La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento ha concedido este 28 de julio licencia urbanística para desarrollar el proyecto de legalización del inmueble, destinado a vivienda unifamiliar, local y garajes, en un nuevo intento de “hacer todo lo posible para evitar el derribo y los costes de indemnización”, de acuerdo con la regidora que admite que su equipo ya ha hecho antes “intentos infructuosos” de legalizar el edificio.
La aprobación de este jueves se encaja, en el ámbito urbanístico, con el Plan Especial de ordenación detallada del antiguo convento de San Agustín, que afecta al antiguo hospital policlínico y la parcela del colegio Concepcionistas, una planificación diseñada ad hoc para legalizar la casa de La Parra y evitar su derribo.
Luquero sostiene que se mantiene un contacto fluido con el Juzgado “al que comunicamos cada paso que damos”, aunque lo cierto es que sigue pendiente de ejecución la sentencia firme del TSJ que ordenaba el derribo y que también advirtió hace más de un año a la regidora que le giraría una multa de 500 euros por cada mes de retraso en cumplir la sentencia pero que nunca se ha cumplido. “Esa multa no se ha pagado nunca”, sentenció la regidora ante los periodistas.
No obstante, el Tribunal habría repetido esta advertencia sólo hace unos días, el pasado día 15 de julio, mediante una nueva providencia, según apunta IU en una nota emitida solo unos minutos después de la reunión del Gobierno local en la que reitera su deseo de que se ejecute el derribo y advierte que el incumplimiento de la orden judicial puede derivar en un proceso penal e incluso la inhabilitación de los gobernantes locales.
En el escrito, el portavoz de la coalición, Ángel Galindo, tacha de “irresponsable” la postura de los socialistas “por restar credibilidad a la Justicia cuando ha dado la razón a los vecinos que denunciaron hace más de 20 años”, además de subrayar que el TSJ ya ha dicho que no admitirá la legalización a través de un plan especial.
Más de 20 años.
El controvertido asunto de la Casa de la Parra se inició en 1993, cuando el Consistorio autorizó la construcción del edificio en una zona de huertas. En 1996, con el edificio ya en pie, la licencia se declaró nula y se produjeron las primeras denuncias en un largo proceso de reposiciones, recursos y contrarecursos… Con el proceso judicial abierto y una sentencia de derribo, el Ayuntamiento aprobó en 2012 la legalización del inmueble que iba a ser definitiva, pero nuevamente, el entonces líder de IU, Luis Peñalosa y un grupo de ciudadanos recurrieron y ganaron. El TSJ ordenó, mediante un auto, la ejecución de sentencia, un mandato que el Ayuntamiento sigue tratando de eludir pero que el alto tribunal regional tampoco fuerza con la contundencia que podría hacerlo.
29 julio, 2016
Tomando ejemplo del Parlament 😉
29 julio, 2016
El proyecto de esa casa nunca debió hacerse de la forma que se hizo, pero urbanismo del ayuntamiento le dio el visto bueno porque son unos incompetentes. Por orden judicial esa incompetencia nos va a costar un pastón a los segovianos. ¡A los segovianos, no a los responsables que permitieron eso! Y ahora sale la alcaldesa salvándonos la vida, para que no paguemos aquello que hicieron sus amigos. ¿Cuándo va a asumir alguien sus responsabilidades, y cuando van a dejar de justificarles sus actuales colegas de partido? ¿ Y cuando los votantes vamos a hacer ALGO?