Posted By Redacción on 7, Sep, 2020

En 1978 aprobamos en España una Constitución que establece como forma del Estado la denominada monarquía parlamentaria,  cuyo titular es el Rey, al que otorga la inviolabilidad e irresponsabilidad por sus actos. ¿Cómo se justifica tamaño privilegio para el Rey? Pues sencillamente, porque sus actos siempre deben de ser refrendados por otras instancias, generalmente el presidente del Gobierno o el de las Cortes y esto significa que la responsabilidad de esos actos se traslada a estos refrendadores. Naturalmente, ninguno de ellos, que yo sepa, ha ratificado nunca las actuaciones del Rey en su vida privada. Seria suicida.

Estos días se ha puesto en evidencia, que la interpretación que algunos quieren hacer de esta inviolabilidad del Rey, para exonerarle de las supuestas golferías que se vienen atribuyendo, al monarca de la transición, Juan Carlos I. Desde luego yo no soy un intérprete autorizado de nuestra Constitución pero me parece evidente que esa inviolabilidad solo puede referirse a sus actos como rey y por tanto refrendados, pero no a su actividad privada. El Rey por su propia esencia debe de ser ejemplar e intachable y no debería de cometer, nunca, ningún delito.

Pero la realidad es muy dura y cualquiera puede caer en la tentación de enriquecerse aprovechando su situación privilegiada  y encima sin tributar a Hacienda. O, imagínense que al Rey le da un arrebato pasional y asesina a alguien, ¿habría que  protegerle con su inviolabilidad? Ya sabemos que ese principio de que todos somos iguales ante la ley no le afecta al Rey en su actuación como tal, porque le concedimos ese privilegio, pero en su vida privada no puede ser diferente al resto de los ciudadanos. Como no lo seria el presidente de una hipotética republica, sin que eso haga menos estable a esta forma de Estado. Y no digamos a partir de que el Rey se viera forzado a abdicar en su hijo, el actual Rey, Felipe VI.

Resulta patético ver como personalidades políticas en la reserva, o el propio Partido Socialista, intentan justificar la impunidad de Juan Carlos I, por los servicios que, como rey y como era su obligación, presto a España. Un rey, merece respeto mientras actúa con dignidad, pero en el momento que la pierde, no basta con pedir perdón a los ciudadanos, de los que obtuvo su confianza, como ya tuvo que hacerlo con ocasión de la caza de elefantes, sino que debe, no solo abdicar, sino, además, someterse a los tribunales de justicia, como  cualquier ciudadano.

La tradición borbónica, como con tanta gracia describe Nieves Concostrina, es de rapiña constante de los bienes de los españoles, o de quien se pusiera a tiro, amasando fortunas desmesuradas. El dictador siguió con esa tradición pero, afortunadamente, las cosas van cambiando y la Justicia va recuperando lo ilícitamente usurpado a los ciudadanos.

La Casa Real debe declarar con total transparencia las actividades económicas privadas del Rey y este debe contribuir a la hacienda pública con arreglo a sus rentas y ser juzgado, en caso de no hacerlo, como cualquier ciudadano. Si esto no es así y se ampara en la Constitución para no hacerlo, no cabe duda que esta Constitución no nos sirve y sería urgentísimo reformarla en profundidad y adaptarla a los tiempos actuales. La Constitución no puede amparar la delincuencia.

También tiene poco fundamento la defensa de la monarquía  como forma de Estado, que hacen algunos interesadamente, basándose en su estabilidad frente al supuesto fracaso de la Segunda Republica. La realidad es que esta fue derrocada por un golpe militar contra la democracia organizado por los que no podían digerir una constitución tan progresista y como la ultraderecha quiso repetir en febrero de 1983. Lo que tiene que preocuparnos no es que, democráticamente, se reforme la Constitución, e incluso se plantee sustituir la monarquía por una republica, lo que tenemos que impedir, es que los nostálgicos del franquismo intervengan, con su violencia tradicional, para impedir el progreso de nuestra sociedad.

Artículo de opinión de Luis Peñalosa Izuzquiza.

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