Posted By Redacción on 7, Jun, 2016

La investigación judicial del caso Navicoas se acerca a su final y el juez apunta en un auto fechado el pasado 30 de mayo que hay indicios suficientes para abrir causa oral contra los integrantes del consejo de administración, además del presidente y el director de la entidad, que en marzo de 2012 dieron el visto bueno a la propuesta de asumir una deuda tributaria que la empresa participada por Caja Segovia contrajo en 2007, para cuyo pago se contrató un crédito de 6,8 millones con el aval hipotecario del Torreón de Lozoya.

El juez detecta indicios de delito de administración desleal en el grupo por su decisión “apresurada y sin la información contrastada suficiente más allá de la facilitada por Bankia S.A., por la que asumieron la obligación de abono de una deuda tributaria por importe de 6.864.611,04 euros que no era de Caja Segovia y que el acreedor (la Agencia Tributaria) no le había exigido, para lo cual hubo de concertar un préstamo bancario e hipotecar bienes integrados en su patrimonio, algunos de emblemáticos como el Torreón de Lozoya, a sabiendas de que el futuro inmediato iba a ser su desaparición como entidad de crédito y que la devolución del préstamo se iba a hacer dificultosa”, según se refleja en los fundamentos del auto.

El juez da por probado que los consejeros dieron su visto bueno a los preparativos del crédito en su reunión de marzo de 2012 en base al acta escrita que hay de aquel encuentro, mientras que reconoce que no se llegó a levantar acta de la posterior y definitiva reunión celebrada en julio, dos días antes de la extinción de la Caja y que en el audio de esa reunión no consta que el consejo aprobara el crédito. No obstante, recuerda que el secretario del organismo, Miguel Ángel de Vicente, sí rubricó un certificado que refleja la aprobación unánime de los consejeros para delegar al presidente, Atilano Soto, para formalizar el crédito en el que el Torreón se constituyó en aval.

Aunque el magistrado mantiene la acusación general para el grupo al completo, matiza que durante el proceso “o, en su caso, finalmente en la sentencia que pueda dictarse como consecuencia del enjuiciamiento de los hechos”, se deberán individualizar las responsabilidades de cada uno de los miembros del consejo, ya que de la investigación “se trasluce la participación activa y plenamente consciente de algunos de los consejeros, y la meramente pasiva y menos consciente de otros”. Del mismo modo, en el auto no se descarta derivar responsabilidades civiles sobre Bankia como partícipe a título lucrativo, y sobre la entidad aseguradora, Caser.

Un grupo de personas protesta ante el juzgado en una de las jornadas de declaraciones por el caso del Torreón.

Además del presidente, Atilano Soto y el director, Fernando Tapias, el juez responsabiliza de la decisión a los consejeros, entre los que se encuentra el vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y los diputados provinciales, José Luis Sanz Merino y Jesús Manuel Yubero, además de José Pablo Lozoya, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Fernando Acebes, Juan Ignacio Antón, María Concepción Monte, Alfredo Velasco y Antonio Jesús Rodríguez Belloso. Varios de estos consejeros ya han anunciado que impugnarán el auto.

Por el contrario, exime de responsabilidades y deja fuera del caso al presidente de los empresarios segovianos (Fes), Pedro Palomo y a Manuel Berzal, que no asistieron a la reunión del consejo de marzo de 2012, en el que se conoció la situación y también a Juan José Martín y Ana María Valiente, que se incorporaron al consejo en su última reunión, el 17 de julio de 2012.

Centrados en Segovia pide dimisiones.

La emisión del auto judicial ha generado la inmediata reacción de Centrados en Segovia, exigiendo la dimisión inmediata de los actuales diputados provinciales incluidos en el grupo de consejeros señalados por el juez, los populares, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, así como el socialista, Jesús Manuel Yubero “ante la más que previsible apertura de juicio oral”.

Del mismo modo, exigen responsabilidades al PSOE por la actuación de sus representantes en Navicoas y y en el consejo de la Caja, en referencia a Manuel Agudíez, “destacado militante y actor principal del embargo del Torreón”.

Centrados en Segovia pide al fiscal y a las acusaciones particulares que se posicionen ante el requerimiento del juez solicitando la apertura de juicio oral y formulando escrito de acusación.

Historia de un pago que nadie reclamaba a la Caja.

