La sala de lo penal del juzgado número 4 de Segovia ha desestimado la denuncia por allanamiento de morada interpuesta contra dos okupas del colectivo alternativo La Tormenta, que desde otoño de 2016 ocupan un edificio de dos plantas y planta baja entre las calles Convento y María de Pablos, en el barrio de la Universidad.
Como primera medida judicial, la propiedad, la sociedad Distralicon, denunció por la vía penal a Elena S.F e Inés J., por un supuesto delito de allanamiento. Según explican portavoces del colectivo “las dos han sido absueltas al considerarse que eran meras usuarias del centro”, dicen, siguiendo con la línea de la defensa que considera que ninguna de las dos acusadas puede vincularse con la usurpación del inmueble al tratarse de meras usuarias de los diversos talleres y actividades organizados en el Centro Social Okupado Autogestionado La Tormenta. El pasado 23 de marzo se procedió a la vista; el juez -siempre según fuentes de la defensa- desestimó el delito de usurpación y solo reconoció como un posible allanamiento, que en sentencia judicial ha finalmente desestimado.
El pleito sigue por la vía civil. Cabe recordar que CSOA La Tormenta no es un colectivo con un estatus administrativo, legalmente no existe. Tampoco los okupas usan el edificio como alojamiento, limitándose a organizar actividades y alegando su doble “función social”, tanto como recuperadores de edificios sometidos deliberadamente a procesos de degradación como organizadores de actividades culturales. La única vía es el desalojo por la vía del derecho de la propiedad a recuperar su edificio, algo que, considerando recursos, podría dilatarse bastantes meses, según las fuentes jurídicas consultadas.
Diputación
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