Posted By Redacción on 16, Abr, 2020

La travesía de San Rafael soporta diariamente el paso de 1.700 vehículos.

Tibias reacciones en Segovia al establecimiento de noviembre del 2029 como fecha definitiva para la liberación de peajes en la AP-6 y las derivadas, la AP-61 a Segovia y la A-51 (Ávila). Desde el PSOE, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero se ha limitado a recordar que la concesión, que data de 1999, fue impulsada por un gobierno del PP, y que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado su compromiso de no ampliar los plazos de explotación.

Los parlamentarios del PP, por su parte, ha mostrado su extrañeza porque el anuncio gubernamental coincide “en un momento  donde todos estamos aunando esfuerzos para luchar contra el coronavirus, el Gobierno del PSOE y sus socios anuncien que la supresión de los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61 no se producirá hasta 2029”.

Recuerdan que reclamaron bonificaciones de peaje para todos aquellos que usen al menos dos veces al día la autopista, a semejanza del acuerdo con el Bloque Nacionalista Gallego que para el pacto de investidura consiguió implantar la medida en la AP-9. “Nosotros, los segovianos no somos de peor condición que los gallegos”, indican los parlamentarios del PP. También aboga por la bonificación el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, que anuncia movilizaciones de protesta.

En este sentido, los populares refieren a las reclamaciones y preguntas que formularon en sede parlamentaria después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmara en Segovia que se estudiaría precisamente implantar esas bonificaciones, aunque poco después fue el propio Gobierno el que desmintió al ministro.

Algo más subida de tono ha sido la respuesta a la medida en Ávila, donde tanto las asociaciones de empresarios como el alcalde, Jesús Manuel Sánchez, han reclamado medidas inmediatas para compensar con bonificaciones a los usuarios de la autopista.

Llevar la liberación de los peajes a 2029 no es otra cosa que optar por el acuerdo de mínimos ya establecido en la concesión, que limitaba en 1999 la explotación por 20 años, con la posibilidad de ampliar ese plazo en función del tráfico.  En Segovia, ni el PP, que efectivamente implantó el peaje, ni PSOE, que en otros territorios (caso de Galicia y Cataluña) sí que ha optado por adelantar el fin de los peajes, han querido hacer demasiada sangre del tema. Cabe recordar además que la concesión sobre la AP-6 expiraba en 2018, de hecho, la construcción de las conexiones a Ávila y Segovia, y un nuevo túnel en el Guadarrama, fueron las bazas que jugó Castellana de Autopistas para posponer la liberación de los túneles, uno de los peajes -sino el que más- más rentables de España. Una decisión, además, que obvió importantes trámites legales, como reconoció finalmente la justicia Europea

San Rafael: han optado por dilatar al máximo el peaje

Una protesta en la travesía de San Rafael.

Más al fondo de la cuestión han ido en San Rafael, localidad doblemente damnificada, por un lado por ser travesía de la única carretera alternativa libre de peaje (con los complicaciones aparejadas, entre otras, varios fallecidos por atropellos), y por otro porque no pocos vecinos deben pagar peaje a diario en razón de su trabajo en Madrid.  “El Gobierno decreta que tendremos peaje el máximo tiempo posible, al menos hasta 2029 (y puede que más), y no hasta 2024, opción legal que se tenía. Se tiene voluntad política para unas cosas, pero en este asunto siempre, sea el partido que sea, acaba por decantarse del lado de los mismos. Y con el agravante de premeditación y alevosía al hacerlo ahora en medio de la crisis del coronavirus”, explicaban a través de un comunicado en la Plataforma Solución Travesía de Ávila.

En la plataforma recuerdan que al otro lado de la sierra, en Guadarrama, hace 23 años que el ministerio de Fomento paga un peaje en sombra. “Todo ello es una demostración de cómo se ignora a la España vaciada, antes éramos Castilla la Vieja, ahora Castilla la Pobre”, dicen.

Por último alertan de que tampoco está claro que, por subterfugios, la concesión sobre la AP-6 se demore todavía más en el tiempo. “Nos preguntamos si verdaderamente será 2029 el año que se ponga fin a la concesión, o si por el contrario se sumarán 7 años más de concesión según el artículo 3 del vergonzoso RD 525/2012. Esos 7 años que precisamente se han restado por la sentencia del TJUE pero que luego se pueden (¿o deben?) volver a sacar en concesión. O lo que es lo mismo, dejar las cosas como estaban en la ilegal concesión de 1999 y llevar la concesión hasta 2036. ¿Y mientras San Rafael qué? ¿Tendremos que seguir ahogándonos en el tráfico y sumando muertos? Si esto es velar por los intereses generales, que nos pellizquen”, dicen.

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