En los antecedentes de hecho del auto, el juez Martínez Puras hace un extenso repaso de los condicionantes que rodean al “caso Navicoas” que inicia explicando el proceso de integración de Caja Segovia y otras seis entidades y la posterior cesión de todo su negocio bancario al Banco Financiero de Ahorro (BFA) con la excepción de su marca, los activos y pasivos de la Obra Social y activos inmobiliarios con valor cultural o histórico (como el Torreón de Lozoya). “Estas excepciones no afectan a las acciones de Navicoas Asturias, participada por la Caja al 50% (…) que quedaron comprendidas en el ámbito de la segregación”. Caja Segovia perdió en 2012 su participación directa en el BFA, e indirecta en Bankia en 2012, cuando la Caja se transformó por imposición legal en fundación de carácter especial.

El presidente de la Caja, Atilano Soto, cuando acudió a declarar ante el juez.

También se refiere el juez a la relación de Caja Segovia con la sociedad Navicoas, formada en 2006 de la que la Caja era accionista al 50%, mientras otro 45% era de la familia Cosmen y el resto de otros accionistas menores. Navicoas era a su vez propietario de otra empresa, Rubiera Prefabricados para la edificación, de la que se derivan —por la cesión de unas fincas que se iban a destinar a edificios de pisos— las deudas tributarias por impagos del Impuesto de Sociedades y el IVA de 2007 que investigó la Agencia Tributaria.

El juez destaca que en el expediente de inspección se establecieron conversaciones con varios actores y también con la asesoría jurídica y fiscal de Bankia  “que tuvo una intervención activa en todo el expediente de inspección” y afirma que “esa entidad ya era titular de las acciones de Navicoas Asturias en virtud de los contratos de integración y segregación”. En aquella inspección se barajaron varias fórmulas de solución del expediente, aunque a principios de 2012 “y con la intervención de todos los interesados, incluida la entidad Bankia, pero sin intervención alguna de Caja Segovia” se optó por aceptar el acta de inspección con acuerdo por 6.864.611,04 euros.

Martínez Puras afirma que a partir de la asunción del acta con acuerdo, desde la asesoría de Bankia, utilizando como interlocutor a Javier Varas —exdirector de riesgos de la Caja y en ese momento, ya empleado de Bankia— se comunicó la contingencia al presidente y el director de la Caja, Atilano Soto y Fernando Tapias con la advertencia de que la deuda podría derivarse a la entidad segoviana y a sus representantes en el consejo de Navicoas, Óscar Varas y Manuel Agudíez, “con la posibilidad de sufrir un grave perjuicio patrimonial” entre 30 ó 40 millones si no se aceptaba el acta con acuerdo. El juez subraya que el consejo de la Caja fue informado de la situación aquel 27 de febrero.

Respecto a la participación de los consejeros en la decisión de hipotecar el Torreón, en los fundamentos se recuerda que el 26 de febrero de 2012 se reunió el consejo con un único punto del orden del día: “Informe del presidente: Solicitud de financiación excepcional para resolver el asunto Navicoas”, un encuentro en el que Soto y Tapias propusieron que la Caja “soportara como mal menor y con reserva de acciones ante todos los agentes intervinientes la deuda” y pedir financiación a Bankia con un crédito a 10 años con cinco de carencia, con el euribor más 100 puntos básicos como interés y la garantía personal de Caja Segovia u otras que estimara el BFA “incluso hipotecarias”. De acuerdo con el juez y en base al acta de la reunión, los consejeros aprobaron la propuesta y dejaron manos libres a Soto y Tapias para formalizar la operación.

No existe acta, aunque sí una grabación del audio, de la siguiente reunión, el 17 de julio de 2012,   la última antes de convertirse en Fundación, en la que se informó de los detalles finales de la operación —que se iba a firmar dos días después— aunque “no consta en la grabación que se sometiese al asentimiento del Consejo, y mucho menos a su aprobación expresa por unanimidad, la concertación del préstamo en las condiciones finales en las que se firmó”, reconoce el magistrado, que sin embargo recuerda que en la escritura del préstamo se incorporó el certificado emitido por el secretario del consejo, Miguel Ángel de Vicente, en el que se afirma que sí hubo unanimidad para delegar a Atilano Soto para la firma de los documentos en las condiciones ya apuntadas.

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