Patio de la casa de Abraham Senneor, donde se ubica la oficina del coordinador cultural.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Segovia ha anulado el proceso de selección del coordinador de actividades culturales de Segovia que se adjudicó al periodista y escritor, José Antonio Gómez Municio y ha ordenado retrotraer el proceso a su mismo inicio, en la fase de oposición, de la que se tendrán que realizar de nuevo los dos ejercicios de los que constaba acorde a las bases de la convocatoria y con absoluta claridad en los criterios de evaluación y puntuación, aspectos que no se reflejaban en las pruebas ahora suspendidas.
El juzgado segoviano da así la razón, en parte, a uno de los concursantes, Rafael Ruiz, que impugnó el proceso argumentando la existencia de defectos de procedimiento, además de cuestionar la validez de los miembros del tribunal, y manda repetir las pruebas de oposición, mientras que no entra a valorar el resultado de la fase de concurso, posterior al de oposición.
El juez, Raúl Martín, ordena que se vuelva atrás retrotrayendo todo el proceso para que se fijen nuevos ejercicios, —aunque distintos a los ya realizados anteriormente— para las dos pruebas de oposición aunque, a diferencia de lo que ocurrió entonces, el tribunal deberá indicar explícitamente, antes de realizar los exámenes, cuáles son los criterios de evaluación que seguirá, mientras que una vez concluidos, cada miembro del mismo tribunal deberá explicar, también con detalle, los elementos concretos que tenga en cuenta para decidir la nota que otorga a cada opositor.
En los fundamentos de derecho del fallo, dictado el pasado 7 de marzo, el juez subraya que al no haberse fijado antes de las pruebas los criterios de evaluación, los aspirantes podían haber visto conculcados sus derechos, ya que acudían a realizarlas sin saber exactamente la importancia que tendría cada una de las partes de los ejercicios, conculcando el principio de transparencia y la garantía de objetividad e igualdad en los principios selectivos.
Resalta igualmente la obligatoriedad de que los participantes puedan conocer pormenorizadamente los motivos de puntuación de los ejercicios para poder garantizar la licitud del proceso y evitar posibles arbitrariedades o cambios de las valoraciones de los jueces tras las pruebas en favor de alguno de los candidatos.
Por otra parte, el magistrado rechaza otros argumentos del demandante, sobre la cualificación de los miembros del jurado y los cambios que se produjeron en el tribunal al inicio del proceso.
Oposiciones cuestionadas.
La decisión judicial —que impone costas al Ayuntamiento y al propio Gomez Municio y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en Burgos— supone un nuevo varapalo para el Gobierno municipal que preside Clara Luquero, que ya se vio obligado a repetir las oposiciones de bomberos que celebró el pasado verano tras cuestionar varios concursantes el proceso, que finalmente quedó desierto tras un tercer y dificilísimo ejercicio que no logró superar ningún aspirante, y que ahora ve rechazado en los juzgados el proceso que llevó a Gómez Municio a tomar posesión de la plaza de coordinador cultural el pasado 23 de noviembre.
En todos los casos, la propia Luquero y las concejalas de Personal y de Cultura, Marisa Delgado y Marifé Santiago, sostuvieron ante la opinión pública que las pruebas se estaban realizando “de acuerdo a la legalidad, de forma correcta y transparente“, afirmaciones ahora cuestionadas de nuevo desde el juzgado.
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