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Silencio, se negocia… entre oscuros bastidores

El pasado 13 de mayo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición y del partido con mayor número de escaños en las Cortes de Castilla y León, el socialista Luis Tudanca, se reunían en el Colegio de la Asunción y sentaban las bases para negociar un pacto para la “reconstrucción” de Castilla y León. Un acuerdo de comunidad estructurado en torno a cinco ejes: Sistema público de Salud, recuperación económica y del empleo, fortalecimiento de la protección social, funcionamiento de los servicios públicos y mejora de la financiación autonómica.

Mañueco y Tudanca, reunión en pleno confinamiento.

Unos días después se celebraba una segunda reunión ampliada a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y partidos representados en el Grupo Mixto (Podemos, UPL, Vox y Por Ávila), todos los cuales manifestaban su voluntad de sumarse a la negociación. Pero a diferencia del pretendido acuerdo nacional para la “reconstrucción”, que se debate con luz y taquígrafos en el seno de una comisión constituida al efecto en el Congreso de los Diputados, aquí dicha negociación se viene celebrando entre opacos bastidores y ni siquiera en reuniones conjuntas, sino bilaterales a distintas bandas, para empezar entre los propios socios de gobierno (PP y C´s) y paralelamente entre los auténticos muñidores del pacto, que nunca han dejado de ser otros que Mañueco y Tudanca.

Lo cierto es que esta es la fecha y ni castellanos ni leoneses sabemos en qué situación se encuentran esas negociaciones. Mientras tanto, otras comunidades que iniciaron ese camino más tarde ya han suscrito acuerdos similares. Es el caso de Aragón, donde el gobierno autonómico, los partidos (con la única excepción de Vox), la patronal, los sindicatos y la Federación de Municipios y Provincias han rubricado un documento con 273 medidas para la recuperación social y económica. Lo mismo ha sucedido en Canarias, con un anexo presupuestario que pretende movilizar durante este mismo año un total de 18.535 millones de euros, 14.616 aportados por el conjunto de las Administraciones y 3.919 de financiación privada. Y en Castilla-La Mancha se ha firmado un primer acuerdo entre la Junta de Comunidades, el PSOE y Ciudadanos, al que no se ha sumado el PP.

La cerrazón de Igea se interpone entre Mañueco y Tudanca

¿Qué escollos está encontrando en Castilla y León un pacto de esta naturaleza, del que políticamente quien sale más beneficiado es siempre el gobierno de turno? A causa del apagón informativo decretado sobre la negociación, oficialmente no lo sabemos. Pero no hace falta ser muy sagaz para deducir que el principal escollo radica en la Sanidad, y concretamente en la atención primaria, centros de salud y consultorios locales, territorio en el que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no admite someterse a otro criterio que no sea el suyo.

Los socialistas han establecido como condición sine qua non que la Junta envíe a la papelera la reforma de la atención primaria rural emprendida unilateralmente por la consejería de Sanidad mediante la experiencia piloto de Aliste, abruptamente interrumpida por la crisis sanitaria del covid19. Y mientras tanto exigen con carácter inmediato la vuelta a la normalidad de los centros de salud y consultorios locales, cuyo funcionamiento se ha visto extraordinariamente restringido a causa de la pandemia. Unas exigencias, las del PSOE de Luis Tudanca, que chocan frontalmente con la posición de Igea y su vicaria-consejera Verónica Casado, que no quieren apearse de su propósito de dejar morir por inanición a la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales distribuidos por la comunidad autónoma.

Seguramente, no es el único escollo que se interpone en la común voluntad de pacto que comparten Mañueco y Tudanca. Los socialistas tampoco están dispuestos a tragar con la reforma de la Ley de Ordenación de Servicios del Territorio en trámite que eliminaría la mayoría cualificada exigida en las Cortes para aprobar los mapas rurales. Una reforma legislativa promovida asimismo por Igea con el exclusivo propósito de eliminar la capacidad de veto que otorga la actual Ley al grupo socialista. De tal suerte que es el vicepresidente de la Junta quien, para contrariedad del propio presidente, se erige en gran obstáculo para alcanzar en Castilla y León ese pretendido pacto para la recuperación social y económica de la comunidad.

