Posted By Juan Luis Gordo on 18, Abr, 2026

La política española atraviesa una profunda crisis de honestidad, a la que se unen los casos de corrupción que afloran de forma periódica en la gestión de lo público. Los juicios que estos días se están celebrando en relación con los casos Kitchen y Ábalos/Koldo constituyen, a la vista de los hechos conocidos, un ejemplo elocuente de la importancia de la integridad en la política. Un valor consustancial para la participación en la “cosa pública” en un país democrático. Desde mi experiencia, tengo claro que, aunque la mayoría de quienes participan en la vida pública actúan con honestidad, basta con unos pocos comportamientos corruptos en posiciones de responsabilidad para erosionar gravemente la confianza ciudadana.

Son muchas las personas que trabajan con ilusión y vocación de servicio por el interés general, dedicando tiempo y recursos con una generosidad extraordinaria y, en muchos casos, sin recibir nada a cambio. Esto es especialmente visible en el ámbito municipal, y de manera muy particular en los pequeños municipios. Por ello, los casos mencionados no solo constituyen hechos reprobables, sino también una ofensa y un motivo de vergüenza ajena para quienes, de buena fe, contribuyen cada día a mejorar lo público.

Ahora bien, nuestro sistema democrático no está exento de comportamientos guiados por intereses espurios. Frente a ellos, se requiere una respuesta firme: tolerancia cero por parte de los partidos políticos y un compromiso ético inquebrantable de quienes ejercen responsabilidades públicas. Solo así se evitará la erosión de la legitimidad democrática y se fortalecerá la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Abalos, en el José María.

El propio diputado Ábalos, en la defensa de la moción de censura contra el presidente Rajoy en 2018, afirmó desde la tribuna que “los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuesen algo normal”. Con estas palabras reclamaba, en nombre de su grupo, honestidad y honradez como pilares de la regeneración democrática. Sin embargo, vistas desde la perspectiva actual y a la luz de los hechos investigados, dichas afirmaciones proyectan una imagen de incoherencia que mina la credibilidad política y alimenta la desafección ciudadana. La acción política exige coherencia y respeto a la ciudadanía; el cinismo y la ausencia de responsabilidades son incompatibles con ambos.

Los partidos políticos deben desempeñar un papel determinante en la preservación de estos valores. No basta con aprobar códigos éticos formales ni con recurrir a discursos grandilocuentes: es imprescindible garantizar su cumplimiento efectivo. La ejemplaridad comienza por un liderazgo con rigor y la designación de colaboradores cualificados y alineados con el interés general, aunque genere rubor recordarlo. Cuando personas de máxima confianza se ven implicadas de forma reiterada en casos de corrupción, y no se asumen responsabilidades ni se adoptan medidas contundentes, lo que aflora no es solo un problema de gestión, sino un déficit de honestidad política.

En estos casos, la responsabilidad política no puede eludirse. Exige decisiones claras y, llegado el caso, la renuncia al cargo como expresión de respeto institucional y de dignidad democrática. La confianza pública no se preserva con explicaciones tardías, como viene ocurriendo, sino con comportamientos ejemplares. El aplazamiento de la decisión sólo contribuye a agravar el problema y a deteriorar aún más la credibilidad del partido.

La militancia en un partido político implica un compromiso ético. No es solo una afinidad ideológica, sino una responsabilidad cívica. Actuar contra los propios principios que han venido sustentando el partido o defender lo contrario de lo que se cree rompe la coherencia y la ciudadanía lo percibe. La lealtad al partido no puede confundirse con la sumisión ni con la renuncia a la dignidad personal. Los partidos deben ser espacios de participación y no instrumentos al servicio de unos pocos. Hoy más que nunca se demandan responsables públicos coherentes, que no engañen y que asuman con honestidad los límites de su acción.

Para que la honestidad y la honradez dejen de ser una declaración retórica y se conviertan en una práctica real, es imprescindible reforzar los mecanismos institucionales. La rendición de cuentas, la independencia de los órganos de control, la transparencia en la contratación pública y el acceso a la información son pilares esenciales. Pero tampoco esto es suficiente sin una cultura política que valore la integridad y sancione la mentira, tanto en las urnas como en el debate público.

En definitiva, la regeneración democrática no se alcanzará únicamente combatiendo la corrupción, sino elevando el nivel de exigencia ética. No basta con no robar: es imprescindible no engañar.

Porque cuando se engaña, lo que se rompe no es solo la ley: es la confianza.