Posted By Opinion on 21, Oct, 2019

Si se trataba de exhibir músculo municipal, no parece que Castilla y León fuera el marco más indicado para acoger una Convención Intermunicipal del PP, partido que en las pasadas elecciones locales perdió más de 500 concejales en el conjunto de la comunidad autónoma y solo pudo retener la alcaldía en una de las cinco capitales de provincia que venía gobernando.

Pero lo de menos era la cuestión municipal. La convención del pasado sábado en Valladolid no era más que un acto enmarcado en la campaña de las elecciones generales del 10-N, una cita que el PP de Pablo Casado está afrontando con el viento de cola proporcionado por el desplome de Ciudadanos, formación que ya aparece superada en todos los sondeos tanto por Unidas Podemos como por Vox. (Ojo al fuerte repunte de la formación ultraderechista, que puede reportarle en Castilla y León algún escaño más a sumar al que ya obtuvo el pasado mes de abril por la provincia de Valladolid).

 El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmaba días atrás que las próximas elecciones generales no constituyen una “reválida” de los primeros meses de gestión del actual gobierno autonómico. Tiene toda la razón. Primero, porque en elecciones generales se vota siempre en clave nacional; segundo, porque su gobierno, más allá de haber engordado su estructura política con el consiguiente incremento de gasto público y haber iniciado el proceso para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no presenta de momento ningún tipo de gestión efectiva que valorar.

Pacto de no agresión
Desactivada de momento la bomba de relojería de la reforma de la atención primaria rural en la que está empeñado el “trío de la bencina” (a saber, el vicepresidente Francisco Igea, la consejera Verónica Casado y el gerente Manuel Mitadiel), PP y Ciudadanos han establecido el lógico pacto de no agresión para evitar broncas de calado de aquí al 10-N. Un pacto que admite desencuentros siempre que se refieran a asuntos del pasado que no afecten directamente a ninguno de los actuales consejeros.
Así se puso de relieve la pasada semana cuando el vicepresidente y adalid de la transparencia (eso sí, selectiva) daba a conocer el incremento de las listas de espera quirúrgicas -un 5% más en el tercer trimestre-, atribuyendo el repunte a la inclusión de pacientes que el anterior equipo de la consejería no computaba.

No es que Fernández Mañueco sienta especial aprecio por el anterior consejero, Antonio Sáez, pero como era del PP no podía dejar sin respuesta una imputación de esa naturaleza. Ante lo cual, como tampoco es cuestión de que sea un consejero de su partido quien polemice con el vicepresidente de su propio gobierno, se decide que sea el portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de la Hoz, el que se ponga digno, conteste a Igea y sufra la arremetida de éste, que en este caso ha consistido en calificar su contestación como “el colmo de la desfachatez”.  (Por lo demás, si quedaba alguna duda sobre la manipulación de las listas de espera, ya se ocupó de disiparla el actual procurador del partido “Por Ávila”, José Pedro Pascual, quien ha reconocido en las propias Cortes que en su etapa de director medico del complejo hospitalario abulense se realizó “un uso fraudulento” de dichos datos).Hacia una Ley LGTBI descafeinada Pero a lo que íbamos. Mientras Igea y De la Hoz polemizan sobre un asunto del pasado, Ciudadanos retira su apoyo al Proyecto de Ley de Igualdad en la Diversidad Sexual pactado por el PSOE y Podemos con las Federaciones LGTBI, y cede a la presión del PP para presentar a través de la Junta otro proyecto alternativo que recorta los derechos reconocidos en el presentado por la oposición. Al PP nunca le gustó la Ley apoyada por dichas federaciones -contra la que la plataforma “Hazte Oir” ha recogido más de 17.000 firmas en Castilla y León- y ha conseguido atraer a su terreno a Ciudadanos para sacar adelante una versión descafeinada de esos derechos. Otro logro más de los campeones de la “regeneración democrática”.

 Y juntos han presentado PP y Ciudadanos una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía limitada exclusivamente a la supresión del aforamiento del que gozan los procuradores de las Cortes y los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta. Es exactamente la misma reforma que propuso Ciudadanos en la anteriores legislatura y que el PP, que la había apoyado en la comunidad de Murcia, se negó en redondo a aceptar en Castilla y León (ahora no tiene más remedio porque forma parte del acuerdo de gobierno firmado el pasado mes de junio por ambos partidos).

Paralelamente, se tramita la propuesta reforma del Estatuto presentada por el PSOE, que, además de eliminar dichos aforamientos, blinda los derechos sociales, estableciendo que los Presupuestos de la Comunidad recojan cada año una inversión social equivalente como mínimo al 12 por ciento del PIB regional. Veremos en que queda esta doble propuesta, ya que cualquier reforma estatutaria requiere mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes Regionales, requisito inalcanzable sin un consenso entre PP y PSOE.

Golpe bajo a una seña de identidad

Lo que no figura ni el acuerdo de gobierno PP-C´s ni en programa electoral alguno es la liquidación de la Fundación Villalar, creada en el año 2003 en el seno de las Cortes para potenciar el sentimiento de pertenencia a esta comunidad. Su presidente, Luis Fuentes, antiguo dirigente de un partido que propugnaba la separación de Castilla y León en dos comunidades autónomas, se dispone a impulsar su disolución, argumentando que no ha cumplido sus fines. Y el PP guarda de momento un sepulcral silencio, consciente de que con ello rompe un consenso de comunidad que le sirvió nada menos que para normalizar su presencia y la de la Junta cada 23 de abril en la campa de Villalar.

El propósito de cargarse la Fundación, cuyo presupuesto ni siquiera llega al millón de euros, supone todo un golpe bajo a la seña de identidad y símbolo que representa Villalar, ello con el agravante de anunciarse cuando PP y Ciudadanos no han puesto en marcha la comisión paritaria recogida en su acuerdo de gobierno (punto 3) para analizar la situación del sector público autonómico y, en su caso, la posible extinción de entes, empresas, fundaciones y demás chiringuitos clientelares que integran la llamada Administración B. (El PSOE ya está solicitando la supresión del Instituto para la Competitividad, el Ente Regional de la Energía, el Itacyl. Somacyl y las fundaciones Siglo y Patrimonio Natural).

Pero ni que decir tiene que en estos momentos la única prioridad del gobierno Mañueco consiste en desactivar la huelga general de funcionarios y empleados públicos convocada para el próximo 6 de noviembre, lo que pasa por pactar con los sindicatos un aplazamiento en la aplicación de las 35 horas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, envió hace unos días en Valladolid un mensaje directo a la Junta: “No se puede venir ofreciendo las 35 horas, no cumplirlo y a la vez decir que se van a bajar los impuestos. Es una canallada”. Bajada de impuestos como el de Sucesiones, que, a cambio de beneficiar exclusivamente a quienes heredan mas de 400.000 euros, mermará en decenas de millones de euros las exhaustas arcas autonómicas”.

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