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Fiscalía no ve delito en ninguna de las causas abiertas sobre Caja Segovia

La fiscalía de Segovia no aprecia delito ni en el caso de las Prejuibilaciones, ni tampoco en el de la constitución de la hipoteca del Torreón de Lozoya. El fiscal jefe de la audiencia de Segovia, Antonio Silva, compareció el lunes 28 en rueda de prensa para informar que ha remitido sendos escritos a los jueces instructores de ambos casos, el del número 2 (Prejubilaciones) y el del número 5 (Torreón). En el primer caso la fiscalía se suma al criterio del juez y pide el archivo de la causa. En el segundo solicita el sobreseimiento provisional, es decir, no ve indicios de culpabilidad de ninguno de los 17 miembros del consejo de administración imputados: al decir de la fiscalía ni Atilano Soto, ni Agudiez, ni el resto de miembros del consejo (en los que se incluyen políticos del PP y del PSOE como Miguel Ángel de Vicente, actual vicepresidente de la Diputación, o los diputados portavoces del PP y del PSOE, José Luis Sanz Merino o Jesus Yubero) cometieron delito alguno. Eso sí, el sobresimiento provisional implica que no se cierra la puerta a la presentación de ulteriores demandas que pudieran derivarse del caso.

Sobre el caso del Torreón, la fiscalía ha difundido el auto que insta al juez a dar carpetazo a la causa (descarga en el enlace)

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Antonio Silva y Pilar Orleta. Bajo estas líneas, la fiscal Pilar Lajo Infante.

El fiscal jefe, Antonio Silva, sabe de sobras que la opinión pública segoviana no iba a encajar de buen grado que la acusación pública renuncie a presentar cargos contra Atilano Soto y los directivos y consejeros de Caja Segovia, en el que ha sido el caso más sonado de supuesta corrupción política y financiera en Segovia. Por eso recordó que “nosotros no valoramos éticamente, aquí el análisis de las conductas es jurídico y penal. Por decirlo así, tenemos un doble rasero, como ciudadanos los vemos de una manera, como fiscales debemos atenernos al cumplimento o incumplimiento de la ley”, dijo.

Más. La acusación pública ha corrido a cuenta de la fiscal Pilar Orleta, que compareció junto a Silva, en el caso de las prejubilaciones. Pilar Lajo ha sido la fiscal encargada del caso Torreón. Conocidos ambos informes abogando por el archivo de los dos casos, Silva convocó junta de fiscales, que sólo se reúnen de pascuas a ramos, para solicitar su opinión sobre la solución dada por la fiscalía a los casos Caja Segovia. Los 9 fiscales de la audiencia aprobaron por unanimidad el 22 de junio que no hay caso.

Caso prejubilaciones: el Banco de España no encontró irregularidades

En el caso de las prejubilaciones, el 871/2011, la fiscalía hace suyo el criterio del juez instructor, que recientemente daba carpetazo al asunto. El ministerio público no recurrirá la decisión y coincide en “sobreseimiento y archivo”. El caso está medio muerto, pues aunque IU, única acusación particular que sigue (UPyD, que abrió el caso, lo dejó por falta de dinero), ha anunciado su decisión de recurrir, la fiscalía mostró su convencimiento de que “no prosperará”.

Recordemos que se investigaba la autorización añadida al sistema general de prejubilaciones voluntarias para los empleados de la Caja, en enero de 2006, de un sistema especial de prejubilación específico para los miembros del comité de dirección modificado en 2008 y en diciembre de 2010, al que se sumaron seis de sus miembros En total, la acusación cifraba en 34 millones las cantidades aportadas a última hora a las pólizas y planes de pensiones de diversos miembros del núcleo de dirección. Una jubilación de oro.

La aprobación de este sustancial incremento apuntaba a un presunto delito de administración desleal y de apropiación indebida por parte de comité de retribuciones, compuesto por Atilano Soto, el vicepresidente primero del consejo y vocal del comité , Manuel Agudiez, a la vicepresidenta segunda del consejo y secretaria del mismo comité, Elena García Gil, el director general, Manuel Escribano, al secretario general, Antonio Tapias y al director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.

