El juez dice que hubo intención deliberada de eludir la ley en el contrato del hermano Aguiar

Posted By Redacción on 29, Jun, 2021

El juez del contencioso administrativo de Segovia ha sentenciado a favor del demandante, el PP de Segovia, contra el Ayuntamiento de Segovia en el pleito por el decreto de alcaldía de 29 de enero de 2021 por el que se contrataba por 13.500€ a Luis Aguiar, hermano de la entonces concejala de Cultura, Gina Aguiar, como técnico del centro cultural La Cárcel. El juez estima en su totalidad los argumentos de los demandantes, según los cuales el contrato es nulo de pleno derecho por incumplir la normativa en materia de contratación. El decreto de adjudicación, por tanto, es nulo, y además el Ayuntamiento de Segovia deberá pagar las costas del proceso con un límite máximo de 750€. La sentencia no es recurrible por lo que el fallo es firme.

Aguiar, junto a Luquero, cuando se conoció su cese al frente de Cultura.

El juez estima doblemente nulo el contrato, por suponer una forma de fraccionamiento que contraviene la Ley de Contratos del Sector Público, y por haberse hecho sin el preceptivo informe de la secretaría general del consistorio.

Deliberada finalidad de eludir los controles administrativos

Sobre lo primero, el juez detecta que se ha fraccionado un pago de 27.000€ anuales en dos de 13.500€ (sin IVA). “La actuación municipal objeto de impugnación es claramente ilegal, dado que es evidente que la necesidad de los servicios de coordinación y asistencia técnica en La Cárcel de Segovia no obedecía a actuaciones meramente puntuales… y por eso la finalidad de la forma de contratación prevista pretende eludir los controles administrativos“, estima el juez en la sentencia. Es nulo igualmente por cuanto no se acepta la invocación a la “agilidad perentoria” para justificar la falta de informe del secretario.

Sin embargo, la sentencia no estima el argumento esgrimido por la demanda según el cual el contrato era igualmente nulo al existir una relación de parentesco entre la concejala responsable del área y el contratado. Considera que en este caso el órgano de contratación fue la alcaldía de Segovia, no concurriendo pues una relación de parentesco entre contratante y contratador.

El Ayuntamiento considera que se le ha dado la razón

A esta parte se aferra el Ayuntamiento de Segovia para, en una nota de prensa, tratar de invertir el sentido de la sentencia y ver la botella medio llena. Considera el ayuntamiento que la decisión judicial confirma lo dicho por Clara Luquero, de que no hubo amiguismo en la contratación o clientelismo de ningún tipo (algo en lo que mediáticamente el PP ha puesto especial énfasis). También hace una lectura sui generis del fallo estimando que viene a ratificar el carácter erróneo de la contratación. Para el Ayuntamiento fue un error involuntario y ya está.

Pero no es exactamente así, como indicaba a su vez el PP en una “contra-nota” de prensa a la del equipo de gobierno, frente a la lectura “absolutoria” que hace el ayuntamiento el auto da por cierto -y lo hace en varias ocasiones- la “intención deliberada” de los coordinadores de cultura de eludir el control administrativo procediendo al fraccionamiento. Como por otra parte ya ocurriera con el anterior revés judicial contra el área de cultura por el caso Trípode.

“Sorprende ver cómo el gobierno municipal socialista hace una lectura penal de un proceso contencioso administratvo y cómo la alcaldesa -que es quien  firma el decreto de adjudicación– intenta confundir a los ciudadanos intentando esconder un procedimiento ilegal, amparado por su firma”, dice el PP.