Y otra contra Segovia 21. En sentencia del 6 de octubre, el juzgado Número 5 de Segovia fallaba contra Segovia 21 en la demanda interpuesta por la mercantil (participada en un 95% por la Diputación de Segovia) contra 13 compradores de 16 viviendas de lujo junto al campo de golf de La Faisanera, en Quitapesares (Palazuelos de Eresma).
Segovia 21 pretendía ejecutar los contratos de compra-venta firmados 2010 por los propietarios demandados, buena parte de ellos familiares o personas vinculadas al anterior consejo de administración de la mercantil. Estos se negaron a pagar considerando que no se cumplían las condiciones estipuladas en el contrato. No obstante Segovia 21, bajo la administración concursal y del gabinete Verae dirigido por Javier de la Orden, recurrió al juez, que falla ahora contra Segovia 21 y no solo da por resueltos los contratos sino que condena a la mercantil a devolver las fianzas entregadas a cuenta por los propietarios, un 20% del valor de las casas y con intereses de demora desde 2010.
Dos de los socios de Verae, en una de sus comparecencias en la Diputación para dar cuenta de la marcha de la sociedad Segovia 21.
Contra los intereses de Segovia 21 ha pesado como una losa la reciente resolución de la sala de lo contencioso administrativo que consideraba no ajustadas a derecha las concesiones de licencia de primer uso concedidas por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, al no estar legalizados los abastecimientos de agua previstos para la urbanización. El mismo argumento sirve al juez del número 5 para anular ahora el contrato. “Es indudable que en el otorgamiento de la licencia de primer uso concurre un incumplimiento esencial atribuible a la parte demandante que justifica la resolución de los contratos”, argumenta el juez.
El fallo, recurrible, es todo un torpedo contra la línea de flotación económica del ambicioso “penta-proyecto” impulsado en su día por Atilano Soto -siendo presidente de la Diputación y de Caja Segovia- y la Cámara de Comercio de Segovia, entonces presidida por el ahora diputado del PP, Jesús Postigo. Estas 16 ventas ahora anuladas iban a suponer unos ingresos totales de 6,7 millones de euros, un balón de oxígeno para afrontar los créditos contraídos por Segovia 21 para el desarrollo urbanístico de Quitapesares y cifrados en 17 millones. Un balón de oxígeno que, a la hora de la verdad, ha estallado en el aire.
Fuentes de los demandados explican que la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, no empeorarán irremisiblemente la situación de la empresa de la Diputación, por cuanto las cantidades estaban aseguradas por pólizas. Eso sí, Segovia 21 queda tocadísima tras este nuevo varapalo que se suma a la larga serie de quebrantos sufrida por la fallida puesta en valor de los terrenos propiedad de la Diputación en Quitapesares.
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