El Grupo Municipal Socialista ha registrado este lunes una solicitud para que el alcalde José Mazarías convoque de forma urgente una Junta de Portavoces en la que explique a los grupos municipales la situación generada por la investigación judicial abierta contra la exconcejala del PP Rosalía Serrano. La petición llega después de que se haya conocido que la Fiscalía ha apreciado indicios de tres posibles delitos: tráfico de influencias, prevaricación administrativa y desobediencia.
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Los socialistas exigen que Mazarías informe sobre la documentación que el Ayuntamiento ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia y sobre las actuaciones que se han desarrollado desde el consistorio. El PSOE pide además que el secretario general del Ayuntamiento participe en la reunión para detallar las posibles consecuencias jurídicas y administrativas del caso, incluida la eventual devolución de cantidades percibidas indebidamente por Serrano.
El grupo socialista ha recordado que la exconcejala percibió una retribución anual cercana a los 54.000 euros como concejala con dedicación exclusiva al 100% desde enero de 2024 hasta su dimisión en octubre de 2025, mientras mantenía actividad vinculada a sociedades mercantiles del sector inmobiliario que no había declarado y que carecían de la preceptiva autorización de compatibilidad del Pleno. “Cualquier vecino entiende perfectamente que no se puede cobrar un sueldo público con dedicación exclusiva y al mismo tiempo mantener actividades privadas no autorizadas”, señalan los socialistas.
El PSOE carga directamente contra el alcalde por su actuación durante los meses previos a la dimisión de Serrano. “José Mazarías sostuvo públicamente que no había caso Rosalía Serrano. Hoy la realidad judicial desmonta completamente ese relato y obliga al alcalde a dar explicaciones”, afirma el grupo socialista, que recuerda que Mazarías “la amparó y la mantuvo en el Gobierno municipal hasta el final” sin llegar nunca a cesarla.
Dudas sobre la actuación urbanística
Además de las cuestiones políticas y penales, el PSOE reclama explicaciones sobre la vertiente urbanística del caso: las obras de 18 trasteros ejecutados sin licencia en el centro de Segovia por una sociedad vinculada a Serrano. Los socialistas quieren saber por qué no se impulsó un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística más contundente, por qué nunca se impuso una sanción y, en particular, por qué el expediente municipal se dirigió contra la empresa constructora como representante y no directamente contra las sociedades propietarias vinculadas a la exconcejala. “Queremos saber quién tomó esas decisiones y si existieron decisiones políticas internas que nunca se han explicado públicamente”, señalan.
Los socialistas han subrayado que el origen del procedimiento judicial no es una querella de partido, sino la actuación de la propia Fiscalía tras analizar la documentación que el PSOE le trasladó. “El tiempo ha demostrado que el PSOE estaba haciendo su trabajo de fiscalización y control. Lo que algunos intentaron presentar como una polémica artificial ha terminado derivando en una investigación judicial abierta”, concluyen.












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