La inmigración que nos da futuro y la que nos inquieta

Posted By Juan Luis Gordo on 16, Ago, 2025

Pocas cuestiones generan tanta controversia en la agenda pública española como la inmigración. No es un debate nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos días por determinados sectores políticos que lo instrumentalizan con fines electorales, alimentando un discurso de confrontación que, si bien cala en ciertos segmentos sociales, simplifica en exceso una realidad mucho más compleja y sensible, cuya gestión requiere, ante todo, sensatez y altura de miras.

España atraviesa una grave crisis demográfica. La natalidad está en mínimos históricos y el envejecimiento de la población compromete, a medio plazo, la sostenibilidad del sistema de pensiones, el mercado laboral y el equilibrio territorial. En este contexto, la inmigración no solo es una realidad imparable, sino también una necesidad estructural.

Los datos son elocuentes: según el INE, en los últimos cinco años la población extranjera ha crecido a un ritmo anual medio del 7 por ciento. En 2024, residían en España más de 6,5 millones de personas nacidas en el extranjero, siendo las nacionalidades más representadas la marroquí, la colombiana, la rumana y la venezolana. En Castilla y León, los inmigrantes representan el 10 por ciento de la población total, por debajo del 13,37 por ciento de media en España a esa fecha. Las comunidades con mayor presencia inmigrante son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Gracias a esa llegada constante de personas, la economía española puede sostener sectores vitales como la agricultura, la construcción, la hostelería y, de manera muy especial, los cuidados a personas mayores y dependientes, donde la escasez de mano de obra nativa es ya alarmante —algunos lo hemos vivido de forma directa—. Sin inmigración, muchas actividades productivas se paralizarían y el sistema de pensiones, basado en cotizaciones, colapsaría. Es imprescindible para nuestro bienestar futuro.

Ahora bien, este fenómeno no está exento de tensiones. En muchas ocasiones, los conflictos no se producen con las élites ni con las clases medias acomodadas, sino en los barrios populares, donde los inmigrantes conviven y compiten directamente con los españoles más humildes, ya sea por una vivienda pública, un contrato laboral o recursos sociales escasos. En mi etapa como subdelegado del Gobierno, escuché con frecuencia a vecinos de estos barrios expresar su incomodidad con una convivencia forzada, marcada por diferencias de costumbres y por la percepción, a veces fundada y otras no, de desprotección institucional; y a empresarios reclamar una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas de extranjería ante la alarmante ausencia de mano de obra para mantener su actividad.

La desconfianza hacia los inmigrantes se multiplica cuando se les vincula con hechos delictivos. Es cierto que una minoría comete delitos —como ocurre también entre la población española— y la ley debe actuar con firmeza. De hecho, en 2024 se expulsó de España a más de 3.000 extranjeros tras procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Segovia, según datos de la Subdelegación del Gobierno difundidos por Acueducto2, ocho delincuentes extranjeros fueron repatriados tras cumplir condenas por delitos como asesinato, agresión sexual a menores o violencia de género.

La política migratoria debe fundamentarse en la dignidad del ser humano, la libertad de todos y la convivencia en comunidad. El orden y el respeto son pilares básicos para sustentar estos principios. Orden, para garantizar una inmigración legal, regulada y compatible con las necesidades del país. Y respeto, tanto por parte del país receptor hacia quienes llegan, como por parte de estos hacia el país de acogida: respetar nuestras leyes, costumbres e instituciones es un paso imprescindible para la integración. Integrarse no significa renunciar a la identidad propia, pero sí implica entender y aceptar el marco legal, social y cultural del país en el que uno decide vivir.

España, como el resto de Europa, ante su crisis demográfica, no puede permitirse una inmigración descontrolada, ni tampoco una sociedad dividida entre nativos e inmigrantes. El desafío es enorme y difícil, pero ineludible: integrar, ordenar, proteger y aprovechar el talento, el esfuerzo y la esperanza que millones de personas han depositado en nuestro país. No solo es un deber moral: es una necesidad nacional. Una empresa colectiva de enorme complejidad, en la que el oportunismo político y el odio son dos de los grandes obstáculos a superar.