El Área de Urbanismo, su funcionamiento, las sentencias millonarias y la auditoría del departamento protagonizaron el grueso de los debates del pleno celebrado este 2 de noviembre en el que el primer teniente de alcalde, Alfonso Reguera no tuvo reparos en acusar al grupo popular de mentir en las sumas que hace sobre el coste de las sentencias pagadas este año por el Ayuntamiento.
El primer enganchón ocurrió durante el debate sobre el estado de ejecución del presupuesto a fecha de septiembre pasado que el PP cifró en un 28 por ciento, momento en el que Reguera aprovechó para pedir “seriedad” en el análisis de los datos —asegura que el grueso de las inversiones aparecerá en los datos del último trimestre porque aún están en marcha— e inmediatamente derivó su discurso hacia la cifra, 42 millones largos, que el PP cree que lleva gastados el Ayuntamiento en el pago de varapalos judiciales.
“Cuando ustedes dicen que tenemos que pagar 42 millones en sentencias dicen una absoluta mentira” por haber contabilizado, entre otras cosas, dos veces las subvenciones devueltas del Cat, según dijo, invitando al popular Javier Encinas a “aprender a sumar”. El concejal popular no exigió rectificaciones pero tampoco corrigió sus cifras: “Los datos son los que son, están ahí y se han sacado de los datos que ustedes nos han dado. No mienten, son la realidad”, apuntilló.
Otra dación de cuentas referida a los informes que el interventor y el jefe de Urbanismo han emitido sobre la auditoría a Urbanismo que reclama la oposición generó nuevas tensiones ya que Reguera cree que avalan su postura sobre la falta de necesidad de hacer ese trabajo mientras que los portavoces de la oposición apuntaron sus dudas sobre el texto firmado por el funcionario de Urbanismo y exigieron, sin éxito, que el socialista explicara exactamente qué tipo de informe había solicitado.
“Usted juega con las cartas marcadas”, espetó el representante de UPyD, Cosme Aranguren que insistió en conocer la literalidad de la orden del concejal al funcionario de Urbanismo “porque nos parece un tanto sesgado”, dijo, en consonancia con la portavoz de Ciudadanos, María José García que se preguntó si “se ha querido condicionar los informes”. También Raquel Fernández, la portavoz del PP, dijo “alucinar” con las afirmaciones escritas por el jefe de Urbanismo “porque no es lo pedido y encima insinúa que la oposición es poco menos que estúpida por pedirlo” y puso en duda la voluntad del Gobierno en este asunto porque “para no tener problemas, —como reiteró Reguera— en realizar la auditoría, lo está disimulando muy bien.
Mientras el representante del Gobierno insistía en la inoportunidad de la medida, la oposición se mantuvo en su postura defendiendo la auditoría o en su defecto, otro mecanismo que “diga en qué se ha fallado” para que se produjeran las numerosas y millonarias sentencias contra la ciudad.
Las tasas son definitivas.
El pleno aprobaba de forma definitiva las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos tras rechazar el equipo de gobierno de las alegaciones presentadas por la Agrupación de Industriales Hosteleros (AIHS) contra la modificación de los precios para terrazas de primera la reorganización de las categorías en función de las calles que ocupan. El responsable de Hacienda, Reguera, argumentó que los hosteleros no habían utilizado argumentos técnicos sino “declaraciones de intenciones”.
Como ya ocurriera cuando se aprobaron las tasas para 2017, el rechazo a las alegaciones salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Clara Luquero, con el rechazo de PP, C’s y UPyD Centrados en Segovia y la abstención de IU.
El Gobierno logró la aprobación por unanimidad de la mayoría de los 16 dictámenes restantes que se sometieron a la aprobación del pleno a excepción del referido al acuerdo con la empresa propietaria de la finca en la que está previsto construir el instituto de San Lorenzo para pagar su expropiación en plazos anuales en el que sólo encontró el apoyo de UPyD. PP y Ciudadanos también se abstuvieron a la hora de votar la modificación inicial del Plan General que permitirá liberar de las limitaciones de edificabilidad a los edificios de uso público.
Mociones.
En cuanto a la media docena de mociones presentadas por los grupos, Segovia se declarará ciudad “libre de paraísos fiscales” por una iniciativa de IU que a su vez hizo suya una propuesta de la ONG Intermón —PP y Ciudadanos se abstuvieron— mientras que la iniciativa conjunta de IU y UPyD, Centrados en Segovia para fomentar la participación ciudadana en los plenos y modificar los horarios de los plenos y las comisiones en base a la conciliación laboral y familiar de los concejales acabó votándose por separado: los plenos se seguirán celebrando por la mañana y las comisiones informativas tampoco alterarán sus horarios gracias al voto en contra de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, mientras que sí hubo unanimidad para que se articule y promueva la participación en los plenos, incluyendo la posibilidad de que los ciudadanos tomen la palabra una vez que concluyan las sesiones.
Por iniciativa de Centrados en Segovia con unanimidad de los concejales, la ciudad se sumará al pacto de alcaldes para el Clima y la Energía, mientras que Ciudadanos también logró la aprobación unánime a sus propuestas para que se creen aparcamientos para discapacitados en el entorno de la oficina de Empleo, en Vía Roma y se promocione el uso del teléfono de acoso al menor (900018018) aunque con algunos matices sugeridos por el concejal de Juventud.
Pese a la abstención de UPyD, el PP también consiguió la aprobación para que el pliego de contratación de los servicios jurídicos incluya una cláusula para que el adjudicatario tenga actualizado un listado de pleitos municipales en curso y resueltos que pueda ser consultado por los concejales.
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