Las sentencias están para cumplirse. También la de la casa de la Parra. Así se lo ha hecho saber el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante una providencia que ha recibido “personalmente” la alcaldesa, Clara Luquero, a la que se requiere para que “adopte las medidas oportunas para ejecutar la sentencia atendiendo a la normativa actualmente vigente” y adopte “las medidas pertinentes para el cumplimiento de la sentencia que dictara el mismo tribunal en junio pasado, en la que se mantenía la orden de derribo del inmueble si no se demostraba que cumple los requisitos del Plan General (PGOU).
El incumplimiento de la nueva orden tendrá repercusiones directamente sobre el bolsillo de la regidora: 500 euros mensuales de multa, tal como se advierte en el texto que ya ha sido recurrido por el Ayuntamiento, según ha confirmado a esta redacción el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera.
El texto ha sido divulgado este 12 de enero por el portavoz de IU, Luis Peñalosa, que consideró que “el error del Gobierno ha sido tratar de legalizar todo el edificio”, e instó al derribo del inmueble manteniendo los garajes y el local de abajo”.
La providencia del tribunal regional, fechada el 28 de enero pasado, insiste en la responsabilidad de la regidora para que adopte las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia “que no sean meras medidas para seguir dilatando el cumplimiento” en un plazo de quince días.
El coste del derribo de la casa de la Parra, construida sobre una huerta entre las calles Taray y San Agustín, se ha calculado en unos 200.000 euros, aunque el principal quebranto económico para la ciudad se derivará de los millonarios recursos que previsiblemente presentarán los propietarios, ya que la construcción se levantó en base a una licencia municipal concedida en 1993.
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