Posted By Redacción on 12, Ago, 2016

Comentaban los periodistas tras la primera conferencia de prensa de la alcaldesa, Clara Luquero, las consecuencias negativas que parecen tener sus cortas vacaciones en el mes de agosto, a cuyo regreso, comienza a ser tradicional, se suele encontrar un fuego que apagar. El incendio de este año es la polémica desatada por la tajante postura del portavoz y concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, negándose a aplicar la moción para auditar su departamento que logró sacar adelante la oposición en bloque.

El concejal inició la espiral con un discurso poco definido de “no porque no”, buscó después argumentos en el alto precio que supone que tendría la investigación técnica y el carácter no resolutivo de las mociones, y acabó apuntando que la aplicación del proyecto “Smart Digital” generará tal cambio en Urbanismo y su funcionamiento que no merece la pena examinar su funcionamiento actual, el argumento que finalmente ha convertido en “oficial” la regidora.

“La aplicación del proyecto de modernización incluye el diagnóstico y análisis de procedimientos en Urbanismo y otros departamentos”, subrayó Luquero hasta cuatro veces en su comparecencia para sostener la idea de que la auditoría que pide la oposición significaría duplicar trabajos que ya se prevén en “Smart Digital” y que significarían “ejecutar la mayoría, el 90 por ciento de lo que se pide en la moción”.

El proyecto “Smart Digital” seleccionado y subvencionado por el Ministerio de Industria para una inversión total de 2,2 millones y un periodo de aplicación previsto para el bienio 2017 y 2018 busca modernizar la administración mediante “mecanismos espectaculares de servicios públicos y comunicación con la ciudadanía”, según la alcaldesa.

Con el argumentario bien apuntalado, Luquero pasó de puntillas sobre las preguntas de los periodistas sobre el incumplimiento de una decisión de la mayoría absoluta del Consistorio —la oposición en bloque— aferrándose a la consideración de iniciativas “no resolutivas” que el reglamento otorga a las mociones.

No obstante, eludió las preguntas directas referidas a la parte del mismo reglamento que apunta que el primer paso para la aplicación de la moción pasa por la redacción de los informes técnicos que pongan precio a la auditoría y estudien la conveniencia de realizar modificaciones presupuestarias para dotar de partida económica al acuerdo.

Desconcierto.

El grupo municipal de Ciudadanos, promotor de la moción, a la que se refieren por su número de acuerdo, 195, se manifestó “desconcertado” por la postura de la alcaldesa, a la que acusan de carecer de “sentido institucional”, y también suspicaces, ya que “esta oposición absoluta a cumplir con el acuerdo plenario o realizar cualquier acercamiento a la oposición en esta materia, hace pensar que existan motivos que desconocemos los segovianos por los que no acepta el equipo de gobierno realizar la auditoría”, según explicaron en una nota de prensa.

C’s acusa al concejal Reguera de inflar la cifra que calcula que costaría la auditoría “con el único fin de persuadir a la opinión pública” y rechaza también la argumentación de que el gasto de ese trabajo no figura en presupuestos, recordando que las modificaciones presupuestarias son una constante en el Ayuntamiento segoviano, poniendo como ejemplos dos recientes acuerdos para hacer frente a pagos de sentencias por casi 4,7 millones.

El grupo reitera que seguirá exigiendo el cumplimiento del acuerdo 195 y advirtió a Luquero que “Los segovianos dejarán de confiar en una Alcaldesa y un equipo de gobierno que se niegan a cumplir los acuerdos plenarios” explica la portavoz, María José García.

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