Para la fiscal “no concurren los elementos subjetivos ni objetivos para abrir juicio. No conocemos los tipos necesarios para hablar de conducta delictiva”. Se ampara en tres argumentos jurídicos, que en todo momento el Banco de España supervisó los acuerdos de Caja Segovia sin encontrar irregularidades, tampoco detectó anomalías el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, mecanismo del Banco de España para financiar las prejubilaciones de las entidades en proceso de fusión), y por último y más importante: “Hasta 2011 no se desarrolló una normativa concreta que se aplicase a estos casos”.

En otras palabras, fue una “merienda de negros”, o por mejor decir de caudales públicos, bendecida por el Banco de España, pero que se hizo con todas las de ley. Tras cinco años de pleitos y once tomos de documentación el fiscal coincide con el juez, Soto es inocente.  Desde el ministerio público no se recurrirá el archivo del caso.

Caso Torreón de Lozoya: los consejeros creían que era “el mal menor”

FiscalLAjoSi el caso de las prejubilaciones está bastante claro, no había leyes -ni intención de que las hubiera- que controlasen lo que hacían los consejos siempre que los números macro encajasen, la causa 99/1013, la de la constitución de la hipoteca del Torreón de Lozoya y que dejó en la ruina a la entidad encargada de continuar con una parte de la obra social, es bastante más compleja (16 tomos de documentación). En este caso se imputaba por un supuesto delito de administración desleal y además del presidente, Atilano Soto y el director, Fernando Tapias,  a los consejeros que aceptaron la constitución de la hipoteca, entre los que se encuentra el vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y los diputados provinciales, José Luis Sanz Merino y Jesús Manuel Yubero, además de José Pablo Lozoya, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Fernando Acebes, Juan Ignacio Antón, María Concepción Monte, Alfredo Velasco y Antonio Jesús Rodríguez Belloso.

Un juez instructor tiene tres opciones al concluir una investigación: el archivo, la apertura de juicio o las “diligencias previas”. En este caso, el número 5 de Segovia optó por la tercera opción que supone pedir a las partes, acusación privada, defensa y acusación pública que expongan su punto de vista.

Y así lo ha hecho la fiscalía, estimando que no hay pruebas de administración desleal se posiciona por el sobreseimiento “provisional”. Un matiz importante, por cuanto no cierra del todo la puerta a que, posteriormente, se deriven acciones civiles contra Bankia (pero no penales, al ser una entidad jurídica).

¿Qué pasa ahora? Que el informe de fiscalía se añadirá al de defensores y acusación particular y el juez determinará si abre juicio o le da carpetazo.

De todas formas, el escrito de 10 páginas de la fiscal es un duro obstáculo para continuar con el caso. La fiscal entiende que no hubo delito por cuanto para que lo hubiera tenía que haber o “administración desleal” o “un lucro a beneficio propio o de un tercero”.

En el escrito la fiscal, Pilar Lajo, no entra en si la deuda a Hacienda de la empresa participada por Caja Segovia y generadora del pufo que suscitó la hipoteca debía o no debía ser asumida por la entidad segoviana. Reconoce que había tres informes, uno según el cual la deuda recaía en Bankia, frente a dos que estimaban que era de Caja Segovia, pero explica que la hipoteca se constituyó como un “mal menor”, es decir, que los consejeros sabían perfectamente que la atribución a la Caja de la deuda era “dudosa”, pero que la aceptaron por estimar que libraban a la entidad de perjuicios mayores. A grandes rasgos, el escenario planteado por los negociadores con la Agencia Tributaria decía que o bien Caja Segovia aceptaba de inmediato pagar 6,8 millones a Hacienda, o bien se corría el riesgo de que la deuda pasara a 40 millones de euros y otros 24 de intereses, con cargo a los bienes de la Caja y subsidiariamente al de los administradores de Navicoas (Agudíez y Varas). Se optó por lo primero, y la fiscal considera que la decisión no puede calificarse como una “administración desleal”.

Queda averiguar si hubo beneficio propio o  a terceros. Como se recordará, las acusaciones particulares se abonan a la tesis de que la hipoteca se realizó para librar de una responsabilidad civil subsidiaria a quienes habían sido administradores de la sociedad generadora de la deuda, Navicoas. “No ha quedado acreditado que en la adopción del acuerdo del pago de la deuda tuviera como finalidad fundamental el beneficio de una sociedad u otra (en referencia a Navicoas y a Bankia), sino… para evitar unas consecuencias negativas mayores a Caja Segovia”, reza el informe de la fiscal.

 

 

Author: Redacción

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