Posted By Juan Luis Gordo on 26, Dic, 2025

Los últimos resultados electorales en Extremadura no son un episodio aislado ni una simple modificación del mapa electoral autonómico de una comunidad. Constituyen, más bien, un síntoma de una crisis política más profunda, o cambio de ciclo, al menos en el PSOE. Para los socialistas, estas elecciones se han planteado de facto como un plebiscito en torno a un cúmulo de escándalos —el caso del hermano del presidente del Gobierno, un candidato procesado y un clima general de descrédito—, con un resultado que les ha representado una auténtica hecatombe electoral; mientras que el PP, aún siendo la fuerza más votada, solo puede aspirar a gobernar con el apoyo de Vox. Una escena que amenaza con repetirse el 8 de febrero en Aragón, previsiblemente en marzo en Castilla y León, y que tampoco puede descartarse en Andalucía si se consolida la tendencia.

España se adentra así en 2026 con un cúmulo de retos políticos de enorme calado, que difícilmente podrán afrontarse sin un cambio de rumbo —o sin una llamada a las urnas— si el Gobierno es incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado en la próxima primavera. En ese escenario, la convocatoria de elecciones generales no sería solo razonable, sino necesaria; incluso podría tener sentido hacerlas coincidir con las andaluzas para evitar una larga travesía de interinidad y parálisis. Lo contrario supondría prolongar una agonía que, a tenor de las encuestas y de los resultados territoriales, podría conducir al PSOE a un escenario impensable hace apenas unos años: competir por el segundo puesto con Vox, siguiendo una senda no muy distinta de la observada recientemente en Alemania, sin descartar lo ocurrido en su día en Francia, Grecia o Italia.

El primer gran desafío de 2026 es, precisamente, la gobernabilidad presupuestaria en la que se traduce un proyecto político. Sin presupuestos no hay política económica capaz de ordenar prioridades, ni planificación social, ni credibilidad exterior. Nuestro país encadena prórrogas presupuestarias que transmiten improvisación y debilidad, tanto a los ciudadanos como a los mercados y a sus socios europeos. La incapacidad para articular mayorías estables en el Parlamento refleja la debilidad política del Gobierno y su dependencia de fuerzas cuya agenda poco tiene que ver con el interés general y mucho con la debilitación del Estado.

El segundo reto estructural es la vivienda, convertida ya en la principal fuente de frustración social, especialmente entre jóvenes y clases medias. España sufre una crisis de oferta agravada por la inseguridad jurídica, la demonización del propietario —hay tres millones de caseros que alquilan, según Hacienda—, la falta de suelo finalista y una maraña regulatoria que ahuyenta la inversión. Sin una política de vivienda basada en construir más, agilizar procedimientos y generar confianza, el problema seguirá alimentando desigualdad, desafección política y ruptura generacional. La respuesta al problema de la vivienda requiere una acción coordinada entre todas las administraciones y agentes implicados; es multifactorial y precisa tiempo, aun acertando con el algoritmo.

A ello se suma un contexto geopolítico extraordinariamente complejo: guerra en Ucrania, inestabilidad en Oriente Próximo, tensiones comerciales globales y una Unión Europea en pleno proceso de redefinición estratégica. España necesita un Gobierno con autoridad moral y solvencia política para defender sus intereses, atraer inversión y participar con peso en las decisiones clave. El descrédito interno —alimentado por escándalos sexuales y casos de corrupción adyacentes al partido del Gobierno— reduce drásticamente esa capacidad.

Pero ningún reto resulta hoy tan transversal y determinante como la pérdida de confianza ciudadana. La polarización extrema, utilizada como herramienta de movilización y blindaje político, ha vaciado de contenido el debate público y ha demostrado que gobernar contra media España puede ser rentable a corto plazo, pero muy malo a medio y largo plazo. Lo que se ha quebrado no es solo el equilibrio territorial o parlamentario, sino algo más profundo: la confianza en la política, en el presidente del Gobierno, en su Ejecutivo y en el proyecto político que encarna el PSOE en su conjunto, erosionada además por episodios que alimentan la sensación de intriga y desgaste permanente, como los protagonizados por su último expresidente del Gobierno. Cuando la política deriva en una suma de defensas tácticas, relatos cambiantes y resistencias numantinas, la legitimidad se deteriora y la democracia se convierte en una batalla de trincheras. Frente a ello, una mayoría social seguimos apostando por la concordia, el respeto institucional, reglas claras y una mínima lealtad constitucional.

Todo ello conduce al último y quizá más decisivo desafío: el cambio de cultura política. España necesita abandonar la política del relato, de la épica permanente y de la propaganda defensiva, de los vídeos y fotos superficiales repletos de frivolidad, para volver a una cultura de gestión, resultados y rendición de cuentas. Gobernar no es resistir; es resolver problemas concretos. No es dividir, sino ordenar prioridades. No es colonizar instituciones, sino fortalecerlas.

La gobernanza del futuro exige seguridad jurídica, previsibilidad normativa y confianza mutua entre Estado, empresas y ciudadanos. Y sin ellas, no hay proyecto de país posible. 2026 será, por tanto, un año decisivo: o se corrige el rumbo con legitimidad renovada y capacidad real de gestión, o España corre el riesgo de quedar atrapada en un bucle de polarización, bloqueo y deterioro institucional del que costará salir.