La Granja no aporta su contabilidad al Consejo de Cuentas desde 2006

Posted By Redacción on 14, Ago, 2014

El informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León relativo al ejercicio 2012, publicado el pasado mes de julio por el Consejo de Cuentas, coloca a Segovia como la provincia menos cumplidora en la rendición de cuentas en lo tocante a ayuntamientos de más de cinco mil habitantes.

Y es que de las cuatro localidades con más de 5.000 vecinos (Segovia, Cuéllar, El Espinar y La Granja), El Espinar presentó las cuentas fuera de plazo y en el Real Sitio de San Ildefonso ni eso; La localidad granjeña es una de las seis de la comunidad que no presenta sus cuentas (las otras son Bembibre, Vilaquilambre, Gijuelo, Toro y Benavente), pero es que además es la única de toda la región que no lo ha hecho en los últimos 7 ejercicios; en concreto, lleva desde 2006 sin presentar sus cuentas al Consejo. Sistemáticamente, La Granja no pasa por ahí.

Para el alcalde la razón es de precariedad de medios. “En este tiempo en el Real Sitio hemos tenidos 9 interventores -las más de las veces con una dedicación parcial y compartida con otros ayuntamientos-. Las cuentas se han aprobado en pleno, de hecho, hemos sido el ayuntamiento de la provincia que antes hemos aprobado el presupuesto de 2014”, explica José Luis Vázquez. Para trasladar las cuentas al Consejo hay que utilizar una plataforma “complicada”, según el alcalde para quien “la precariedad del personal en intervención ha hecho que este trámite no se pudiera hacer”. Vázquez aprovecha la ocasión para criticar la falta de medios de la administración local. “Es muy fácil imponernos obligaciones sin darnos medios, los interventores cuestan dinero”, denuncia.

Para el portavoz de la oposición, Juan Carlos Gómez, del PP, las cosas distan de esta explicación. “Es cierto que en el ayuntamiento los interventores entran según salen, y habría que preguntarse por qué, pero hasta donde sabemos, lo cierto es que las cuentas no se mandan al consejo porque la aplicación les obliga a insertar las cuentas de la Empresa de Turismo de La Granja, algo que el alcalde no quiere hacer escudándose que esta empresa no es municipal (tiene una participación del 10% de la FES)”.

Dictamen provisional

Dentro de las actuaciones para velar por la transparencia y legalidad de las cuentas públicas, el Consejo ha puesto a algunos ayuntamientos bajo seguimiento, remitiendo un dictamen provisional. Es el caso de La Granja, cuyo dictamen llegó a finales de julio requiriendo al consistorio a mandar alegaciones.

Diversas fuentes señalan que el informe -que será público cuando se eleve a definitivo- es demoledor en lo relativo a la necesidad de fiscalizar, también, las cuentas la Empresa de Turismo, al tiempo que informa que la gestión del macroproyecto de Puerta de la Reina es insostenible.

Vázquez explica, por su parte, “que el informe no constata ninguna ilegalidad, nosotros les hemos respondido en la línea de que te comento, que no tenemos interventor, algo que ellos mismos reconocen, y que en estas circunstancias nos resulta imposible cumplir con sus exigencias”

Consecuencias

Con sede en Palencia, el Consejo de Cuentas tiene por misión contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto. Para ello audita las cuentas (con una retroactividad de dos años) y las hace públicas. Sin embargo, y en la práctica, rendir cuentas es más un ejercicio de buenas prácticas que una exigencia legal. Técnicamente, la validez de las cuentas públicas viene amparada por la intervención y la secretaria municipal, siendo el trabajo del consejo más un “control de calidad” y un diagnóstico de situación que un condicionante legal. Así lo reconoce el propio Consejo en el documento (pag. 56). Ahora bien, con los nuevos marcos legislativos, en especial desde 2013, esto ya no va a ser así.

Consejo de Cuentas.

“En concreto, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su disposición final tercera, modifica la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en cuyo artículo 36 se contempla la posibilidad de retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada. Asimismo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tipifica, en su artículo 28, entre otras, como infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria… p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable”, señala el informe.

Precisamente el Gobierno Rajoy aprobó la normativa a aplicar en estos casos y que podrá empezar a aplicarse en septiembre. Entre otras cosas se establece que el ministerio de Hacienda podrá pagar directamente aquellas facturas que los ayuntamientos no pagan, en cuyo caso descontará los importes de los giros que el ayuntamiento recibe por participación en los ingresos del Estado. Consecuencia. “Considerando que nuestra deuda no para de subir y que la media de pago a proveedores está en más de 280 días, en La Granja vamos de camino a que en otoño ayuntamiento no reciba o reciba mermados esos 66.000€ mensuales que recibe de ese capítulo y que son los dineros que permiten pagar nóminas. Sin eso no podremos afrontar ni siquiera el pago de las nóminas y entraremos en una situación muy crítica, insostenible”, dice el concejal del PP.

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