El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombraba el 28 de diciembre a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional, la vallisoletana María Luisa Segoviano y el juez santamarino César Tolosa.
Nacido en Santa María la Real de Nieva en 1957, Tolosa ocupaba la magistratura de la ala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2014 y presidente de la misma desde 2020. Ingresó en la carrera judicial en 1982, prestando servicio en los uzgados de distrito de Molina de Aragón y de Arenas de San Pedro y en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Palma, donde permaneció hasta que en 1984 obtuvo destino en la Magistratura de Trabajo número 1 de Santander.
Cuatro años después fue destinado al Juzgado de lo Social número 1 de Santander y en diciembre de 1989 se incorporó a Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En 1993 fue nombrado presidente del TSJ cántabro, cargo que ejerció hasta su nombramiento como magistrado del Tribunal Supremo en 2014. Tolosa fue decano de los Juzgados de lo Social de Santander entre 1985 y 1989 y es miembro de la Sala de Gobierno del tribunal Supremo desde diciembre de 2019. Autor de numerosas publicaciones científicas, es profesor de la Universidad de Cantabria desde 2009 y ha sido director y ponente en numerosos cursos del CGPJ, así como de otras instituciones. Está en posesión de la Cruz de primera Clase de San Raimundo de Peñafort y de las Medallas al mérito Policial y de la Guardia Civil.
A Tolosa es adscrito al sector conservador de la magistratura, en tanto Segoviano representa a la sensibilidad más progresista, que con el nuevo nombramiento, que supone también el desbloqueo de los otros dos miembros de Constitucional propuestos por el Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez, ambos igualmente progresistas) supone un vuelco hacia la izquierda en la mayoría del tribunal así como el desbloqueo de una renovación pendiente desde hace seis meses.
Desbloqueo de la renovación en el TC
Este 2022 tocaba renovar a 4 miembros del Constitucional, los dos nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Respecto a los del CGPJ se nombran por consenso entre los plenarios (se precisa mayoría de 3/5), un consenso que no ha sido posible hasta hoy y que impedía el acceso de los dos representantes del Gobierno y mantenía de facto la mayoría conservadora en el alto tribunal. Tras varios meses de parálisis, el Gobierno emprendía por su cuenta y riesgo y a través de un cambio normativo ilegal en el Congreso de los Diputados, una renovación del sistema de elección de representantes del CGPJ, frente a lo cual el PP presentó un recurso, admitido por el pleno del Constitucional, que a su vez anulaba la votación del parlamento. Todo un escándalo que anticipaba un pulso entre el poder judicial y el ejecutivo, sin precedentes en España. Finalmente todo ha quedado en una tormenta en un vaso de agua.










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