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Acusadas de allanamiento dos ‘okupas’ del CSOA La Tormenta

El juzgado de instrucción número 4 enjuició el 23 de marzo a dos activistas del CSOA La Tormenta, colectivo que mantiene un “centro social okupado autogestionado” en un imueble del barrio de la universidad, en la esquina entre Convento y María de Pablos. Los denunciantes, propietarios del inmueble y de titularidad de la empresa Distralicon, acusaban a Elena S.F e Inés J. de conducta tipificable como delito de allanamiento y de usurpación. Según explicaron, finalmente solo se admitió la denuncia por allanamiento.

Ambas acusadas acudieron al juzgado acompañadas de una treintena de okupas y simpatizantes. Su abogado informó que se pedirá el sobreseimiento en la medida que las dos okupas son meras usuarias del centro y no responsables de la “incautación”,  al tiempo que insistía en que la vía penal no resuelve el conflicto generado por la ocupación del inmueble, que deberá ser resuelto por la vía civil. Los abogados del denunciante no quisieron hacer declaraciones.

Fuentes del CSOA La Tormenta explica que “ellas dos solo estaban ahí, se las tomó la identidad y por razones que no sabemos las han acusado a ellas”. En parte es cierto, en el “centro social” no hay residentes y sus actividades (talleres, bar, conferencias, entre otras) son a puerta abierta y de libre acceso. Pero no es menos cierto que el CSOA La Tormenta carece de entidad legal, bajo el nombre se agrupan una docena de activistas del movimiento okupa pero de manera espontánea, precisamente para rehuir las responsabilidades penales derivadas de ocupar casas abandonados sin permiso.

El edificio de tres plantas fue ocupado en noviembre y recuperado de un incipiente proceso de degradación, empezando a funcionar como centro social “alternativo” en diciembre. No constan quejas del vecindario y los vecinos califican el comportamiento de los okupas como “normal”.

La propiedad, siempre según los okupas, pretendía construir en el edificio una residencia de estudiantes, algo al parecer no compatible con las calificaciones urbanísticas de uso, por lo que los okupas ofrecieron a la propiedad permanecer y cuidar el inmueble en tanto no se completaba el procedimiento administrativo, asumiendo tanto los costes mantenimiento como descargando a los propietarios de responsabilidades subsidiarias por siniestros.

Concentración contra la digitalización de la Justicia

Una mañana agitada en los juzgados segovianos. A las obras para resolver un enésimo charco en la calle San Agustín, y el preceptivo ruido de la taladradora, se añadía el ir y venir habitual, una nevada y la coincidencia de manifestaciones. Eso porque la de los okupas no fue la única concentración del día. Minutos antes trabajadores del juzgado convocaos por CCOO se manifestaron por el nefasto funcionamiento de los nuevos sistemas de digitalización que pretenden sustituir el papel en la burocracia judicial. “La situación es desesperante: paralización y cuelgues constantes del sistema, lentitud exasperante, duplicidad del trabajo en papel y digital, cambio constante en programas y aplicaciones, extravío de documentación remitida por vía telemática, fallos sistemáticos de escáneres y dispositivos de grabación”… La lista de fallos es interminable, lo que redunda en un notable empeoramiento en la gestión del día a día de la justicia. “La administración pretende digitalizar sin invertir”, resumía una jueza.

 

Author: Redacción

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