La Diputación de Segovia ha andado lista para amarrar los remanentes presupuestarios de 2019 y en un pleno extraordinario aprobaba el 1 de septiembre el preceptivo expediente de modificación presupuestaria por más de seis millones de euros y que se destinarán a reforzar las diferentes partidas. Por señalar las más cuantiosas, y además de 2M€ destinados a amortización de deuda, 560.000€ para inversiones en abastecimiento de agua, 450.000 a pavimentaciones, y un rosario de partidas menores que, de un modo u otro, van para pagar los gastos inducidos por el covid19.
Para entenderlo hay que remontarse, una vez más, a la ley de estabilidad presupuestaria, la ley Montoro. Inicialmente, en 2013, solo permitía destinar los superávits presupuestarios a amortización de deuda. Fue un mecanismo esencial que, si bien introducía severas limitaciones a la autonomía municipal, puso en vereda la deuda de las administraciones locales. Con tal éxito que algunos años después se suavizaba la ley incorporando la posibilidad cargar a los remanentes las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Desde entonces ha sido una constante en toda la administración local con remanentes (no todas tienen) reforzar los presupuestos mediado el ejercicio con las IFS de rigor, para lo cual cada año el Gobierno emitía un RD en la que se detallaba qué inversiones recibirían la consideración de “sostenibles”.
Sin embargo este 2020 han pasado dos cosas. Por un lado la aparición en mayo de un RD por el cual se habilitaba destinar hasta un 20% de los remanentes para afrontar los imprevistos gastos del covid19, que no han sido pocos en el caso de la Diputación: refuerzo de personal en residencias, dotación de equipos de protección, fumigaciones, también la controvertida compensación de “horas extra” de algunos empleados…
A esto se añade que en agosto y vía RD (que tiene que ser validado en sede parlamentaria) el Gobierno de Pedro Sánchez, precisado de maquillar sus cifras de déficit, se desmarcaba con un insólito ofrecimiento; a aquellos ayuntamientos que cedieran a la hacienda pública sus remanentes (solo en Segovia se calcula que son 52M€, 15.000M€ en todo el Estado) se les facilitaría a fondo perdido hasta una tercera parte, en tanto el grueso de lo cedido se les devolvería a 10 o 15 años.
Es la controvertida cuestión de “la cesión de remanentes”, que el PP y Ciudadanos consideran un “robo indigno“, en tanto el PSOE, que recuerda -y es importante remarcarlo- que es una medida voluntaria (los ayuntamientos no están obligados a entrar en el trato), lo ve como una manera de echar mano a unos ahorros hoy fuera del alcance de los consistorios, que dicho sea de paso, es la postura asumida por la socialista Segovia). Llegados aquí es necesario señalar que los seis millones que ha movilizado ahora la Diputación no son, por cuestiones contables, la totalidad de los remanentes, sino la diferencia entre remanentes, 10M€ en el caso de la corporación provincial, y el superávit de 2019.
El punto trampa
Problema. Si finalmente, y contra lo que parece (Podemos de momento se abstiene), Sánchez logra aprobar en Cortes su propuesta, tanto las IFS como las ayudas por el covid19 que se pueden implementar este año son susceptibles de una drástica modificación. De ahí la prisa de la Diputación en aprobar el refuerzo de partidas antes de que rijan los cambios.
De fondo, claro, la oposición PP y PSOE, más que dispuestos a convertir en herramienta de desgaste todo lo que tocan. De ahí que el PP incluyera el típico punto-trampa por el cual se comprometía a “no poner a disposición de la Administración General del Estado los recursos financieros del remanente de tesorería”. Lo cual obligaba al PSOE a, o bien posicionarse contra la modificación presupuestaria, que buena falta hace y que ha de beneficiar también a muchos de sus ayuntamientos, o bien hacerlo contra las tesis de sus propios líderes. Al final se optó por separar este punto del conjunto, el PSOE votó si a la modificación de crédito y no al punto cuarto y aquí paz y luego gloria.
Diputación
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2 septiembre, 2020
Siendo voluntario no hay robo alguno: al Ayto que quiera hacerlo recibirá un cantidad interesante para inversiones y se le devolverá lo prestado o cedido en un plazo de 10-15; la corporación que no quiera, pues sigue como hasta ahora, con el dinero (el que lo tenga) en la cuenta y pudiendo gastar en IFS una pequeña parte.
Creo que el artículo lo explica bastante bien; no me queda claro que esta propuesta del Gobierno central esté también dirigido a las Diputaciones…
2 septiembre, 2020
El presidente de la diputación y sus subordinados,seguro que emplean ese dínero en la reaper tura de todos los consultorios médicos de la provincia y en solucionar los problemas del agua potable
Es decir, miran mucho por nuestros pueblos o lo van a usar para terminar el palacio de congresos?
2 septiembre, 2020
Es bueno explicar las cosas y como bien comentan al ser voluntario, NO HAY EXPOLIO como dicen los carteles que sumisamente cuelgan de algunos Aytos de la provincia, buscando con demagogia el desgaste del gobierno de España. Es necesario decir que aquellos Aytos que no se acojan a esta posibilidad y tengan remanentes, debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria ( Ley Montoro) y su regla de gasto, lo tendrán retenido sin posibilidad de aprovechar y muchas veces penalizado por las entidades bancarias.