¿Prioridad nacional?

Posted By José Luis Aceves Galindo on 2, May, 2026

Esta semana durante el debate parlamentario en el Congreso sobre la convalidación del RDL 8/2026, sobre vivienda, reflexionaba desde el escaño y me preguntaba ante los argumentos contrarios de PP y VOX a esta norma que daba “oxígeno” a quienes viven de alquiler, que estarán pensando los miles de segovianos que viven de alquiler ante esta situación de desprecio absoluto de las derechas extremas ¿Hay mayor prioridad nacional?, ahora que el término se a puesto de moda.

Recapacitaba, ¿pensarán que la vivienda es un lujo, para la clase trabajadora? ¿creerán que es un privilegio? Sin duda creo que es, o debería ser, la base sobre la que se construye cualquier proyecto de vida digno. Y esa es una realidad que no admite más demoras. Las competencias en vivienda son mayoritariamente autonómicas y alguno local, pero ¿por qué desprecian la legislación que se puede aprobar en el ámbito estatal? Esa es la cuestión, defienden otros intereses.

Sin duda en España, el acceso a la vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas sociales y debe ser una prioridad nacional continua. No es una cuestión nueva ni coyuntural, pero sí es una herida que se agrava cada vez que el contexto económico internacional se tambalea. La reciente crisis derivada de la guerra de Irán no ha hecho sino añadir más presión sobre una realidad ya frágil: alquileres disparados, salarios que no acompañan y miles de familias al límite.

Ante este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por actuar. No con medidas estructurales a largo plazo —que también son necesarias—, sino con una respuesta urgente para evitar que la situación se desbordara aún más. El Real Decreto-ley 8/2026 proponía algo sencillo en su planteamiento y contundente en su impacto: dar oxígeno real a quienes viven de alquiler.

La prórroga extraordinaria de contratos y la limitación de la subida de rentas al 2 % no eran medidas revolucionarias, sino de contención. Se trataba, en esencia, de evitar que miles de hogares se vieran empujados a asumir incrementos inasumibles o, directamente, a abandonar sus viviendas. Porque cuando el mercado se tensiona sin control, no todos compiten en igualdad de condiciones.

El dato es elocuente: cientos de miles de contratos de alquiler finalizan en un contexto de precios al alza. Sin protección, la renovación de esos contratos podría traducirse en subidas abruptas o en expulsiones silenciosas. Y cuando el coste de la vivienda supera el 30 % de los ingresos, lo que está en juego ya no es solo la economía doméstica, sino la estabilidad vital. El desprecio a la gente es bestial.

Sin embargo, una vez más, la respuesta política ha estado marcada por la confrontación. La negativa a convalidar el real decreto no solo frena una medida concreta, sino que refleja una visión más amplia: la de quienes consideran que el mercado debe operar sin apenas intervención, incluso cuando ello implica dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables. Así de claro.

Este es el verdadero debate de fondo. No se trata únicamente de una norma puntual, sino de qué modelo de vivienda queremos como sociedad. ¿Uno en el que el acceso dependa exclusivamente de la capacidad económica individual? ¿O uno en el que se reconozca la vivienda como un derecho básico que merece ser protegido?

Es evidente que las soluciones no pueden quedarse en lo urgente. España necesita aumentar su parque público de vivienda, mejorar la regulación de modalidades como el alquiler temporal y fomentar un mercado más equilibrado. Por ello, el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 aprobado va en esa dirección. 7.000 millones de euros, casi el triple de presupuesto que el anterior, y financiación compartida: 60 % Estado y 40 % Comunidades Autónomas. Es el mayor esfuerzo público en vivienda en décadas. Pero nada de eso justifica la inacción ante una emergencia como la que vivimos por las consecuencias de las políticas Trumpistas.

La vivienda no puede seguir siendo el termómetro de todas las crisis. Cada subida de precios, cada shock externo, acaba trasladándose directamente a los hogares que menos margen tienen. Y eso no es una fatalidad inevitable, sino una consecuencia de decisiones políticas. Y después de ver la votación, me preguntaba, los diputados segovianos del PP, ¿dormirán tranquilos sabiendo que miles de segovianos están afectados por la situación que han creado con su voto?

Porque, al final, la pregunta es sencilla: ¿quién debe asumir el coste de la incertidumbre? Si la respuesta vuelve a ser las familias, estaremos perpetuando el problema. Si, por el contrario, se apuesta por proteger a quienes más lo necesitan, estaremos dando un paso hacia un modelo más justo.

En Castilla y León, Fdez. Mañueco lleva casi dos meses de vacaciones, y le importa muy poco, continuar otro más y lo que haga falta, pero así no tomar decisiones. Es su forma de actuar y lo que le importa la situación de la ciudadanía. Y Mazarias, en la ciudad, observa como suben los precios de alquiler marcando récord, pero no quiere saber nada de declarar zona tensionada, para parar las subidas de precios.

Las prioridades nacionales, no son los “artificios” que generan PP y VOX, para intentar diferenciarse en sus pactos vergonzosos en Extremadura y Aragón y que terminarán de sellar en Castilla y León, son lo mismo y les importa lo mismo. Sin duda estimo que la prioridad nacional es realmente, defender la sanidad y la educación pública, con más inversión, ante los que quieren sacar tajada con su privatización. Es dar respuesta con planes autonómicos complementarios al plan estatal con la vivienda, es seguir creando empleo y mejorar su calidad y salarios. Es aprobar en ámbito autonómicos planes de apoyo complementarios para paliar los efectos de la guerra de Irán y los precios de la energía. Es conseguir una sociedad sin violencia de género, sin odio permanente, conseguir que no mueran personas en guerras injustas e ilegales, o que la pensiones sigan mejorando para ser más dignas, o que los jóvenes sigan avanzando en sus necesidades, es decir que nadie se quede atrás. Avanzar en derechos y libertades, esa es la prioridad nacional que defiendo.