural de la Consejerías concernidas. En segundo lugar, esa cuantía corresponde al quinquenio 2021-2025, con lo cual la inversión media anual ha de dividirse entre cinco. Y en tercer lugar, se trata exactamente de la misma dotación del vigente PISP aprobado en su día para el quinquenio 2016-2020. ¡La misma cuantía que la de cuatro años antes! Un Plan del que en 2.018, último ejercicio del que se tienen noticias, no se ejecutó, según los socialistas, el 31,23 por ciento de los 198 millones presupuestados…

Viene después la constitución de un Fondo Extraordinario covid19 dotado por 80M€, de los cuales 60 se transferirán a los ayuntamientos para fomento del empleo y refuerzo de la protección social. Por último, 8 millones de euros para una convocatoria especial de becas y 3 más para subvencionar la compra de ordenadores y la conexión a Internet a las familias mas desfavorecidas completan esos 1.069 millones consignados en el acuerdo.

Con razón el alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha visto “mucha literatura y poca cifra” en el pacto. Tampoco lo ha recibido con excesivo entusiasmo el también socialista alcalde de León, José Antonio Díez, quien lo considera “bastante extenso y poco concreto” y califica de “migajas” la cantidad que recibirá la capital leonesa de esos 60 millones a distribuir entre las entidades locales.

Frente a esa abundancia de literatura, están las serias carencias y omisiones de que adolece el acuerdo. En primer lugar, ni uno solo de sus 86 puntos hace referencia a la lucha contra la despoblación, el primer problema estructural de la comunidad autónoma la palabra “despoblación” no figura en ninguna de las 18 páginas del documento, en el que tampoco existe la menor alusión al “reto demográfico”).

Del mismo modo, no se menciona para nada la Ordenación Territorial, de donde se desprende que sigue su trámite la reforma legislativa promovida por la Junta para suprimir la mayoría cualificada exigida en las Cortes y poder así imponer sin consenso los mapas rurales pendientes de aprobación. Y por supuesto, ni palabra del Plan de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales internos, cuya recuperación, propuesta por los socialistas, ya había sido tumbada por PP y Ciudadanos en el último pleno de las Cortes.

Espesa cortina negra sobre las residencias de ancianos

Pero ni estas carencias tan sustanciales ni su reducido alcance presupuestario constituyen los principales defectos del pacto en cuestión. Lo verdaderamente nocivo del acuerdo es la contrapartida obtenida por la Junta al firmarlo: la renuncia del PSOE de Luis Tudanca a apoyar la comisión de investigación que venía proponiendo Podemos sobre la tragedia que han vivido las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, a causa del covid19.

Como se venía venir hace semanas, Tudanca ha decidido echar tierra sobre la relación existente entre las 1.725 muertes registradas en las residencias y las instrucciones cursadas por la Junta que a partir del 23 de marzo cerraron las puertas de los hospitales públicos a los contagiados en dichos centros.

Una omisión realmente escandalosa, como de hecho la ha calificado el responsable de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Tomás Pérez: “Nos parece escandaloso. Para construir el futuro tenemos que conocer el pasado”, ha dicho con elemental lógica Pérez, quien además ha pedido el cese de todo el equipo de la consejería de Familia.

En lugar de exigir esa investigación absolutamente imprescindible, Tudanca ha firmado un pacto que despacha lo ocurrido en las residencias con un simple informe elaborado por la propia Junta. ¿Piensa acaso el dirigente socialista que dicho informe de parte va a cuestionar el cierre de filas del presidente, el vicepresidente y las consejerías de Sanidad y Familia, todos los cuales han afirmado que volverían a hacer lo mismo “una y mil veces”? ¿Cree Tudanca que en ese informe se va a reconocer el abandono asistencial sufrido por muchos enfermos en esos centros y que la Junta va a admitir que no todos los 1.725 fallecidos en ellos hubieran perdido la vida de haber sido trasladados a los hospitales de la comunidad?

Esta clamorosa renuncia a su deber democrático de ejercer la oposición empaña gravemente cualquier concesión que pudieran haber arrancado los socialistas con la firma de este pacto. Pero es que además sucede que esas concesiones no han existido, ni siquiera aquellas que parecían mas obvias. Ya se ha señalado que no se blinda el mantenimiento de los consultorios rurales ni se renuncia a la reforma legislativa que despojará al grupo socialista de su actual derecho a vetar una imposición unilateral de los mapas rurales de la Ordenación Territorial. Y puestos a no renunciar a nada, la Junta advierte que el “regalo fiscal” de eliminar del Impuesto de Sucesiones simplemente se aplaza.

Un pacto desequilibrado, letal para la oposición

Por todo lo anterior, no se trata de un acuerdo equilibrado en el que no ha habido ganadores ni perdedores. Las renuncias asumidas por el PSOE de Tudanca lo convierten en un pacto altamente invalidante para la oposición (también para Podemos, cuyo responsable, Pablo Fernández, luego de ser completamente ninguneado en la negociación, asumía el papel de comparsa y perdía el culo para salir en la foto de un pacto que cierra la puerta a la comisión de investigación que venía enarbolando).

Hay dos claros ganadores. El primero Alfonso Fernández Mañueco, que, no solo elude su responsabilidad política en la gestión de la crisis de la covid19 en general y en las residencias de ancianos en particular, sino que ha visto realzada su figura política dentro y fuera de la comunidad como ejemplo de gobernante que apuesta por el diálogo y el consenso. El otro es Francisco Igea, que elude esa misma responsabilidad en cuanto que máximo responsable de la estrategia sanitaria, y no renuncia absolutamente a ninguna de las políticas que venía perpetrando antes de la pandemia.

Y un perdedor neto, Luis Tudanca, que, al abdicar de su deber democrático de ejercer la oposición, se ha hecho un flaco favor a sí mismo, a su partido y a la comunidad. Ha erosionado gravemente su credibilidad política y ha dejado muy tocada la alternativa de gobierno que hasta ahora representaba.

Author: Pedro Vicente

Periodista. Analista de la actualidad política de Castilla y León.

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