Lo primero que uno hace al bajar del coche en Fuentepelayo es llenarse la nariz de aire. Y la verdad que nada. “Huy, esto ha mejorado totalmente. Desde hace tres meses, desde que pararon la planta, no huele, ahora no huele”, explicaba una vecina, mientras en la plaza empezaba a congregarse gente para la manifestación de No Más Mierda contra la ya famosa planta de compostaje de Agrogestión y Aplicaciones Ambientales.
En general, plataformeros o vecinos “a secas” coinciden en culpar a la planta tanto de los malos olores que meses atrás atufaban Fuentepelayo y municipios colindantes (Zarzuela, Aguilafuente, Lastras), como a uno de sus propietarios, Juan Francisco Cárdaba, de la espiral de ruedas pinchadas, pintadas, alguna que otra agresión, amenazas y, finalmente, del incendio del pajar de uno de los activistas. Intimidaciones que han terminado por instalar un clima de tensión en el pueblo y, que, en última instancia, ha motivado la manifestación del domingo, con más de 400 asistentes, dos terceras partes llegadas de los pueblos de al lado y no pocos desde Segovia ciudad.
De Fuentepelayo (900 habitantes) había muchos, sí, pero otros muchos también miraban y seguían como si la cosa no fuera con ellos. A la salida de misa un corrillo de señoras lo comentaba. “La gente tiene miedo. Él (el propietario) es muy prepotente; la gente le tiene miedo y manda a dos secuaces”, explicaban. Eso es una explicación, otra es el no señalarse políticamente ante una reivindicación marcadamente de izquierdas.
Así, entre los políticos desplazados se contaban los procuradores de Podemos y PSOE, Natalia del Barrio y José Luis Aceves. El concejal de IU en Segovia, acompañado de una decena de militantes, Ángel Galindo. Gente de Segoviemos y de colectivos conservacionistas. Tanto Podemos y PSOE, y muy especialmente IU, han protagonizado actuaciones ante las Cortes para denunciar la situación. Pero quizá los dos políticos que llamaron más la atención fueron el vicepresidente de la Diputación, José Luis Sanz Merino, y el diputado Antonio Sanz.
Como partido, el PP ha estado ausente de las declaraciones de apoyo tanto a José Luis Ordóñez, líder de la plataforma, como al alcalde, Daniel López,. “Nosotros estamos por que se cumpla la ley”, explicaba Sanz.
El curso de las investigaciones
También había policía, en concreto buena parte de la dotación de la Guardia Civil en Carbonero, vigilando discretamente la marcha de la manifestación (no hubo el menor altercado) así como los accesos al pueblo.
La actuación del cuerpo ha sido muy criticada tanto en lo tocante a las revisiones de la actividad de la planta (en 8 años de actividad previa a la plataforma solo se han detectado una pocas infracciones menores), como a atajar la espiral de vandalismo que han padecido los vecinos más señalados en la reivindicación por un aire sano. En la actualidad en Cuéllar se sigue una causa por agresiones, pendiente de fallo, con denuncias cruzadas de una y otra parte.
El alcalde, Daniel López, reconoce que la Guardia Civil “hace lo que puede” y que “desde el incendio han intensificado su presencia en Fuentepelayo”. Lo cierto es que sobre el vandalismo no hay testigos directo y, así las cosas, la investigación se centra en probar si los más de 50 puntos de vertido contaminantes denunciados por la plataforma proceden de la planta. En la última semana, el Seprona ha estado tomando muestras de las explotaciones de la zona. Buscan fertilizantes y herbicidas, muestras para su análisis por el Instituto Toxicólogico y al objeto de probar que las basuras contaminantes proceden de la planta de Agrogestión Ambiental.
Este parece ser el punto central de la investigación. En declaraciones a acueducto2, Cárdaba se ceñía a la legalidad de sus actividades, con reiteradas inspecciones de la Junta aprobadas, no niega que lo que produce su planta no huele precisamente a rosas pero afirma cumplir la ley. “Este es un pueblo ganadero de toda la vida. Aquí hay contaminación de cebaderos, de granjas. Lo más fácil es echarle la culpa a uno”, explicaba.
Para Ordóñez, con la planta paralizada y un proceso de investigación sin precedentes en marcha, “la reivindicación ha dado un salto cualitativo. Ahora hay que centrarse en valorar la contaminación tanto del suelo como del agua y subsanar cualquier toxicidad”. Para las próximas semanas, Ordóñez anuncia que se presentará un plan para la retirada de las montoneras. Con un poco de suerte, este verano Fuentepelayo pondrá fin a 8 años de olor a podrido.
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