Una pantalla gigante visible desde la vía pública ubicada en la segunda planta del número 20 de la calle Cervantes, en plena calle Real va camino de convertirse en un nuevo problema para el Ayuntamiento ante la negativa a retirarla expresada por el propietario del inmueble —un conocido empresario local que ya ha ganado varios pleitos urbanísticos al Gobierno local— que no ha atendido ninguno de los requerimientos de Urbanismo.
El departamento considera que el aparato emite publicidad a la calle y está sujeto, por tanto, a la ordenanza de publicidad exterior, pero el dueño se aferra al vacío legal sobre este tipo de instalaciones ya que afirma que lo utiliza de manera privada, siempre dentro de su propiedad, por lo que la ordenanza señalada no le afectaría y tampoco las ordenes municipales para que lo desconecte.
La situación del luminoso irrumpió este 2 de septiembre en el pleno municipal por una pregunta formulada por el concejal de IU, Ángel Galindo, interesándose por las medidas que se estaban tomando ante el funcionamiento de la pantalla que la coalición denunció el 14 de julio y que considera que genera impacto visual además de ser inapropiada en el casco histórico de una ciudad patrimonio de la humanidad. Ese tipo de preguntas suelen quedar sobre la mesa para contestarse en la siguiente sesión, pero esta vez el concejal de Urbanismo parecía tener preparada la respuesta y contestó en el momento.
Según su relato, el departamento inició a primeros de agosto un procedimiento de disciplina urbanística que derivó en sucesivos decretos dictados a lo largo del mes ordenando el apagado de la pantalla acompañados con advertencias de sanciones que fueron respondidas puntualmente desde la propiedad con alegaciones y caso omiso a las ordenes. El pasado jueves se reiteró la orden por tercera vez y se impuso una multa de 1.000 euros, “la primera de las que se impondrán mensualmente”, según Reguera, que insinuó la vía judicial señalando que “nos planteamos otras medidas” si se mantiene la situación, aunque confió en que los propietarios “recapaciten”.
No parece fácil. Los dueños de la gran pantalla y del inmueble en el que se encuentra recuerdan que esta no es una instalación fija, sino móvil; que su uso se hace en el ámbito privado pese a que se ve desde la calle a través de una gran cristalera y que el mandato de desenchufar el aparato solo podría provenir de un juzgado que ordenase además la entrada en el local, sobre el que el Ayuntamiento no tiene potestad.
Subrayan además que para este caso no es aplicable la ordenanza de publicidad exterior, ni por supuesto, las limitaciones que aparecen en el Plan especial de las áreas históricas (Peahis), al tratarse de una norma lleva años elaborándose pero que no está en vigor aún.
La situación permanece enconada entre ambas partes y todo apunta a que este será un nuevo conflicto de larga duración para el Ayuntamiento, que también buscará un pronunciamiento de la comisión territorial de Patrimonio y que teme encontrarse ante un precedente que abriría la puerta a nuevas instalaciones similares por toda la ciudad.
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