Posted By Redacción on 1, Jun, 2026

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a doce años de prisión a un hombre nicaragüense de 23 años por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 13 años a la que contactó por Instagram haciéndose pasar por otra persona. La sentencia, dictada el pasado 25 de mayo, le impone además su expulsión de España una vez cumplida la mitad de la condena, con prohibición de regresar durante siete años, y una indemnización de 25.000 euros para la víctima por los daños morales causados.

Los hechos arrancaron en marzo de 2023. El acusado se puso en contacto con la menor a través de una publicación en Instagram en la que la niña, de 12 años, hablaba de su intención de hacerse un piercing. Para ganarse su confianza, le dijo que se llamaba “Luis”, que era mexicano, que tenía 17 años —y después 19, cuando en realidad tenía 23— y que estudiaba arquitectura en la IE University como superdotado. Incluso le contó que iba siempre con gorra y mascarilla porque “una banda de narcotraficantes” había matado a su padre y la policía le protegía. Todo era falso.

Cuando la menor tenía ya 13 años, el acusado quedó con ella en la puerta de su domicilio en Segovia y comenzaron a verse. Entre agosto de 2023 y abril de 2024 mantuvieron relaciones sexuales con penetración en al menos cinco o seis ocasiones, siempre en la habitación del acusado, a oscuras, sin que la menor pudiera verle la cara, y sin preservativo. Para vencer las reticencias de la niña, que temía quedar embarazada o contagiarse de una enfermedad, el acusado llegó a falsificar un informe médico que decía que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual.

El tribunal considera probado que el acusado sabía la edad real de la menor, pese a que él lo negó. La propia niña le había dicho que tenía 13 años y a qué colegio iba, y en una conversación interceptada por la Policía el acusado se refería a ella como “menorcita” ante un tercero. Los magistrados destacan también la “situación de especial vulnerabilidad” de la víctima, que ya antes de los hechos sufría problemas en su entorno familiar y conductas autolesivas que se agravaron durante la relación. La menor se encuentra desde octubre de 2024 bajo la tutela de la Junta de Castilla y León tras ser declarada en desamparo.

La sentencia se sustenta en la declaración de la menor —grabada en una prueba preconstituida para evitar que tuviera que volver a relatar los hechos en el juicio—, en el testimonio de la orientadora escolar a la que la niña había confiado lo que ocurría, y en los mensajes y conversaciones extraídos por la Policía de los teléfonos del acusado y la víctima. El procesado declaró en la instrucción pero se negó a contestar en el juicio. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de diez días.