El presidente del Gobierno ha situado en la agenda política la renovación del modelo de financiación autonómica de régimen común, caducado desde 2019, como un hito prioritario. Ahora bien, ¿se puede reformar la financiación autonómica sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado? La respuesta es sencilla: no. Y, sin embargo, ese es exactamente el escenario en el que se mueve hoy la política española. Se anuncian reformas de gran calado mientras el país sigue gobernándose con unas cuentas prorrogadas y sin una mayoría parlamentaria capaz de respaldar cambios estructurales.
Esta anomalía no es menor. Los Presupuestos Generales del Estado constituyen el principal instrumento de planificación económica, control parlamentario y rendición de cuentas del Gobierno; son, en definitiva, su razón de ser. Gobernar sin Presupuestos supone renunciar al debate público sobre las prioridades del país, sustituir la política presupuestaria por decisiones discrecionales y vaciar de contenido el papel del Parlamento. El propio presidente del Gobierno, cuando estaba en la oposición, lo expresó con claridad: un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna. Hoy, esa afirmación adquiere pleno sentido. No se gobierna: se gana tiempo para ejercer el poder y prolongar artificialmente la legislatura, situando en el debate público un conjunto de propuestas que carecen de viabilidad real.
La ausencia de Presupuestos resulta especialmente grave cuando se combina con el anuncio de un nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno promete un incremento de recursos del orden de 21.000 millones de euros, presentado como una solución estructural. Conviene decirlo con claridad: ese dinero no cae del cielo. Procede necesariamente de una mayor cesión de ingresos del Estado, del efecto recaudatorio de la inflación, del endeudamiento público o de una combinación de todos estos factores. En cualquiera de los casos, el impacto recae sobre la Administración General del Estado, debilitando su capacidad financiera y su margen de actuación, lo que acaba traduciéndose en una mayor asimetría social entre los españoles de los distintos territorios. Un Estado fuerte siempre constituye una garantía parta la defensa de los derechos de los más desfavorecidos.
El problema se agrava cuando el diseño del nuevo modelo responde más a exigencias políticas concretas que al interés general. La promesa singular realizada a Cataluña, acompañada posteriormente de una fórmula de “pan para todos” para el resto de las comunidades autónomas, no fortalece el Estado autonómico, sino que lo fragmenta y debilita. Convertir la financiación en un instrumento de apaciguamiento parlamentario, al margen del interés general, erosiona la equidad y consolida privilegios difíciles de revertir, lo que resulta contradictorio con la esencia ideológica de un partido de corte social, o que aspira a ello.
Para territorios como Castilla y León, la ausencia de Presupuestos y la indefinición del modelo tienen consecuencias muy concretas. Castilla y León soporta costes estructurales elevados derivados de la dispersión territorial, la despoblación, el envejecimiento de la población y la extensa red de servicios en el medio rural. La sanidad, la educación o la atención a la dependencia requieren planificación plurianual y financiación estable. Sin Presupuestos aprobados, cualquier mejora de recursos queda condicionada, es reversible y carece de garantía de continuidad.
Un modelo de financiación autonómica consistente debe garantizar suficiencia financiera, equidad entre territorios y estabilidad a medio plazo. Sin Presupuestos Generales del Estado no hay reforma estructural posible. Lo que puede haber son anticipos financieros, fondos transitorios o decretos-ley que alivian tensiones puntuales, pero no sustituyen a un sistema sólido y previsible.
A todo ello se suma el contexto europeo. La reactivación de las reglas fiscales exige a España una senda creíble de reducción del déficit y de la deuda pública. Un incremento estructural de la financiación autonómica de esta magnitud obliga a explicar cómo se financia y qué impacto tiene sobre el conjunto de las cuentas públicas. Sin Presupuestos, esa explicación no existe, y la credibilidad del país se resiente
La experiencia de otros países europeos ofrece una lección clara. En Alemania y en Portugal, ante la imposibilidad de gobernar con estabilidad presupuestaria, se optó por la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. En ambos casos se antepuso la fortaleza institucional al interés de prolongar artificialmente la legislatura.
El Gobierno de España debería extraer una conclusión clara. Sin Presupuestos no hay financiación autonómica real. Sin mayoría parlamentaria, no hay reforma estructural posible. Y sin respeto a estas reglas básicas, el resultado es un Estado más débil, más fragmentado y menos capaz de garantizar la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan. Se trata, en definitiva, de una cuestión de respeto democrático a la ciudadanía y de defensa del interés general bajo principios progresistas.
Juan Luis Gordo. Segoviano de izquierdas, autónomo y polifacético
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