El equipo de gobierno del Real Sitio de San Ildefonso ha desmentido este miércoles las afirmaciones del portavoz del Grupo Popular sobre la situación económica del municipio. En un comunicado oficial, el Ayuntamiento asegura que las declaraciones difundidas por la oposición “no se corresponden con la realidad” y trasladan datos “falsos” que generan “alarma innecesaria y confusión” entre los vecinos.
Según el documento, los populares han difundido información económica que el equipo de gobierno califica de “incorrecta”, y subraya que los datos oficiales pueden comprobarse en los expedientes municipales. El Ayuntamiento sostiene que la deuda municipal no ha aumentado, sino que se ha reducido en 848.342,28 euros a lo largo de 2025, una cifra que —según explica— se reflejará en la liquidación oficial del ejercicio.
“Las afirmaciones sobre un supuesto incremento de 600.000 euros son falsas”, afirma el comunicado.
El gobierno local lamenta que la oposición “transmita información no ajustada a los datos oficiales” y recuerda que los informes económicos están disponibles para su consulta por los grupos municipales.
En su respuesta, el Ayuntamiento acusa además al Grupo Popular de mantener un “bloqueo sistemático” a varios proyectos municipales de relevancia, algunos de ellos —según indica— después de haber mostrado conformidad en fases previas. Entre los expedientes paralizados, el equipo de gobierno menciona:
La venta de 21 parcelas municipales en La Pradera de Navalhorno, destinada a vivienda pública.
La nueva ordenanza del mercado municipal, que incluía la propuesta de gestión directa y precios asequibles para reactivar la actividad.
La actualización de la ordenanza de la Escuela Municipal de Música y Danza, diseñada para incorporar nuevos servicios y reforzar la estabilidad económica del centro.
El Ayuntamiento sostiene que todos estos expedientes han sido rechazados “sin argumentos, sin razones y sin ninguna alternativa constructiva”.
En el cierre del comunicado, el equipo de gobierno pide a los grupos políticos “responsabilidad y rigor” en las comunicaciones públicas, y defiende que los debates municipales deben basarse en “datos verificables”, evitando generar alarma mediante declaraciones “que no responden a la realidad, sino al mero interés partidista”.
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