web analytics

El juez archiva la causa de las retribuciones de Caja Segovia

El juez titular del número 2 de Segovia, Roberto Niño, ha dictado un auto en el que ordena el archivo de las investigaciones que se siguen en ese Juzgado por las altas retribuciones y prejubilaciones que se fijaron para exdirectivos de la Caja. El juez declara los presuntos delitos investigados “penalmente atípicos” por lo que resuelve el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias. El auto, que se puede recurrir por las partes personadas, rechaza practicar diferentes pruebas que habían solicitado las acusaciones al considerarlas “innecesarias”.
Atilanos Soto reclama suedos y extras atrasados, además de una indemnización.

El que fuera presidente de la Caja, Atilano Soto.

“Del análisis racional del resultado material obtenido con la totalidad de las diligencias de investigación practicadas, no cabe sino concluir, con carácter indiciario y a los solos efectos de la presente resolución, que los hechos que han sido objeto de esta investigación resultan penalmente atípicos, es decir, los delitos denunciados e investigados no se cometieron, por lo que ha de acordarse el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las presentes diligencias”.

Son las conclusiones del juez Roberto Niño tras casi cinco años de investigación sobre las retribuciones que se fijaron para media docena de directivos de Caja Segovia a partir de la denuncia que formulara UPyD contra los miembros del consejo de dirección y los consejeros de la Caja y que obligó a prestar declaración como investigados al presidente del consejo de administración y del comité de Retribuciones entre 2006 y 2010, Atilano Soto, al vicepresidente primero del consejo y vocal del comité de Retribuciones, Manuel Agudiez, a la vicepresidenta segunda del consejo y secretaria del mismo comité, Elena García Gil, el director general, Manuel Escribano, al secretario general, Antonio Tapias y al director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.

Uno de los directivos investigados acude al Juzgado a declarar.

Uno de los directivos investigados acude al Juzgado a declarar.

La ausencia, en aquel momento, de limitaciones legales a las cuantías de las retribuciones para los altos cargos, la aprobación por los organismos internos y externos de la Caja al plan destinado a establecer la prejubilación de directivos y la solvencia y buenos resultados de la entidad de ahorro en aquellos años basan la decisión judicial que concluye que “analizadas pormenorizadamente todas y cada una de las diligencias de investigación practicadas en esta causa, prima facie [a primera vista], no cabe sino colegir que ninguno de los investigados, ni de forma individual ni colegiada, ha causado dolosamente, y con abuso de las funciones propias de su cargo, un perjuicio económicamente evaluable para la entidad o para los socios de ésta”.

El juez matiza en el auto que las actividades de la investigación se han circunscrito estrictamente a los indicios de los delitos de administración desleal y de apropiación indebida y concluye que “ninguna de las diligencias de investigación realizadas en este procedimiento permiten acreditar la concurrencia indiciaria de los elementos, objetivos y subjetivos, de los tipos penales transcritos”.

Junto al sistema general de prejubilaciones voluntarias para los empleados de la Caja, el Consejo de administración aprobó en enero de 2006 un sistema especial de prejubilación voluntaria específico para los miembros del comité de dirección modificado en 2008 y en diciembre de 2010, al que se sumaron seis de sus miembros: Juan Magaña, director de Sistemas y Marketing, Manuel Escribano, director general; Juan-Antonio Folgado, director de Planificación y Estudios, en marzo de 2011; D. Miguel-Ángel Sánchez Plaza, director general (en sustitución de Escribano); Enrique Quintanilla, director de Recursos Humanos; y Antonio-Luis Tapias Domínguez, director (tras Sánchez Plaza) y secretario general.

El magistrado se apoya en las distintas pruebas practicadas en este tiempo, especialmente en un informe del Banco de España de 2012, para subrayar que cuando se acordaron esos sistemas de retribución no existía aún una normativa jurídica que limitara las cuantías de las retribuciones a directivos, que las decisiones pasaron el preceptivo control de todos los órganos internos de la Caja —consejo de administración, comisión de control y asamblea general— y otros externos como el Banco de España y la Consejería de Economía de la Junta.

Además, se apunta que la entidad, tal como reflejaron sendas auditorías, era rentable y arrojaba beneficios cuando se fijaron las cuantías por lo que se cumplió también el precepto —que, por fecha de su entrada en vigor afectaría a la mitad de los directivos referidos— de que los pagos a los directivos acogidos a un plan de prejubilación voluntaria “se han de establecer de forma que no recompensen malos resultados”.

Rechazo a las peticiones de nuevas investigaciones.

Tras años de investigaciones, en el auto se recuerda que las diligencias previas de procedimiento abreviado “deben comprender únicamente las diligencias de investigación indispensables para averiguar los hechos que indiciariamente tienen relevancia penal y determinar las personas que hayan podido participar”, por lo que el juez considera “innecesarias” más diligencias de investigación “en particular las que habían sido solicitadas por las partes acusadoras”.

La referencia alude a las pruebas pedidas por la Confederación Intersticial de Cajas (CIC) en julio de 2014; por el partido político, UPyD, en febrero de 2015 y por la Fundación Caja Segovia, hace ahora un año, que el juez cree que ya no son necesarias y que “no haría sino dilatar injustamente la tramitación y conclusión de una investigación judicial que dura ya casi cinco años”.

