El Plan especial de las áreas históricas, Peahis, vuelve a ponerse en tela de juicio. Al menos sus organismos y la forma de aplicar su desarrollo. El colegio de Arquitectos de Segovia ha presentado un recurso cuestionando la formación de un comité de seguimiento que creen que puede actuar más como un “órgano de control político” que de carácter técnico y que además, en lugar de agilizar la concesión de licencias conseguiría el efecto contrario, retrasándolas.
La alegación, que se produce después de que el Ayuntamiento rechazara incorporar a la comisión a un miembro de la directiva de la organización colegial, cuestiona un organismo que, afirman, está formado por jefes de servicio “de confianza” de los políticos con formación jurídica y no técnica y personal designado libremente por los políticos.
Los arquitectos tienen una postura de oposición frontal a un órgano al que se otorga carácter vinculante en sus decisiones, algo que creen que carece de base legal, además de acabar con una de las ventajas más celebradas del Peahis, la eliminación de tutelas más allá de los informes de los técnicos municipales que ahora volverían a entrar en el proceso a través del comité y los “criterios subjetivos” de sus integrantes que son mayoritariamente “técnicos que carecen de formación académica necesaria”.
La formación del comité de seguimiento recibió la aprobación del pleno municipal el 27 de diciembre, mientras que los integrantes fueron designados oficialmente a través de un decreto del 17 de abril. Los arquitectos solicitaron estar representados en la comisión con un miembro de su Junta directiva aunque el Ayuntamiento rechazó la petición en junio motivando el recurso que ha presentado ahora el colegio y que ha provocado un nuevo terremoto en Urbanismo y su entorno.
De hecho, en el Área municipal se ha evitado la respuesta “en caliente” pese a la sorpresa que ha causado el movimiento de los arquitectos y se toman su tiempo para responder a los arquitectos, se espera que esta semana.
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Si hay reacciones en el seno de los grupos de la oposición a los que esta alegación parece haber pillado también con el pie cambiado evidenciando cierto desconocimiento de un organismo que ha echado a andar sin demasiada fiscalización de los grupos políticos, que ni siquiera conocen a sus integrantes pese a haber sido nombrados por decreto.
Los populares reconocen que votaron a favor de la creación de la comisión pero cuestionan ahora que las decisiones del organismo sean vinculantes, mientras que Ciudadanos ha reclamado el listado de nombres que la componen y “los méritos con los que cuentan para haber sido seleccionados para tal fin”, según se lee en una nota de la formación naranja. En Podemos se habla de prudencia mientras se pide tiempo para estudiar la situación y conocer la composición y capacidad real del comité.
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