Ello con la circunstancia añadida de que probablemente el grupo parlamentario de Ciudadanos tampoco comparte la cerrazón del número dos de la Junta en aferrarse a unas posiciones incompatibles con un pacto de comunidad. (Hay que tener en cuenta que, tras el reparto de poder interno con el que se zanjó la dimisión del anterior consejero de Empleo, en Castilla y León Ciudadanos es un partido fracturado nítidamente en dos facciones excluyentes entre sí: la que está en la Junta, que responde exclusivamente a la voluntad personal de Igea, y la de las Cortes, fiel a cuanto disponga Inés Arrimadas, que, como estaba cantado, ha situado al salmantino David Castaño al frente del grupo parlamentario.

La Junta, sin oposición: Tudanca, confundido con el paisaje

En otro orden de cosas, y siendo todo lo loables que se quiera los esfuerzos por alcanzar un pacto de dicha naturaleza, no es de recibo que el pretendido acuerdo sea a costa de anular la función crítica y de control que corresponde a la oposición democrática. Y en lo que al líder del PSOE en Castilla y León se refiere, esto es lo que viene sucediendo desde que el 13 de mayo visitó el Colegio de la Asunción. En aras de suscribir ese pacto, ese día Luis Tudanca decidió borrarse de hacer oposición y borrado e inhibido sigue de su deber democrático de exigir responsabilidades políticas al gobierno Mañueco.

Pese a los abrumadores datos y documentos sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León, donde se aproximan a 2.600 las víctimas mortales del covid19, Tudanca sigue resistiéndose a solicitar una comisión parlamentaria de investigación que esclarezca las causas que han originado tamaña mortandad. Una comisión de libro que resulta absolutamente inexcusable para establecer las responsabilidades políticas ante una actuación en el mejor de los casos temeraria por parte de las consejerías de Sanidad y Familia, que suscribieron conjuntamente unas instrucciones que en la práctica convirtieron las residencias en una trampa mortal (1.722 fallecidos en los propios centros al verse privados de su derecho a ser trasladados a un hospital). Una comisión como la que ya se ha aprobado en el Parlamento catalán y como la que ha promovido en el Asamblea de Madrid el grupo socialista que preside Ángel Gabilondo.

Se estrecha el cerco penal sobre el desastre de las residencias

La omisión democrática en la que está incurriendo el PSOE de Luis Tudanca se hace más evidente cada día a medida que van conociéndose nuevas denuncias y testimonios sobre la catástrofe de las residencias, de la que además han resultado asimismo víctimas muchos de sus trabajadores.

A instancias de la Defensor del Paciente, Carmen Flores, que ha venido recibiendo decenas de quejas por denegación de asistencia sanitaria, la Fiscalía Superior de Castilla y León ha abierto diligencias penales sobre la actuación de Junta y en concreto sobre las instrucciones cursadas conjuntamente por la Gerencias Regionales de Salud (Sanidad) y Servicios Sociales (Familia). Dichas diligencias se suman a las incoadas anteriormente por distintas fiscalías provinciales, hasta un total de 18, ante denuncias de particulares, asociaciones y sindicatos, en unos casos por omisión de asistencia hospitalaria y en otros por el contagio sufrido por los trabajadores a causa de su desprotección ante el covid19.

Así las cosas, con esta clamorosa inhibición de Tudanca, no es extraño que, al contrario de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, los responsables del desastre en las residencias en Castilla y León se ufanen de su actuación. Mientras la presidenta madrileña escurre el bulto negando la evidencia y el consejero de Familia (Ciudadanos) señala como responsable al de Sanidad (PP), aquí la consejera Casado y su faro-guía, el vicepresidente Igea, no se arrepienten de haber privado a la mayor parte de los ancianos contagiados de su derecho a ser atendidos en centros hospitalarios.

Y no solo eso: el vicepresidente Igea y primo de Zumosol de la consejera Casado arremete contra el presidente del Consejo del Colegio de Médicos de Castilla, José Luis Díaz Villarig, solo porque éste ha tenido la osadía de interesarse por las medidas sanitarias adoptadas por la Junta para combatir la pandemia. Por el mero hecho de requerir esa información, Igea ha sugerido que el presidente de la organización médica colegial ignora uno de los preceptos del código hipocrático -el primum non nocere, lo primero es no hacer daño- ante lo cual Díaz Villarig ha anunciado la presentación de una querella por calumnias e injurias.

La capacidad de crispar la vida pública que demuestra día sí día también el vicepresidente de la Junta no conoce límites. En el pecado lleva el indolente Mañueco la penitencia.

Author: Pedro Vicente

Periodista. Analista de la actualidad política de Castilla y León.

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