Posted By Opinion on 29, Sep, 2020

Verónica Casado.

Centrado el foco informativo en la Comunidad de Madrid, donde el precario gobierno que preside la patética Isabel Díaz Ayuso no se apea del burro ante el gravísimo repunte de la pandemia, la gestión de la crisis en el resto de España está quedando en un segundo plano. Y una cosa es que la crisis sanitaria y política desatada sobre Madrid sea un caso extremo y otra que en otras cuantas comunidades autónomas no sea preocupante, que lo es y mucho, singularmente en aquellas que, simplemente por ser limítrofes, mantienen un alto intercambio diario de viajeros con la metrópoli madrileña.

Hemos visto en días pasados al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, terciando en el pulso mantenido entre su homóloga y correligionaria madrileña y el gobierno socialista, pidiendo la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial de Salud, el foro común entre el ministerio de Sanidad y las 17 consejerías, con el fin de fijar criterios objetivos de actuación. Está muy bien que dicho consejo, que ya se reúne periódicamente, actualice su puesta en común ante una situación muy dinámica y cambiante, pero Mañueco sabe perfectamente que hay criterios básicos que no admiten discusión, sin ir más lejos los que han llevado a la Junta a confinar diversos municipios, entre ellos algunos tan importantes como Aranda de Duero, Miranda de Ebro y ahora Medina del Campo, o a adoptar medidas restrictivas en capitales como Valladolid, Salamanca y Palencia.

Una desescalada supeditada a criterios políticos

Desde que, allá a finales de junio se levantó el estado de alarma y con él se dio por culminada la desescalada, la cifra de muertos por covid en Castilla y León se ha incrementado en más de 300, aproximándose en estos momentos a los 5.800: cerca de 2.300 fallecidos en los hospitales, otros 1.760 en residencias de ancianos y otra cifra similar a esta última en domicilios particulares. El número de brotes activos en la comunidad se cifraba a fecha de ayer en 373 y se contabilizaban 174 aulas escolares puestas en cuarentena. De lo que se desprende que la incidencia de esta segunda oleada de la pandemia no está siendo cosa menor en Castilla y León.

Aunque no sea la única causa los expertos coinciden en que uno de factores que ha propiciado este fuerte rearme del virus radica en la precipitación con que se abordó en toda España el llamado proceso de desescalada. Y en ese punto procede recordar lo ocurrido en Castilla y León.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y su tutor y valedor, el vicepresidente Francisco Igea, proclamaron hasta la saciedad que el proceso se atendría a criterios estrictamente epidemiológicos. Y así fue en un principio, justo hasta que, viendo que éramos la comunidad más retrasada y sensible a las presiones de los agentes económicos, el presidente Mañueco se pasó por el forro cualquier otro criterio y anunció unilateralmente el salto de todo el territorio de la comunidad a la fase 1. Tan unilateralmente que tomó dicha decisión a espaldas de la consejera, quien públicamente expresó su “incomodidad” ante dicha imposición presidencial.

Un día antes de que Mañueco se pusiera por montera los requisitos defendidos por Igea y Casado, el secretario del comité de expertos constituido para asesorar a la Junta sobre el Covid-19, Ignacio Rosell, afirmaba que ninguna de las nueve capitales de provincia estaba cerca de cumplir los criterios. De hecho, de haberse mantenido los mismos, ninguna de ellas habría accedido en ese momento la fase 1. Y no fue el único episodio de la desescalada en el que la Junta actuó con criterios descaradamente políticos.

Con ocasión del salto de la fase 2 la fase 3, la consejería partió en dos el territorio de la comunidad y lo hizo sin contar con la anuencia del ministerio de Sanidad. La Junta pretendió saltar a la fase 3 tras permanecer solo una semana en la 2 y tan forzado era el acelerón que acabó dividiendo el mapa de Castilla y León en dos bloques, con cinco provincias por un lado y cuatro por otro, sin que ello se atuviera tampoco a criterios estrictamente epidemiológicos (recuérdese que utilizó como argumento el de “la proximidad a Madrid” para demorar el proceso en Ávila, Soria, Segovia y Salamanca).
Visto lo cual, no parece Mañueco el presidente autonómico con mayor autoridad para poner en cuestión la actuación del ministerio de Sanidad. Entretanto, venimos asistiendo al desmoronamiento del cacareado pacto para la “reconstrucción”, que el vicepresidente de la Junta da por cumplido o en vías de cumplir en un 94,1€, en tanto que PSOE y Podemos lo consideran manifiestamente incumplido en sus aspectos más fundamentales.

Tres meses después, cuando sigue sin saberse nada acerca del grupo de expertos constituido para abordar una reforma integral del sistema sanitario de la comunidad, se confirma que Igea y Casado persisten en imponer el Plan Aliste, esto es, en su propósito de dejar morir por inanición la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales de Castilla y León. Y encima pretenden que las Diputaciones provinciales les ayuden en ese desmantelamiento de la sanidad rural.

Nada se sabe tampoco acerca del nuevo modelo de atención residencial imprescindible tras constatar la manifiesta precariedad asistencial de las resdencias de ancianos, donde la pandemia se ha cobrado ya cerca de 2.700 vidas, y ni siquiera se ha dado a conocer aún el informe oficial de la Junta acerca de tamaño desastre, un pretendido sucedáneo de la investigación que debieran haber emprendido las Cortes si el PSOE de Luis Tudanca no hubiera decidido ponerse de perfil ante semejante tragedia.

Villarroel, la apuesta de Arrimadas

Marta Sanz

Entretanto, con la complacencia de Mañueco, el atribulado Igea insiste en torpedear el Diálogo Social, utilizando como ariete a la inefable consejera de Empleo, la amiga Ana Carlota, fielmente autorretratada como “la dama de las orquídeas”

Yo de Igea, Ana Carlota y demás altos cargos de la Junta que disfrutan de sus puestos por su adscripción original a Ciudadanos, estaría seriamente preocupado ante la composición de la nueva dirección autonómica designada por la cúpula estatal del partido. Ni Igea ni ningún otro cargo de la Junta figuran entre los 20 miembros que integran el nuevo Comité Autonómico naranja, al frente del cual se sitúa la leonesa Gemma Villarroel, quien no por casualidad entró en el comité ejecutivo nacional presidido por Inés Arrimadas. Con su designación como máxima responsable del partido en Castilla y León, Villarroel se constituye claramente en la apuesta de Arrimadas para encabezar el cartel electoral de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas. Y aquí me remito a lo que escrito en este mismo espacio a pasada semana.

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