Una de cada cuatro demandas resueltas contra el ayuntamiento de Segovia en 2013 se saldaron con sentencias desfavorables a los intereses del ayuntamiento. De 61 juicios habidos el pasado año, 17 están pendientes de fallo, en tanto 10 se saldaron con sentencia condenatoria y otros 34 absolutoria. Son datos facilitados por el propio ayuntamiento, cuyo alcalde, Pedro Arahuetes, prefirió ver la botella medio llena señalando que perder “solo” el 22% de sentencias es una “barbaridad; tener cerca del 80% de casos ganados es una estadística que seguramente ni siquiera los mejores despachos de abogados de España tienen”, dijo.
Y es cierto, “un bufete suele ganar el 50% de los casos, en la medida que se defiende tanto a la víctima como al acusado. Si te especializas en acusados perderás más, si en víctimas menos”, explica un abogado. El problema, obvio, es que el ayuntamiento no es un bufete.
Desde la oposición, como era de esperar, ven la botella medio vacía. “Que por cada demanda que se plantee perdamos 10 y ganemos 30 es sintomático de que las cosas se están haciendo mal. En circunstancias normales, la actuación municipal debería ser neutra, conforme a la ley siempre”, explican en el PP.
Indemnizaciones fuera del presupuestos
Otro dato polémico es la cantidad que el ayuntamiento dice haberse ahorrado con motivo de las “victorias” judiciales. En concreto, Arahuetes habló de 1.8 millones de euros de saldo positivo, cifra resultante del ahorro entre las indemnizaciones que se solicitaban y las que finalmente se pagaron. Supóngase que me reclaman 100 euros pero yo consigo reducir esa cantidad a 88. ¿Realmente puede hablarse de un ahorro? “No entiendo esos números. La realidad es que, ahora mismo, y de lo poco que sabemos, el ayuntamiento se enfrenta a indemnizaciones pendientes por cerca de 5 millones en el caso de la demanda por particulares contra una expropiación en la Vía Roma, y otra de cerca de un millón de euros en Jerónimo de Aliaga, ambas están pendientes de pago y en los presupuestos de 2014 no se consigna ni un euro para afrontar estos pagos”, señaló el jefe de la oposición, Jesús Postigo, para quien las indemnizaciones pendientes de pago pero no presupuestadas son “la deuda opaca que arrastra el ayuntamiento”.
En cuanto a la litigiosidad, el propio alcalde reconoció que para la población de Segovia el nivel de pleitos contra el ayuntamiento “es muy elevado”. Felizmente para el ayuntamiento, y según explican desde el gabinete Codina y Asociados, que desde hace varias décadas defiende la acción municipal, “desde la ley de tasas, y muy especialmente la clarificación de normativa relativa a vehículos, notamos un significativo descenso en la litigiosidad de los ciudadanos”, explicaba recientemente José Ramón Codina. Frente a 85 casos resueltos en 2010 (año de máxima actividad judicial) se ha pasado a 44 en 2013.
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