Un auto firmado en diciembre pasado por la jueza del Juzgado número 1 de Segovia, Beatriz Rico, ordena el sobreseimiento del proceso civil iniciado por la Fundación Caja Segovia contra los doce miembros del consejo de administración de la extinta Caja Segovia, ademas de la aseguradora Caser , que aprobaron la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros inmuebles de la entidad para avalar un préstamo de casi siete millones con el que enjugar las deudas fiscales de una operación inmobiliaria fallida en Asturias en la que se había embarcado años antes la Caja.
El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, el día que anunció el acuerdo con Bankia.
La jueza ha interrumpido el proceso sin entrar en el fondo del asunto al admitir en el trámite de audiencia previa al juicio —cuyo señalamiento, para el 17 de febrero ha quedado sin efecto— una alegación presentada por el abogado que comparten el expresidente de la Caja, Atilano Soto, los exvicepresidentes, Elena García Gil y Manuel Agudíez y Caser, argumentando la excepción de “falta de legitimación activa”, al entender que no se ha acreditado documentalmente y con concreción qué miembros del Patronato de la Fundación adoptaron el acuerdo de iniciar la demanda y su motivación.
Los demandantes aportaron una certificación emitida por la secretaria del Patronato en abril de 2018 que confirmaba que la interposición de la demanda y el inicio de las acciones judiciales civiles se sustentaba en una decisión tomada “por unanimidad de los diez miembros presentes [del Patronato], si bien, el documento es insuficiente para la jueza que afirma que es sólo una “certificación que recoge parcialmente un acuerdo (…) en el que no consta los miembros del Patronato que adoptaron el mismo y cual es su motivación” estimando por ello la excepción propuesta por el abogado de “falta de legitimación activa o falta de acción” sobreseyendo por ello el caso.
El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, ha puesto en duda la decisión de la jueza ya que considera que “el acuerdo del Patronato está plenamente justificado” por lo que anunció que el organismo heredero de la Caja apelará la decisión ante la Audiencia provincial, convencido de que se admitirá la queja y el proceso judicial seguirá adelante. No obstante, lamentó que la nueva situación generará nuevos retrasos en un proceso que ya dura más de dos años y medio desde que se iniciara, en el verano de 2018.
Retirada del proceso penal
El proceso penal del caso Torreón de Lozoya quedó interrumpido cuando la Fundación se retiró como acusación particular tras el acuerdo que alcanzaron el organismo y Bankia por el que el banco liberaba totalmente la hipoteca a cambio de quedarse con toda la sede de la avenida del Acueducto y otros inmuebles. Sin acusación particular y sin que el fiscal presentara cargos, los jueces desestimaron entonces que el juicio se mantuviera abierto sólo con la acusación popular de IU.
Paralelamente, la Fundación decidió entonces acudir a la vía civil para tratar de resarcirse económicamente y reclamar los perjuicios económicos derivados de la famosa hipoteca, incluyendo las cantidades de la pagadas antes del acuerdo, los intereses y el coste de los inmuebles entregados a Bankia: unos 2,5 millones de euros en total.
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