Posted By Redacción on 18, Nov, 2016

La alcaldesa, Clara Luquero, deduce del nuevo auto emitido por el TSJ que la modificación puntual del Plan Especial del antiguo convento de San Agustín que hizo el Gobierno local para dar cobertura al proceso de legalización del edificio de la Casa de la Parra habría convencido al Tribunal que ahora pide que modifique la fórmula para tramitarlo como petición de “inejecución de sentencia” en vez de “ejecución de sentencia” como se hacía hasta ahora. “La modificación que realizamos en el Plan ha permitido la restauración de la legalidad, lo ha legalizado. Como no vamos a demoler, se hace por inejecución”, trató de explicar en conferencia de prensa.

Lo cierto es que a la regidora sólo le había dado tiempo en ese momento a “echar un vistazo” somero al auto y a pedir explicaciones de urgencia a los servicios jurídicos municipales para poder contarlo a los periodistas “porque los asesores dicen que es una buena noticia”, dijo.

El auto está siendo objeto de un estudio pormenorizado y no ha sido facilitado a los informadores, pero Luquero trató de explicarlo con un discurso que rozó el trabalenguas: “Aunque la sentencia dice que se demuela, hay varios autos que dicen que se demuela o que se legalice. Por eso lo hemos tramitado por la vía ejecución de sentencia: no la ejecutábamos demoliendo sino legalizando, pero el tribunal entiende que se debe hacer por inejecución”.

Lo que sí dejó claro la regidora es su satisfacción por la que considera la resolución definitiva de “uno de los grandes problemas heredados de hace muchísimos años [subrayó en cuatro ocasiones que se originó durante un mandato popular] del que se han derivado sucesivos litigios y que ha tenido tres intentos de legalización, este es el tercero y esperemos que sea el último.

Cambio de criterio.

Si la interpretación municipal es la correcta, el auto recibido este 17 de noviembre en la Alcaldía significaría un cambio radical en el criterio del TSJ, que en los últimos meses ha enviado providencias con requerimientos firmes —que incluían amenazas de sanciones económicas para la regidora y el Ayuntamiento que sin embargo no se han llegado a imponer en ningún momento— reiterando la orden de ejecutar la sentencia de derribo.

El controvertido asunto de la casa de la Parra se inició en 1993, cuando el Consistorio autorizó la construcción del edificio en una zona de huertas. En 1996, con el edificio ya en pie, la licencia se declaró nula por haberse otorgado antes de que entrara en vigor la planificación urbanística que lo amparaba y se produjeron las primeras denuncias en un largo proceso de reposiciones, recursos y contrarecursos.

Con el proceso judicial abierto y una sentencia de derribo, el Ayuntamiento aprobó en 2012 la legalización del inmueble que pretendía ser definitiva, pero nuevamente, el entonces líder de IU, Luis Peñalosa y un grupo de ciudadanos recurrieron y ganaron. El TSJ ordenó, mediante un auto, la ejecución de la sentencia, un mandato que el Ayuntamiento siguió tratando de eludir mientras el alto tribunal regional tampoco mostraba excesiva contundencia efectiva para su cumplimiento. El nuevo auto parece abrir definitivamente la puerta a la legalización del inmueble y acerca el momento del carpetazo a 23 años de polémica.

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