Pedro Vicente: Impasible el ademán

Posted By Opinion on 4, Nov, 2019

Antes de acudir a las urnas, un primer baño de cruda realidad: El próximo domingo estamos convocados a votar en Castilla y León casi cuatro mil ciudadanos menos de los que fuimos citados el pasado 28 de abril. En tan solo seis meses, el censo ha disminuido en 3.952 electores, consecuencia directa del desplome demográfico que asola a esta comunidad autónoma.

Después de haber perdido en los últimos 10 años 165.307 habitantes, una población superior a la de toda la provincia de Palencia, la sangría continúa sin que el gobierno bipartito de la Junta se dé por concernido. Esta es la fecha en la que ni siquiera se ha tomado la molestia de poner en marcha la única medida incluida al respecto en el “Acuerdo de Gobierno” firmado en junio por PP y Ciudadanos: la creación de un grupo de expertos nombrados por las Cortes que en el plazo de un año emita un informe de propuestas de actuación. Que a estas alturas, ya les vale. Pues ni eso. Tratándose del problema más urgente de abordar, resulta difícil mostrar mayor insensibilidad que la del actual gobierno autonómico sobre el drama demográfico.

Aunque a remolque de las circunstancias, más prisa se han dado PP y Cs en constituir la comisión paritaria integrada exclusivamente por los dos partidos encargada de analizar la situación del conglomerado de empresas, fundaciones y demás chiringuitos que integran la llamada Administración B de la Junta. Después de que ambos partidos rechazaran en el pasado pleno de las Cortes una iniciativa del grupo socialista instando a la Junta a actuar justo en esa dirección, a PP y Cs no les ha quedado más remedio que constituir esa comisión que, al igual que el grupo de trabajo sobre la despoblación, figuraba en su referido “Acuerdo de Gobierno” (punto 3).

Y no ha entrado aún en materia esa “comisión palomo” -yo me lo guiso, yo me lo como- y Ciudadanos ya ha enseñado la patita al salir en defensa de la Fundación Siglo, instrumento sobre el que descansa gran parte de la gestión cultural y turística. Lo que hasta que llegó a la Junta era para este partido uno de los más infames chiringuitos paradigma del enchufismo, el clientelismo y el despilfarro, ahora resulta que es esencial para el funcionamiento de la Consejería de Educación y Cultura.

Un nuevo ejemplo de la impostura con la que viene actuando este partido, que, en consonancia con su actuación desde que comparte el Poder con el PP, ahora no quiere renunciar a un juguetito que ha pasado a controlar. Todo lo cual hace presagiar que la Administración B se someterá como mucho a un mero maquillaje que no afectará a su núcleo duro (ICE, Somacyl, ITA, Fundación Siglo, Fundación Patrimonio Natural) ni mucho menos erradicará las prácticas clientelares que tanto denunció durante la campaña electoral el actual vicepresidente de la Junta.

El incontenible ego de Igea

Al tiempo que se abría el melón de los chiringuitos otrora tan denostados por Francisco Igea, el vicepresidente hacía otra de las suyas, lanzándose a anunciar por su cuenta tres futuras exposiciones de “Las Edades del Hombre” en 2021 que ni siquiera estaban aprobadas por el Patronato de esta Fundación, compuesto exclusivamente por los arzobispos y obispos de las 11 diócesis de Castilla y León. Dicha intromisión por parte de Igea provocó el lógico estupor y malestar en el seno de “Las Edades del Hombre”, cuyo secretario general, Gonzalo Jiménez, en un principio no se mordió la lengua: “No se puede dar por cerrado algo que no se ha decidido”, aclaró Jiménez, recordando que las exposiciones de “Las Edades” “son patrimonio de la Iglesia”.

La egolatría de Igea originó un conflicto que se zanjó horas después con un comunicado conjunto en el que la Fundación, cautiva de la contribución económica de la Junta para mantener su actividad, terminó aceptando el trágala. Como ya ocurriera con ocasión de la entrevista concertada respecto a la Seminci entre el alcalde de Valladolid y el consejero de Cultura, Javier Ortega, el vicepresidente se inmiscuía donde nadie le había llamado, dejando nuevamente en una situación desairada al titular de la Consejería. Del tutelaje de Igea hacia la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya ni hablamos.

Habrá quien justifique estas injerencias de Igea con el paraguas de la labor de coordinación que corresponde a la vicepresidencia. Pero lo cierto es que solo se las permite con consejeros nombrados por Ciudadanos, sin que se le ocurra entrometerse en otras consejerías. ¿Se imaginan el espectáculo de ver a Igea inmiscuyéndose en cuestiones de la competencia del consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, o el de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones?

El pozo sin fondo del HUBU

A la vez, el portavoz de la Junta y consejero de la Transparencia sigue escamoteando información de interés para el ciudadano, como ha ocurrido con una reciente revisión del astronómico contrato sobre el Hospital de Burgos. El PSOE denunció la pasada semana que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en agosto un nuevo sobrecoste por importe de 8,7 millones de euros, acuerdo que se omitió tanto en la rueda de prensa como en la referencia oficial de dicho Consejo.

Pillado en este nuevo renuncio, Igea no pudo negar la omisión, asegurando únicamente que dicha cifra no responde a ningún sobrecoste, sino que se trataba de una actualización del IPC. Sin embargo, el adalid de la transparencia no ha tenido a bien concretar a qué periodo corresponde ese IPC (y 8,7 millones de IPC es mucho IPC, salvo que en la misma operación se haya incluido la tasa de rentabilidad próxima al 7 por ciento que la empresa concesionaria se aseguró en los reequilibrios financieros aceptados por la Junta). Tras los sucesivos modificados y reequilibrios, lo cierto es que el canon anual inicial fijado en 38 millones de euros se ha disparado ya hasta los 82.

Entretanto, la que parece que tiene las horas contadas es la convocatoria de huelga general de funcionarios y empleados públicos de la Junta en exigencia de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales. Todo indica que ambas partes alcanzaran hoy un acuerdo sobre el calendario para hacer efectivo el acuerdo firmado en mayo y la compensación a recibir por los colectivos (Sanidad y Educación) que verán demorada su reducción de jornada. Ni los sindicatos tienen demasiada confianza en el éxito de la huelga ni al gobierno Mañueco le interesa, en vísperas del 10-N, mantener abierto ese conflicto con los 85.000 asalariados de la Junta.