Con los votos a favor de PP, PSOE y AVR, y la oposición del resto de grupos, el Ayuntamiento de Palazuelos aprobó en su pleno del 19 de septiembre la modificación de las normas urbanísticas subsidiarias sobre la finca de Quitapesares que impedían la continuación de las obras del palacio de congresos de la Faisanera. En el plazo de dos meses, una vez finalice la fase de alegaciones de la modificación, previa autorización de los camios por la Junta, y si no hay más quebrantos jurídicos, la Diputación podrá reiniciar las obras del equipamiento.
Cabe recordar que según el proyecto el palacio de congresos debería estar ya en marcha desde hace meses. En 2015, siendo alcalde de Segovia Pedro Arahuetes, el ayuntamiento de la capital interpuso una demanda contra la concesión de la licencia de obras al palacio de Congresos y la ganó. Según el fallo judicial, el palacio de congresos vulneraba los volúmenes edificables de la zona, carecía de autorización para proveerse de aguas potable y de depuración, y además, los viales de acceso vulneraban también el planeamiento urbanístico de Palazuelos. En julio de 2016 se pararon definitivamente las obras cuando solo faltaban los remates exteriores y el equipamiento interior.
Desde entonces el consitorio de Palazuelos trabaja contra reloj para legalizar la situación. En el pasado pleno de julio el alcalde, el popular Jesús Nieto, ya protagonizó un intento de modificar las normas. No salió bien, el PSOE de Daniel Bravo requirió más información y ante la perspectiva de perder una votación trascendental, Nieto retiró el punto del orden del día, concediendo dos meses a los plenarios para estudiar los cambios.
A la segunda va la vencida. Lo que se ha hecho es permutar los volúmenes edificables con otras fincas del complejo, modificar el acceso principal por un camino prexistente y, frente a la mención específica de que el centro de congresos se abastecerá de agua de El Pontón (un abastecimiento hoy por hoy alegal, pendiente de autorización de la CHD) dejar esta aspecto abierto y vinculado a “fuentes de abastecimiento de agua del municipio”. En otras palabras, depurar la zona de las incoherencia legales que destapó la denuncia interpuesta por Arahuetes.
Tanto PP, PSOE como AVR han justificado su apoyo a la modificación apelando a la “utilidad social” del equipamiento. Puestos de trabajo directos e indirecto, facilitar la generación de un espacio congresual demandado por el sector, y evitar que el palacio devenga el típico esqueleto de la burbuja inmobiliaria.
Aurelio Niebla, de UPyD, centró su oposición en las dudas sobre el carácter de “suelo urbano consolidado” de la finca. La duda se basa, precisamente, en la falta de viales y en la ausencia de una abastecimiento y depuración de aguas ratificado por la CHD, aspectos que han motivado ya algunos reveses judiciales, como la anulación de las licencias de habitabilidad del conjunto de viviendas de Segovia 21. Tanto DNP como Palazuelos en Común se abonaron a esta tesis para sumarse al no.
Al final, 6 votos a favor por 5 en contra.
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