Estaba contratado, pero ni Raquel Fernández, ni Silvia Clemente, ni Luciana Miguel reclaman el voto de los ciudadanos desde la trasera del autobús urbano, aunque deberían llevar dos días haciendolo. Los responsables del PP y de UPyD, Miguel Ángel de Vicente y Félix Ortiz, creen que la situación se deriva de una artimaña del Gobierno municipal en el Ayuntamiento, de donde habría partido la orden de prohibir la publicidad electoral, aunque en el Consistorio se niega tajantemente esa suposición.
Lo cierto es que la prohibición está rodeada de puntos oscuros, empezando por el hecho de que se prohíba la publicidad electoral precisamente en campaña electoral, cuando tiene sentido, mientras que en el resto de las concesiones de urbanos del grupo Avanza que gestiona la misma agencia que en Segovia, Inca, no existen esas directrices y los candidatos de diferentes formaciones se anuncian en los vehículos desde el viernes.
Tampoco está claro el origen de la orden de prohibición —que se habría comunicado a Inca (la agencia que explota la publicidad en los autobuses) el 30 de marzo, según el gerente de Urbanos de Segovia, Antonio Ruiz— que los afectados insinúan que procede de instrucciones “verbales” del Ayuntamiento, ni el motivo por el que, existiendo esa prohibición, se cerraron los contratos de publicidad, el 31 de marzo.
Responsables de ambas formaciones políticas, la representante comercial de Inca y el montador de los anuncios se presentaron durante la noche del viernes, en la sede de Urbanos de Segovia para intentar instalar los anuncios, aunque, como ocurriera el día anterior —cuando comenzó oficialmente la campaña— les fue vetada la entrada. “No está permitido instalar esa publicidad”, dijeron tajantemente en la empresa.
El propio gerente de Urbanos de Segovia, mantuvo una conversación con el vicepresidente del PP, Miguel Ángel de Vicente, que aunque alcanzó una elevada tensión en los primeros minutos, acabó con un apretón de manos, pero con las puertas de la empresa cerradas para los instaladores de los vinilos.
Las explicaciones del gerente fueron escasas, ya que se limitó a señalar que cumplía las directrices recibidas desde la empresa y que los representantes de Inca conocían esta cuestión antes de celebrar los contratos con ambas formaciones.
La lucha por los soportes.
Que el PP colocara la imagen de su candidata a la Alcaldía, Raquel Fernández, en varios autobuses urbanos el pasado mes de marzo ya provocó la ira de los socialistas, a los que la acción de promoción pareció pillarles con el pie cambiado y que dirigieron sus críticas hacia los costes de la campaña.
El nuevo episodio, de nuevo a costa de los autobuses urbanos podría acabar resolviéndose en la Junta Electoral, donde, a instancias del Ayuntamiento, se ha fijado el foco en las pancartas que UPyD ha instalado en diferentes rotondas de la ciudad, aparentemente sin permisos para hacerlo.
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