La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, proclamó el jueves ante los medios de comunicación que un auto judicial —que no entregó ni mostró a los informadores, pese a las peticiones directas de este periódico— abría la puerta a eludir la sentencia que obliga a derribar la casa de la Parra y llegó a “dar por resuelto” el problema del edificio.
Pero la realidad es bien distinta. Lo cierto es que el auto desestima el último recurso del Ayuntamiento incluyendo la imposición de costas, sostiene que la sentencia de derribo es firme y afea que no comunicara las actuaciones realizadas desde Urbanismo para tratar de legalizar el edificio.
El auto (puede verlo completo pinchando aquí) fue finalmente remitido a las redacciones desde la Alcaldía a las 11 de la mañana de este 18 de noviembre, 24 horas después de la rueda de prensa en la que Luquero hizo su propia lectura triunfalista, que en nada se parece a lo escrito por los jueces, aunque desde su gabinete no se ha producido rectificación alguna de sus declaraciones ni se ha aclarado si la interpretación errónea se debió a la improvisación a la hora de dar la noticia o a otros motivos.
El que se ha convertido en polémico auto es en realidad un contundente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazando un recurso del Ayuntamiento ante el último aviso, en forma de providencia, que los magistrados dieron, el 15 de julio, para que cumpliera la sentencia de derribo de la casa de la Parra.
En el texto legal se deja claro que si bien el Ayuntamiento ha realizado “actuaciones tendentes a regularizar la situación” (en referencia al Plan Especial del antiguo convento de San Agustín) advierte al Consistorio que “no es al que le corresponde afirmar que ha ejecutado la sentencia porque se ha procedido a restaurar la legalidad urbanística” y recuerda que el procedimiento correcto es el de comunicar las actuaciones ‘legalizadoras’ al Tribunal, lo que no había ocurrido cuando se dictó la providencia.
Por el mismo motivo, no haber instado al TSJ “en forma” la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, el auto subraya la vigencia de la orden de demolición: “debemos entender que es posible su ejecución [el derribo] y que procede por tanto a llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello”, se lee en el auto.
Los jueces recalcan al Ayuntamiento que no debe extrañarse de que la Sala crea que “existe una reticente actitud de no ejecutar la sentencia” pues “basta ver la fecha en la que se dictó la sentencia [en 2012] y la fecha en la que nos encontramos”.
La única puerta abierta.
Pese al rotundo varapalo, en el auto sí se deja un resquicio al mantenimiento en pie del edificio, o al menos se marca el camino para que el Ayuntamiento lo intente, indicando los jueces que se les deben comunicar formalmente las modificaciones urbanísticas que se han hecho para legalizar el edificio. “Lo que procede es que el Ayuntamiento inste en debida forma la imposibilidad de ejecutar la sentencia en sus propios términos” conforme a artículos concretos de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Superior.
Diputación
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19 noviembre, 2016
Lo dicho, cada uno entiende lo que interesa entender.
19 noviembre, 2016
Yo lo de esta señora no lo entiendo. No hemos tenido un/a alcalde/alcaldesa igual desde el despreocupado José Antonio López Arranz. ¡Y eso que yo la he votado, he!
19 noviembre, 2016
Normal que la oposición solicite un informe con la deuda contraída por este desastroso equipo de gobierno, más pendiente de foto y pose, que de gestionar con eficiencia la ciudad y sus recursos.
19 noviembre, 2016
Es increíble. Cada semana el Ayuntamiento tiene un follón (o dos).
1. Esta semana ha tocado el sainete de la sentencia judicial de la casa de la Parra. La alcaldesa ha hecho una interpretación surrealista de la sentencia. Básicamente (a juzgar por lo que dice este artículo) Luquero ha entendido lo contrario de lo que dictamina el Juez. ¡Segovia se merece un equipo de gobierno con comprensión lectora!
2. También hemos conocido la chapuza de Avenida de la Constitución en forma de blandones y baches en una obra recién inaugurada. Por lo visto, la orden de “acabar cuanto antes” ha derivado en una chapuza de dimensiones catastróficas.
Hoy es sábado. ¿¡Qué nuevo follón deparará la semana que viene? Suena con fuerza el CAT (para variar) o una nueva sentencia judicial. Es chocante como un Ayuntamiento de 50.000 habitantes puede estar tan mal gestionado. No creo que ni en el mismísimo Ayuntamiento de Madrid tengan tantos follones.
A todo esto: nos va a dar la risa el presupuesto del año que viene. La gestión desastrosa, antes o después, acaba repercutiendo en forma de subida de impuestos o en aumento de deuda…
20 noviembre, 2016
Sra. Alcaldesa, entonces, ¿en qué quedamos?
24 noviembre, 2016
Los representantes municipales del PSOE e IU firmaron, en su día, un acuerdo para cumplir la sentencia de derribo del edificio ilegal de la calle de la Parra e intentar legalizar únicamente los garajes, recuperando así todo el espacio libre anterior a la operación especulativa de la propiedad. Arahuetes no cumplió lo acordado y el PSOE inicio un proceso de legalización, de todo lo construido, que ha culminado con la aprobación de una modificación urbanística en esa zona hecha a la medida de los intereses de la propiedad, por mucho que la alcaldesa se empeñe en presentarlo como un ahorro para las arcas municipales. La vía de la inejecutabilidad de la sentencia ya se intento en su día por parte de la propiedad y fracaso, aunque las decisiones judiciales son imprevisibles para los humanos corrientes. Ojala que no sea otro desastre para la economía municipal.