Posted By Alfonso Ceballos-Escalera y Gila on 8, Feb, 2026

Un ‘bluf’ no es más que un montaje propagandístico destinado a crear un concepto que posteriormente se revela falso o falto de fundamento. Es el caso de la Zona de Bajas Emisiones que el PPsoe acaba de aprobar para complicar y deteriorar la vida cotidiana de los vecinos de Segovia, de la ciudad y de la provincia.

Empecemos por denunciar la falsía de la escusa pseudoecológica. Dejando aparte que Segovia -abierta a todos los vientos y en la falda de la Sierra-, no tiene malos aires, ni mucho menos contaminación, resulta que el recinto amurallado de la ciudad ocupa unos dos kilómetros cuadrados, que representan el 0,000032% de la superficie total del planeta Tierra (aproximadamente 510.072.000 km²). Y concentrarse obsesivamente en los vehículos privados, mientras se ignoran otras fuentes de contaminación, es un enfoque reduccionista que difícilmente resolverá el supuesto problema de fondo. La imposición de las ZBE es presentada como la única solución posible, cuando existen alternativas mucho menos lesivas y potencialmente más efectivas pero que requieren inversión pública sustancial y planificación a largo plazo (algo que parece menos atractivo políticamente que la prohibición inmediata). Y no hablemos de la hipocresía de las excepciones previstas, pura contradicción porque, si la contaminación es realmente un problema de salud pública tan grave como para justificar prohibiciones masivas, ¿por qué ciertos vehículos contaminantes sí que van a poder circular…?.

En fin, lo que quiero decir que nadie en su sano juicio puede pensar seriamente que con la flamante ZBE segoviana vayamos a salvar el planeta. Ni a mejorar el aire de la ciudad, ni tampoco su movilidad. Va a ser inútil.

Pero a mí me parece más relevante el asunto de la libertad de los segovianos. Y es que la recién aprobada ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Segovia, es una restricción injusta y desproporcionada de la libertad de movimiento de los segovianos.

Vayamos por partes. La Unión Europea obliga al Ayuntamiento de Segovia a controlar la calidad del aire en la ciudad y a tomar decisiones razonables para mejorarla, pero en ningún momento ha mandado que se implanten zonas de bajas emisiones con prohibiciones de acceso y circulación. Eso lo hizo por su cuenta el Gobierno socialista del inefable Sánchez con la Ley 7/2021 del Clima Cambiático y Transición al Socialismo, imponiendo esas ZBE obligatorias en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, sin apenas margen de adaptación local. El PP, que se abstuvo entonces, ahora las aplica sin cuestionarlas, como siempre hace ese partido tan aliado del Psoe.

También es falso el argumento del ‘consenso europeo’. La vecina Francia, tan celosa de su medio ambiente, ha decidido desactivar sus Zones à Faibles Émissions en todas sus ciudades, en mayo de 2025, porque son inútiles y perjudiciales. Y en Londres ya se plantean hacer lo mismo con su controvertida Ultra Low Emission Zone. La realidad está superando a la ideología (social-comunista), en toda Europa, y la pregunta es obvia: ¿por qué España persiste en implementar un modelo fracasado?

Como siempre hace la izquierda, envuelve en papel de colores un caramelito envenenado. Porque no estamos hablando de una cuestión de medio ambiente, ni de calidad del aire, ni ecológica. No: de lo que estamos hablando es de recortar derechos y de controlar a la población. Hay que decirlo. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo admiten y reconocen los propios cómplices de la fechoría. El director general socialista de Tráfico, Pere Navarro, lo ha dicho alto y claro en este mes: lo que quieren imponer es que ningún coche privado, ni eléctrico ni a pedales, pueda entrar en las ciudades. ¿Y eso, por qué razón? No, ninguna razón, es solo porque su sectarismo ideológico le mueve a controlar a la población, solo eso. Por eso nos van imponiendo, gota a gota, esos instrumentos de control: la ORA (¿por qué tenemos que pagar para aparcar?), las etiquetas, las balizas geolocalizables (gran negocio para algunos), el acceso libre a las redes de internet, y tantas otras cosas como el inicuo euro digital. Llaman ‘proporcionalidad’ a prohibir el acceso a quien no puede pagar un coche nuevo. Llaman ‘consenso’ a trámites con cero alegaciones porque la gente está cansada o no se entera. Llaman ‘progreso’ a crear barreras de clase en nuestra ciudad. Llaman ‘futuro’ a recortar derechos.