La resolución no es firme y admite recurso de reforma ante el mismo juzgado en los próximos tres días y recurso de apelación ante la Audiencia provincial en el plazo de cinco días hábiles. Cabe recordar que en febrero de 2012, el juez también ordenó el archivo de la causa, aunque los recursos de la Fiscalía y de UPyD ante la Audiencia desembocaron en la reapertura del caso.

Author: Redacción

Acueducto2 es gratis. Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos difundiendo nuestros noticias, pinchando en la publicidad de tu interés y compartiendo nuestras noticias por Whatsapp y redes sociales. Gracias.

Share This Post On

8 Comments

  1. Todo atado y bien atado… y bien montado. Qué razón tiene el refranero castellano: el muerto al hoyo (o al ‘banco malo’) y el vivo al bollo (provisiones de planes de pensión, EREs, preacuerdos laborales…)

    Post a Reply
  2. Que un juez lo interprete conforme a la ley no quiere decir que los ciudadanos tengamos que considerarlo legítimo conforme a la ética. Se trata de la prejubilación de ocho directivos, tras el desmoronamiento de ‘Cajasegovia’ (la Caja de Ahorros de Segovia), que coincide con su gestión, por un total de 34 millones de euros, la mitad en planes de pensiones y la mitad en pólizas de seguros, que previamente habían pactado ellos mismos. Las indemnizaciones ‘estratosféricas’ y la forma de obtenerlas son un agravio comparativo para todos los trabajadores. Máxime cuando el asunto desemboca en BANKIA que ha tenido que ser rescatada por el estado y nacionalizada.

    Post a Reply
    • Nunca mejor dicho 😉 sí señor

      Post a Reply
  3. El Sr Atilano Soto Rabanos, en el Norte de hoy, en un artículo que no tiene desperdicio, en vez de seguir calladito por dignidad, dice que “perdona pero no sabe si olvidara”, “mi pasión es el silencio y la paz que me he prometido a mi mismo” Con que cara mirara a sus antiguos empleados, la mayoria de ellos con la espada de damocles sobre su cabeza y aún seguira la remodelacion y cierres de Bankias por mucho tiempo, defenestrados,ninguneados,desplazados y en el mejor de los casos prejubialdos, no como ellos claro, y tantos en la calle, como se puede prometer a uno mismo la paz Que catadura moral tienen estos individuos cuando saben de sobra todos ellos lo que han hecho, Manuel Agudiez, Manuel Escribano, Elena Garcia Gil, Antonio Tapias, Enrique Quintanilla y Atilano Soto Rabanos, se subieron a dedazo sus sueldos y sus prejubilaciones millonarias, que para si hubieran querido los empleados de la extinta Caja Segovia. No fuero capaces de dejar de mirarse el ombligo para crear una Caja en Castilla y Leon, realizaron una huida hacia delante con Caja Madrid y el resultado ahi sigue.
    Mención aparte merece la asignatura pèndiente de nuestro pais, el poder judicial, corramos un tupido velo, ya estan en solfa otra vez los jueces metidos a politicos y los politicos metidos a jueces, para cuando un ley que regule esto, les ocurre tambien lo mismo, moralmente todos saben de sobra donde esta el limite pero……….

    Post a Reply
    • No te voy a insultar xq ni siquiera lo mereces. Ante la histeria colectiva es difícil razonar y debatir, aunque dicho estado provenga de elementos de susceptible justificación…pero el rigor es el rigor y hay q ponerlo encima de la mesa y que quede claro. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA SEGOVIA QUE ES EN GRAN PARTE A QUIEN SE JUZGABA EN ESTE CASO NO SON LOS RECEPTORES DE ESAS PREJUBILACIONES NI PÓLIZAS DE SEGURO, NI SIQUIERA TENÍAN SUELDO!!!! Es el problema de ni siquiera saber la diferencia entre Consejo de Administración y Consejo de Dirección. Fueron estos últimos los receptores y son (eran) trabajadores de la caja, es decir, técnicos, expertos y profesionales del sector de la banca, no cargos políticos!!!!

      Post a Reply
      • Tiene razón Ernesto, los ¡¡¡políticos!!! sólo cobraban unas míseras dietas por ir un par de horas a una reunión que eran más o menos el Salario Base de un curritos a 8 o más horas diarias. ¡Pobres!, de vez en cuando se pegaban un viaje de una semana por Europa o saltaban el charco para recibir una conferencia magistral de una hora, no sabemos si muy productiva pues no se enteraban de nada en los Consejos d Administración. ¡¡¡Buen provecho!!! y sin insultar, que me ha salido del alma.

        Post a Reply
        • Esos mismos que dejaron beneficios en Caja Segovia durante los últimos 15 años, solo 324 millones que en una parte han ido a llevar a cabo la obra social . Yo si me quejaría por haber abandonado la Caja en un grupo que no nos
          Interesaba para nada!!!! Pero q la gente aplaudía porque los políticos no tenían q estar en las cajas, ni los trabajadores, ni los representantes sindicales, ni los empresarios, ni personas de reconocido prestigio…Y nadie salió a quejarse. Ese fue el drama, bien visto x todo el mundo y ahora a buscar chivos expiatorios.

          Post a Reply
  4. Una parte a la Obra Social (para eso eran, en parte las Cajas, beneficio social) y la mayor parte a provisionar prejubilaciones e indennizaciones a ‘tutiplén’ que ya se preveía la desaparición y había que montárselo bien montado… y todos contentos, directivos, personal, sindicatos, partidos y la ‘madelón’. Sansacabó, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. que dicen por aquí.

    Post a Reply

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *