La sección sindical de CGT en la Junta de Castilla y León ha denunciado este viernes la presencia “alarmante y persistente” de ratas en la Residencia de Personas Mayores de Segovia, dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El sindicato sostiene que se trata de un “grave problema de salud pública” en un centro que atiende a personas mayores y dependientes, y ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo por el riesgo higiénico-sanitario que, a su juicio, afecta tanto a residentes como a la plantilla.

Según el relato del sindicato, la primera alerta formal se produjo el 15 de enero de 2026, cuando se notificó la presencia de roedores que accedían a los alimentos en la tercera planta. El 12 de marzo presentaron tres escritos simultáneos ante la Dirección del centro, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en los que advertían de que las ratas habían llegado a la lavandería y subido hasta la cuarta planta. Posteriormente, el 9 de abril y el 27 de mayo, solicitaron una inspección al Servicio Territorial de Sanidad. La denuncia ante Inspección de Trabajo se interpuso este mismo 29 de mayo.

CGT asegura disponer de “vídeos y fotografías” recientes que muestran la presencia de roedores en distintas dependencias y considera “absolutamente inasumible e intolerable” que la situación se mantenga meses después del primer aviso.

El sindicato critica las medidas adoptadas hasta ahora —que describe como “precarias”, citando el uso de “cartones de huevos en los sumideros o trampas básicas”— y atribuye la cronificación del problema a una “dejadez de funciones” de la Gerencia y de la Junta. La central anuncia que llegará “hasta las últimas consecuencias legales” si la administración no aborda una desratización “inmediata, integral y definitiva”.

La información procede en exclusiva del sindicato y no ha sido contrastada oficialmente por la Consejería de Familia ni por la dirección del centro. La portavoz de la sección sindical, Nuria Isabel Negro Blanco, y la delegada María Jesús Martín Arribas, trabajadora de la propia residencia, figuran como interlocutoras de la denuncia.