Posted By Redacción on 20, Abr, 2021

Evento en la CCC.

Sigue el acoso de la oposición contra la concejala Gina Aguiar por cuenta de nuevos casos de pagos fraccionados, en este caso siendo beneficiario su hermano, Luis Aguiar, en calidad de técnico del Centro de Creación La Cárcel de Segovia. Aguiar es el técnico audiovisual “oficial” de la sala desde hace más de una década, mucho antes de que su hermana, gestora cultural de profesión, se incorporara a la política (2019). Luis Aguiar prestaba el servicio bajo la fórmula de “contrato negociado sin publicidad”, prácticamente a dedo, por cantidades que oscilan entre los 24.000 y 29.000€ anuales. Pero tal como denunció Podemos, en 2017, con el cambio en la ley de contratos del Estado, se obligaba a las administraciones a sacar a concurso los servicios que superaran los 15.000€. Cultura procedió entonces a fragmentar los honorarios de Aguiar basándose en contratos menores. Una fórmula que ya le valió al consistorio segoviano una sentencia condenatoria por el caso Trípode, pero que, también en el caso del hermano de la concejala,  Luquero justifica en la medida que no ha habido aún tiempo material de adaptar esta tipología de contratos a la nueva ley, en vigor desde 2018..

A esto se añade las revelaciones efectuadas el 19 de abril por el portavoz del PP, Pablo Pérez, y según el cual, y además, Luis Aguiar cobra aparte (a razón de unos 30€ la hora)  cuando la actividad no está específicamente organizada por el ayuntamiento. Es el caso, según denuncia Pérez, de asambleas de asociaciones, colegios profesionales, pero también de actos del IMD o de la Fundación Juan de Borbón, que aunque son entidades dependientes del ayuntamiento tienen una identidad fiscal propia. Para Pérez  “tras 18 años al frente del Ayuntamiento, el Grupo Socialista ha convertido el consistorio en su cortijo particular”.

¿Tergiversación o cortijo?

Por su parte, y una vez más, el ayuntamiento sale en defensa de la ex-concejala de Cultura, desde el caso Tripode en Turismo, con una nota en la que tilda de “tergiversaciones” las acusaciones del PP. “El contrato con la empresa adjudicataria se realiza por un número concreto de jornadas en la Carcel Centro de Creación o cuando los equipos se utilizan en otras dependencias municipales o en actividades programadas por la concejalía de Cultura”, explica el consistorio.  Ahora bien, según reconoce el propio consistorio cuando se cede la sala a otras entidades, son los beneficiarios de la sesión los que pagan a la empresa, es decir, a Luis Aguiar, y eso por cuanto es política del consistorio que solo una empresa manipule los equipos técnicos de la sala.

Pablo Pérez.

Frente a ello Pérez, manifiesta su extrañeza por la cesión en exclusiva de la gestión de los equipos al mismo técnico, al tiempo que incide en la literalidad del decreto de 2020 que adjudica a Luis Aguiar por 13.600€ más IVA y por un periodo de seis meses la prestación de los servicios técnicos de iluminación, sonido y audiovisuales. Literalmente el decreto dice que se le contrata para “todas las actividades a desarrollar de acuerdo con el proyecto artístico y el espacio [la Cárcel Centro de Creación] así como en otros espacios culturales del Ayuntamiento de Segovia (sobre todo Alhóndiga y San Nicolás). Estas actividades se organizan mayoritariamente por la concejalía de Cultura, pero también las hay organizadas por otras concejalías“.

Así que la nueva encrucijada en que se encuentra Gina Aguiar puede sustanciarse en: ¿son esos bolos “extras” que el técnico cobra legítimamente cuando trabaja para entidades ajenas al Ayuntamiento, o es un cobro abusivo por cuanto el técnico ya cobra del consistorio para prestar ese servicio concreto? ¿Es normal que un técnico de este tipo opere en exclusividad? Está claro que para el ayuntamiento es lo primero y para la oposición, Podemos incluido, lo segundo.

¿Qué pasa en el Juan Bravo?

¿Pero qué ocurre en otras salas públicas? ¿Cuál es la política, por ejemplo, del Juan Bravo, de titularidad de la Diputación? Según afirman en Diputación, no hay un único responsable de los equipos. En realidad, la relación de puestos de trabajo de la Diputación contempla una plaza como técnico audiovisual del teatro, plaza actualmente vacante y que se cubre función a función tirando de una bolsa de empleo específica para el puesto. Las contrataciones se hacen por obra y servicio, es decir, cada cuando hay necesidad del técnico, y el diputado responsable, José María Bravo, asegura que “hemos contratado a varias personas, no hay un único técnico encargado de eso”. Cuando hay una cesión a otra entidad “no lucrativa”, es Diputación la que paga a los técnicos, no los colectivos beneficiados. Ahora bien, Bravo reconoce también dos detalles importantes. En primer lugar que antes del covid “costaba encontrar técnicos” y que  en lo tocante a compañías y en función del contrato que se tenga a veces son las propias compañías las que subcontratan a los técnicos que precisen o ellos mismos asumen el apartado técnico, de manera que, al decir de Bravo, no hay una política de técnico exclusivo como sí es el caso de La Cárcel Centro de Creación. Huelga decir que el PSOE de la Diputación lo está estudiando detenidamente.

En definitiva, que todo indica la existencia de un claro trato de favor para con el hermano de la concejala, trato de favor que en cualquier caso se remonta a 2011, mucho antes de la incorporación a la política de la aún concejala, pero que Gina Aguiar no solo consintió y mantuvo, sino que lo hizo nuevamente fragmentando pagos e incumpliendo la ley de contratos. Según la explicación oficial “porque no ha habido tiempo” de ponerse al día con la nueva ley de 2017. La polémica, pues, continuará…