De este modo se resumen los informes de ambos técnicos, coincidentes en todos su puntos con los argumentos de que ya utilizó el Gobierno local para rechazar la iniciativa que la oposición ganó en votación plenaria y de los que el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, dará cuenta en el pleno del próximo viernes.
“Si la moción fue a pleno, los informes también”, apuntó el edil para justificar la difusión pública de las conclusiones de los técnicos, unos informes que se encargaron el pasado verano —tras las primeras “negociaciones” con la oposición para acotar el alcance de la moción— pero que se han retrasado “por la baja paternal de uno y las vacaciones de otro”, justificó.
El edil se apoya en esos informes para pedir a la oposición que “impere la sensatez” en este asunto porque a su juicio “lo que quieren no es una auditoría, sino una comisión de investigación sobre las sentencias”, dijo ofreciendo una nueva solución al enconado asunto de la auditoría mediante reuniones específicas de una comisión de investigación como tal o reuniones monográficas de la comisión de Urbanismo.
“Deberían decir hasta donde quieren llegar” añadió reconociendo la posición de desventaja del Gobierno en este asunto porque “las mayorías son las mayorías”, aunque aprovechó para advertir del alto precio de las auditorías “que valen tiempo y dinero de verdad, no son a dos cincuenta” y del atasco que el trabajo provocaría en Urbanismo con repercusión sobre los ciudadanos porque “si se hace es evidente que alguien va a resentir por el camino”, amenazó. “Claro, que ya se lo he dicho: si lo hacéis me dais una excusa perfecta”, trató de ironizar en torno a un eventual bloqueo del trabajo en su departamento.
Depurar responsabilidades.
El concejal de IU, Ángel Galindo, reiteró por su parte la necesidad de que se investiguen los problemas que han acabado en caras sentencias contra el Ayuntamiento que “han existido y nos están saliendo muy caros a los ciudadanos” y aunque admitió la posibilidad de buscar nuevas soluciones que sustituyan a la auditoria “que quizá no sea el mejor camino, pero hay que ver qué ha pasado y quién es el responsable”, lamentó la “clara intención de retrasar” por parte del Ayuntamiento y reiteró que “no pedimos auditoría porque si, ni críticas sin sentido. Hay responsabilidades políticas”.
También habló de retrasos intencionados y escasas intenciones de cumplir la moción por los socialistas la popular, Raquel Fernández, que parece explorar una nueva vía para tratar de exponer ante os ciudadanos el listado completo de los pleitos pendientes y a futuro y sus costes reales.
El grupo municipal defenderá en el pleno del día 2 una moción en la que se solicita que se incluya en el pliego de condiciones del concurso para adjudicar los servicios jurídicos del Ayuntamiento la obligatoriedad de tener un “listado completo y actualizado de los pleitos municipales en curso y resueltos”, exactamente la misma documentación que los populares llevan pidiendo meses sin haber recibido una respuesta satisfactoria.
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