A medida de que se ha recrudecido, y de qué forma, la pandemia en Castilla y León -otros 490 fallecidos más en los hospitales y residencias de ancianos desde el pasado 1 de septiembre- el clima político entre la Junta y la oposición socialista no ha hecho otra cosa que deteriorarse. Y ello a pesar de que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, lejos de secundar el negacionismo trumpista de su homóloga y correligionaria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viene actuando, como el resto de las comunidades autónomas, responsablemente y en plena sintonía con el ministerio de Sanidad.
El consenso que a mediados de junio dio lugar a la firma del cacareado pacto para la reconstrucción -de “histórico” se permitió calificarlo el nutrido aparato de propaganda oficial de la Junta- fue desde el primer momento un espejismo. PSOE y Podemos se avinieron a firmar un acuerdo que tenía más agujeros que un colador, como no ha tardado en ponerse de manifiesto en aspectos tan relevantes como la atención primaria (sería mas propio decir la desatención primaria) o el abandono asistencial en las residencias de ancianos, por no hablar de la clamorosa omisión de problemas estructurales como el de los desequilibrios territoriales y la despoblación, vocablo éste último que ni siquiera figura en las 18 páginas (86 medidas) rubricadas por PP, C´s, PSOE, Podemos y Por Ávila. (El procurador de Vox, Javier García Conde, estaba de acuerdo en firmarlo, pero no le autorizaron en Madrid, mientras que el de la Unión del Pueblo Leonés, Mariano Santos Reyero, fue el único en percatarse de que el pacto tenía mucho más de postureo político que de voluntad compartida para afrontar los graves y crecientes males que aquejan a esta comunidad autónoma).
Papel mojado
Pablo Fernández.
Apenas suscrito ese documento, el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, poco menos que se rasgó las vestiduras al caer en la cuenta de que su firma comportaba la renuncia a crear una comisión parlamentaria de investigación sobre la tragedia vivida en las residencias de ancianos (2.500 fallecidos a la firma del pacto, 2.826 tres meses después). Los socialistas, único grupo con suficientes procuradores para solicitar dicha comisión, se daban por satisfechos con que la Junta se comprometiera (punto 3 del acuerdo) a elaborar un informe sobre “la incidencia y prevalencia del Covid-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos”.
Ese informe de parte, que no auditoria externa, es el que presentó la consejera de Familia, Isabel Blanco, el pasado 30 de septiembre, tres meses y medio después de la firma del pacto. Un informe calificado de “tomadura de pelo” por el grupo socialista y de “bodrio” por Podemos, partido éste que ya venía exigiendo con anterioridad la dimisión de Blanco.
A esta indignación de la izquierda parlamentaria por el contenido de un informe descaradamente orientado a eludir las insoslayables responsabilidades políticas de la Junta en la tragedia vivida en las residencias de la comunidad (se niega incluso, pese a todas las evidencias, la decisión de cerrar los hospitales a los residentes contagiados derivada de la instrucciones conjuntas cursadas por las gerencias de Servicios Sociales y del Sacyl) se ha unido la negativa de la consejería a facilitar el número de victimas mortales registradas en cada una de las residencias.
Ultimátum a punto de expirar
Esta negativa, denunciada ante el Procurador del Común (Comisionado para la Transparencia), que ha dictaminado su improcedencia, ha dado lugar a un ultimátum de los socialistas que expira el próximo lunes. Si entonces la consejería no ha facilitado esa información, procederán a registrar en las Cortes la solicitud de la comisión de investigación que hasta ahora inexplicablemente no han promovido).
No deja de ser un tanto singular que el detonante que ha vencido la resistencia socialista a promover dicha comisión haya sido un déficit puntual de transparencia, asunto a la postre menor frente a una calamidad cuya dimensión pedía a gritos una investigación parlamentaria, cada vez más inexcusable a medida que han ido aflorando datos sobre la deficiente, cuando no inexistente, asistencia sanitaria de que han sido objeto miles de ancianos residentes en estos centros. Y no solo en los de titularidad privada, sino también en los dependientes de la propia Junta o de otras administraciones públicas (recuérdese el revelador informe interno elaborado por la Diputación vallisoletana sobre sus dos residencias, en el que, entre otros desamparos, se consigna la falta de auxilio sanitario por parte de Sacyl).
El hecho de que la solicitud de la comisión se vincule a ese ultimátum le ha servido al vicepresidente de la Junta, el inefable Francisco Igea, para acusar a los socialistas de “desvergüenza política”. En su afán de complacer a Fernández Mañueco ejerciendo el papel de “poli malo” encargado de provocar a la oposición, Igea últimamente no se para en barras.
Durante el último pleno de las Cortes acusó asimismo a los socialistas de “no tener moral, ni dignidad, ni vergüenza”, ello a cuenta de que tanto Luis Tudanca como el procurador Diego Moreno sacaran a colación el caso de Sonia Sainz-Mazo, la burgalesa fallecida a causa de un cáncer desarrollado mientras intentaba durante meses obtener sin éxito una cita presencial en su centro de Salud (por cierto, ya son tres los casos similares denunciados en la provincia de Burgos).
El vicepresidente de la Junta acusaba a los socialistas de utilizar políticamente a los muertos por Covid-19, precisamente él, autor de esa abominable declaración según la cual “quizás entenderíamos mejor las cosas (…) si en lugar de sillas vacías se colocaran en la plaza mayor de Valladolid los ataúdes de las 4.000 personas que se llevado la pandemia”.
Más de 6.000 muertes
Desafortunadamente para todos, a estas alturas no serían 4.000 sino más de 6.000 esos ataúdes, ya que esa es la cifra real de las victimas mortales que se ha cobrado hasta ahora el Covid-19 en Castilla y León. Según los datos oficiales de la consejería de Sanidad, a fecha de hoy se elevan a 2.541 los decesos en los hospitales y a 1.807 los registrados en las residencias, a los que hay que sumar los cerca de 1.900 más fallecidos en sus propios domicilios.
Como se ha señalado antes, el total de ancianos usuarios de residencias que han perdido la vida a causa de la pandemia se eleva a 2.826, ya que además de los 1.807 fallecidos en los propios centros, otros 1.019 engrosan ese escalofriante balance de los 2.541 muertos en los hospitales. Y lo más preocupante es que 207 de estos infortunados mayores han muerto en el último mes y medio, ya que a 1 de septiembre ese fatídico saldo se situaba en 2.619. Y ello cuando se contabilizan en las residencias 16 brotes activos con 1.159 casos asociados a los mismos.
Con un total próximo a los 400 brotes activos, más de mil hospitalizados (137 de ellos en las UCIs, que están a un 68% de ocupación), y una tasa media cifrada por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, la pandemia sigue asolando a Castilla y León. Después de Palencia, León y desde este sábado Salamanca, Ávila, Valladolid y Burgos corren serio riesgo de ser las próximas capitales confinadas.
Dicho estado de emergencia ha dado al traste con el propósito de ir recuperando la atención presencial en los centros de salud y consultorios rurales, que siguen limitándose a unas consultas telefónicas con los serios riesgos para el paciente desgraciadamente constatados.
La pandemia lo encubre todo, también la alarmante falta de gestión que registra en otras áreas el gobierno Mañueco, que, si bien se ha puesto las pilas en la lucha contra el Covid, está muy lejos de dar respuesta a los múltiples estragos sociales originados por una crisis que, visto el papel mojado en que ha quedado el llamado pacto para la “reconstrucción”, está dejando de relieve la falta de músculo político de esta maltrecha comunidad autónoma.
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