La Fundación ve indicios ‘clamorosos’ de delito en las jubilaciones de la Caja

Posted By Redacción on 3, Jul, 2016

El presidente de la Caja, Atilano Soto, cuando acudió a declarar ante el juez.

En el recurso se llega a afirmar que el juez instructor se habría extralimitado en sus funciones al decretar el archivo el caso y que para tomar la decisión habría realizado una valoración “sesgada y tangencial” con la omisión de “aspectos relevantes” y en base “más a argumentos de naturaleza mercantil que penal”.

La representación legal de la Fundación Caja Segovia considera demostrado que en las decisiones que llevaron a fijar las prejubilaciones millonarias y sus perceptores se ocultó por los responsables de la Caja información relevante al consejo de administración de la entidad al no informárseles “siquiera someramente” del alcance del desembolso para la entidad como fruto del acuerdo de las prejubilaciones, de las cuantías de las indemnizaciones o de las personas a las que podría afectar, tanto en 2008, como en 2010, cuando se modificaron las condiciones del primitivo plan de jubilaciones de 2006 aumentándose las cuantías, los beneficiarios y garantizando el cobro mediante pólizas.

“Con esa falta de información, el Comité de Dirección consiguió, nueve días antes de que finalizase el 2010, momento en el que Caja Segovia dejó de existir como entidad financiera, tener vía libre para incorporar a su patrimonio, a través de la firma de diversas pólizas de seguros unas millonarias prejubilaciones que ascendieron, sólo a efectos de prejubilaciones, al desembolso de 17.190.886,84 millones de euros, una cantidad mayor que los propios beneficios que dio Caja Segovia”, se lee en el recurso.

En la misma línea argumental, en el recurso se sostiene que los directivos de la entidad pervirtieron progresivamente el plan estratégico de la entidad convirtiendo un plan concebido como beneficioso para la continuidad de la Caja en “un modelo cuyos beneficiados eran sólo y exclusivamente los miembros del equipo directivo”.

Así, se hace referencia a la primera revisión del plan, en noviembre de 2008 —cuando entidades como el Banco de España y otras ya abogaban claramente por la fusión de las Cajas— y la aprobada el 22 de diciembre de 2010, que para los alegantes supuso la liberalización absoluta de las condiciones y la firma de las pólizas que garantizaban los cobros, además de realizar adaptaciones a medida para algunos directivos, que habrían sido llevados en ambos casos a aprobación del Consejo de Administración, tras las decisiones del Comité de Dirección y de la Comisión de Retribuciones, de forma apresurada y sin concreciones sobre cuantías y beneficiarios.

Los autores del recurso de reposición creen de esta forma demostrada la existencia de delitos de administración desleal y de apropiación indebida y afirman que “podríamos decir, en esta fase procesal, que el equipo directivo, beneficiario final de la operación, dominó el hecho puesto que crea un plan, lo transmite, lo configura y lo ejecuta, modificando otro anterior, que pseudobeneficiaba a la entidad, desvirtuando su inicial naturaleza, con la única finalidad de procurarse un capital como prejubilación que disminuía claramente el patrimonio societario y cuyas cantidades no conocen parámetros comparables en otras entidades financieras. Además, conocían que todo lo propuesto por ellos siempre tenía una acogida favorable en la Comisión de Retribuciones y en el Consejo de Administración”.

E inisisten después: “Resumidamente y en perjuicio, económicamente evaluable, de la entidad Caja Segovia, hoy Fundación Caja Segovia, el Director General y el Comité de Dirección procedieron a elaborar un plan, ocultando información relevante a los órganos superiores de decisión, con la colaboración necesaria del entonces Presidente [Atilano Soto] y la finalidad de, por un lado, cumplir en apariencia con los requisitos formales y, por otro lado, procurarse la garantía de incorporar, en todo caso, a su patrimonio, a través de la firma de diversas pólizas de seguros, importantes cantidades de dinero provenientes de las arcas de la entidad Caja Segovia”.

Más investigados y nuevos testimonios.

Los recurrentes se quejan del “archivo prematuro” de las diligencias que a su juicio, vulneran el derecho de defensa de la Fundación y en este sentido recuerdan que buena parte del consejo de dirección y del de administración aún no han prestado declaración en este caso, por lo que solicitan a mayores que se incluya en la lista de investigados a los directivos, Malaquías del Pozo, Juan Antonio Folgado, Óscar Varas, Juan Bautista Magaña y Miguel Ángel Sánchez.

Igualmente, se solicita el testimonio de hasta 15 consejeros: Fernando Aceves; Eduardo Aguado, Pedro Arahuetes, Manuel Berzal. Bonifacio García, José Pablo Lozoya, Maria Concepción Montes, Pedro Palomo, Javier Santamaría, José Luis Sanz Merino, Francisco Valverde, Miguel Ángel de Vicente, Fidel García, Juan Manuel de la Puente y Juan José Sanz Vitorio.

También se reclama que testifiquen los titulares del despacho de abogados Pradas y Cebrián, cuyo informe habría sustentado las modificaciones del plan de jubilaciones.

El recurso de reposición presentado por la Fundación, junto al de otros implicados en este caso, se encuentra aún pendiente de resolución por el juez titular del número 2.

Comparte en tu WhatsApp