Sí: esta ordenanza recorta derechos y crea barreras de clase en el corazón de nuestra ciudad: limita el acceso al centro histórico, al trabajo, al colegio, a las compras, a la familia. Castiga especialmente a quienes menos tienen: familias humildes, autónomos, jubilados, pequeños comerciantes y profesionales que dependen de sus vehículos para trabajar, porque no pueden cambiar de coche cada pocos años. Y castiga duramente a la ‘España vaciada’: a nuestros convecinos de los pueblos, que han de venir a la capital de la provincia a sus trámites y gestiones. El argumento de que ‘pueden usar el transporte público’ revela un profundo desconocimiento -o un desprecio- hacia la realidad de la España no metropolitana, porque en muchas zonas rurales el transporte público es prácticamente inexistente. Quienes viven fuera de la ciudad quedan así excluidos, profundizando la marginación de las zonas rurales y acelerando su despoblación.

Como dice con acierto mi amigo Bucesta, la ZBE no es un instrumento técnico, es el experimento de lo absurdo. El político completamente ciego decide quién merece la absolución ecológica y quién debe arder en el infierno. El ciudadano, reducido a contribuyente, se transforma en peatón sin derechos. Entretanto el coche, villano oficial del relato, no ha desaparecido… No faltan en este entuerto las bulas municipales: vehículos que por razones tan misteriosas como oportunas pueden entrar donde se les antoje. Al parecer la contaminación disminuye cuando se viaja en coche oficial, porque lo que realmente importa no es lo que emites… Pasear por la ciudad se ha convertido en una compleja lucha de clases: el resultado es una ciudad dividida en bandos que fingen no existir: barrios vencedores y barrios vencidos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en una guerra civil silenciosa… con pegatinas, distintivos y aplicaciones que te señalan como aliado o como enemigo...

Por cierto: de la calidad del aire en Segovia nadie habla, porque nadie se ha tomado la molestia de hacer mediciones de ella con criterios científicos -apenas hay cinco aparatos de medida en toda la urbe-. Buena muestra es todo ello de que lo que mueve a los patrocinadores de la ZBE a perpetrar este atropello a la libertad de los segovianos no es la calidad del aire, sino otra cosa.

Tampoco se justifica que la ZBE se imponga sobre el centro amurallado, que es precisamente donde apenas hay tráfico allí ¿por qué no la imponen en dónde sí que pudiera ser posible que hubiese mala calidad del aire, en las calles de San Gabriel, Padre Claret, Ezequiel González o Conde de Sepúlveda?

El PPsoe del inefable Sánchez y del inefable Feijoy, de Feijoy y de Sánchez, ha subsanado ante los tribunales de justicia un defecto formal, sí, pero soslayan el problema de fondo: esta ZBE no es necesaria en Segovia. Señores y señoras del PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos: escucho que defienden esta ordenanza ‘porque es legal y obligatoria’. Sí, es obligatoria solo porque lo dice una ley del Gobierno socialista de Sánchez, y por la sumisión de la falsa oposición de Feijoy, pero eso no la hace justa ni la hace necesaria. No mientan: la Unión Europea no impone prohibiciones de circulación; impone mejorar la calidad del aire, y hay muchas formas de hacerlo sin restringir la libertad de movimiento y sin castigar a las familias más humildes. Sin dejarlas caer en la injusticia de la exclusión social.

Desde el grupo municipal VOX Segovia defendemos el derecho constitucional de los segovianos a circular libremente, defendemos la igualdad real de los segovianos, y defendemos a las familias trabajadoras, frente las agendas ideológicas impuestas desde el PPsoe a través de Bruselas y de Madrid. Por eso hemos votado no a esta malhadada ordenanza: porque los vecinos de Segovia merecen gozar de una movilidad libre y total, y no merecen que se les recorten sus derechos por restricciones ideológicas injustificadas e inaceptables. VOX no se esconde: estamos en contra de las ZBE -de todas-, porque atentan contra la libertad y la igualdad real, y seguiremos defendiendo a los segovianos que no pueden permitirse esta ‘agenda verde’ -más bien ‘agenda verdirroja y socialista’- que solo beneficia a unos pocos.

Por eso me atrevo a pronosticar una corta vida a la ZBE segoviana del PPsoe, porque en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, si los segovianos quieren recuperar sus libertades, las tornas van a cambiar mucho en el Ayuntamiento de Segovia, y podremos lograr su derogación.