La derecha siempre genera polémicas artificiales, cuando se pretende poner freno a ciertos manejos de algunos que les sustentan. Nunca ponen el grito en el cielo para defender un servicio público o a sus trabajadores, ahora bien, esta semana para hablar de universidades privadas, con total vehemencia. Eso del adoctrinamiento, vaya, vaya, lo que les importa.
Honestamente creo que la universidad es la mayor herramienta de progreso social y debe ser protegida de intentos mercantilistas que la degraden y la utilicen para otros fines. Sin duda a los que provenimos de la clase trabajadora y somos orgullosos alumnos de la universidad pública, y además nuestros hijos siguen la senda, pocos ejemplos nos pueden ofrecer del ascensor social que supone y del valor que tiene el sistema público junto con el sistema de becas. Es una herramienta de igualdad de oportunidades evidente.
Según lo que leo por aquí, observo cierto nerviosismo o exageración en la derecha. Por eso, siempre es necesario utilizar el respeto a cualquier trabajador del sector de la enseñanza, independientemente quien sea su pagador, como actores imprescindibles para educar a nuestros hijos. Ahora bien, utilizar ejemplos de alumnos que estudian en la privada como argumento de sus maravillosos argumentarios, no deja de ser chocante o para buscar cierta polémica. Humildemente les pido: “no utilices lo público en vano”, algo más de respeto es necesario, aunque viendo los escaños del congreso, cuando los diputados de las derechas que se forman mayoritariamente en la universidad privada, simulan las acciones violentas de algunos animales al aire libre, golpeando sin freno su entorno, me hace pensar el valor real y amplio del término educación.
También afirmo que existen universidades privadas de mucha calidad, y no debe ser puesto en tela de juicio, pero sin lugar a duda existen “chiringuitos” que no reúnen los requisitos mínimos de calidad y solvencia, y que además manchan el buen nombre de la universidad española.
La decisión del Consejo de Ministros de modificar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, no es para limitar la aparición de universidades privadas, constitucionalmente reconocidas. Lo que sí se debe asegurar es que todas las propuestas de nuevas universidades presenten un programa docente e investigador con la calidad suficiente y homologable al resto del sistema universitario español en su conjunto. Es una decisión que parte del trabajo conjunto con la Conferencia de Rectores a través de las Universidades públicas: Jaume I, Zaragoza, Carlos III, Pablo de Olavide y las privadas: CEU San Pablo y Ramón Llull.
Entra dentro de la lógica que para crear un nuevo centro universitario sea necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente. Y adecuado es que se exija experiencia en gestión universitaria a sus promotores.
Y nadie puede discutir que las universidades virtuales (con más del 80% de su docencia bajo modelo virtual) sean consideradas universidades de especiales características, al tener su ámbito territorial de actuación en todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.
Para evitar otras cuestiones la futura norma plantea que se debe exigir una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio, en estos nuevos centros. Y además se exigirán que oferten tres programas de doctorado en vez de dos como hasta ahora, y será preciso que en la oferta de Grados, Máster y Doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.
Interesante es que se indique que la exigencia ya establecida en la anterior normativa de destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes del 2% del presupuesto anual de la universidad. Esa apuesta por la ciencia y la investigación es de capital importancia para demostrar calidad y compromiso.
El refuerzo de las garantías de solvencia económica del proyecto, con un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar los proyectos privados, es la mejor constancia de que las intenciones van en la línea sensata.
Pensando en los alumnos, las universidades de nueva creación tendrán que disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas educativas ofrecidas.
El plazo de adaptación a los nuevos requisitos será de hasta 3 años para las universidades que ya estén realizando ya su actividad y de hasta 4 años paralas que estén pendientes de autorización para el inicio de su actividad académica.
Pero permítanme que brevemente traslade mi preocupación ante la decisión de Trump, de imponer aranceles a diestro y siniestro, que ya repercute negativamente en los mercados bursátiles y en la economía mundial. Sin duda la autarquía egoísta empequeñece la economía mundial y siempre el intercambio y la solidaridad hace crecer nuestra sociedad. La respuesta del gobierno del Presidente Sánchez, de la UE, no se ha dilatado y con firmeza han aprobado un paquete de más de 14.100 millones de euros para ayudar y proteger a las empresas y al empleo, que podría verse afectado. Es una respuesta para parar el golpe, relanzar las relaciones comerciales y proteger a nuestra economía. Y ya hemos comprobado como la ultraderecha de Abascal, ha dejado tirado a todos los españoles, para adorar a su ídolo Trump.
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