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Navicoas, la página más oscura de Caja Segovia (2)

La operación de Caja Segovia en el asunto Navicoas está repleta de interrogantes, quizá no tanto en su origen —una operación urbanística buscando un pelotazo, al parecer práctica habitual hace años— cuanto en su resolución, asumiendo para la entidad segoviana deudas aparentemente ajenas y poniendo en jaque el principal valor patrimonial de la entidad. A la vez que depura responsabilidades, las investigaciones del juzgado quizá aclaren por qué se tomaron decisiones aparentemente fuera de lugar y quién finalmente buscaba beneficio en ellas.

 

Parte 2: los juzgados (Link aquí para acceder a Parte 1)

El expediente del caso “Navicoas” (cuyo primer capítulo puede consultar aquí) que instruye el Juzgado número 5 de Segovia tiene ya un recorrido de casi un año, ya que el magistrado Jesús Martínez Puras abrió esta carpeta, cada vez más gruesa, en enero de 2012.

Lo hizo porque unas semanas antes, diez ex consejeros [lo eran en 2011, cuando se contrajo el préstamo con el Torreón de Lozoya como aval] denunciaron al ex presidente de la Caja, Atilano Soto y al ex secretario general, Fernando Tapias, bajo la acusación de haber falsificado las actas referidas al asunto de Navicoas y el pago de sus deudas con un préstamo de 6,8 millones con el aval de una hipoteca sobre el Torreón de Lozoya.

La denuncia se interpretó entonces como una estrategia de defensa por parte de los consejeros y así pareció entenderlo también el juez después de tomar declaración a los primeros denunciados, Soto y Tapias; leer las actas y escuchar alguna de las grabaciones —al parecer realizadas sin conocimiento del consejo— de las reuniones, llegando a la conclusión de que aquellos consejeros también serían responsables si se sustanciaran los indicios de delito societario al que le han llevado sus pesquisas.

La tortilla da una vuelta: En un auto fechado el cinco de diciembre de 2013, el juez dispone que se tome declaración como imputados a todos los que ocupaban silla de consejero y participaron en la crucial reunión del 17 de julio de 2012:

Manuel Agudiez; Elena García Gil; Fernando Aceves González; Juan Ignacio Antón Contreras; Manuel Berzal Lobo; José Pablo Lozoya; Juan José Martín Casado; María Concepción Monte de la Cruz; José Pedro Palomo Hernangómez; Antonio Jesús Rodríguez; José Luis Sanz Merino; Ana María Valiente; Alfredo Velasco Barrio; Jesús Manuel Yubero Fuentes y Miguel Ángel de Vicente Martín, pasarán, por ese orden, desde las nueve de la mañana el cinco de febrero, por el despacho del magistrado, que inicialmente ha destinado media hora para cada interrogatorio.

 

“Incluso hipotecarias”

El matiz, nada pequeño, que representa la coletilla “incluso hipotecarias” enmarca buena parte de las dudas en este proceso, y así, los consejeros que denunciaron la presunta falsedad documental y delito societario, aseguraron que en ningún consejo se acordó garantizar el préstamo con garantías  “hipotecarias” ni hubo acuerdo unánime para autorizar al Presidente [Soto] a suscribir el préstamo en las condiciones en las que se hizo.

Sin embargo, el juez recuerda que un certificado de los acuerdos del consejo de administración del 17 de julio que aparece incorporado a la documentación con la firma de Miguel Ángel de Vicente, secretario del organismo, marca las pesquisas en este momento.

En ese texto se apuntan las condiciones del crédito de 6,8 millones y el tipo de garantía, con la coletilla referida a hipotecas: “(…) Garantía: personal de Caja Segovia o las adecuadas y suficientes a criterio del Banco Financiero y de Ahorros S.A. y Caja Segovia, incluso hipotecarias”.

Además, el juez valida las actas que obran en su poder, ya que según se lee en el auto, “no se aprecia falsedad alguna en el contenido de las actas aportadas”, además de recalcar que se ha cotejado lo reflejado en el acta de julio de 2012 con la grabación concluyendo que ambos documentos no difieren “en lo esencial”, aunque “no se trate de una transcripción literal.

Cuestionada de esta manera la posibilidad de que los consejeros fueran engañados, como denunciaron, el auto destina buena parte de sus fundamentos a destacar los indicios de un posible delito societario apuntando a la endeble base legal y “en grave perjuicio económico” causado por la solicitud del préstamo;  la asunción de la deuda generada por Navicoas sin que  la Agencia Tributaria señalara a la Caja directamente y separando este asunto de la cesión de patrimonio empresarial que acompañó la fusión fría en Bankia.

Dudas añadidas

Las declaraciones de nuevos imputados que ha ordenado el juez clarificarán, posiblemente, la existencia o no de indicios definitivos de delito y el grado de responsabilidad que sobre los mismos pudo tener cada uno de los implicados, pero además, debería arrojar luz a otros interrogantes. Por ejemplo, qué motivos llevaron a Soto (finalmente) a asumir una deuda que aparentemente podría y debería haberse “colocado” a Bankia, como receptora de la cesión de la actividad empresarial de la Caja.

Quizá esa respuesta lleve a saber quién se benefició realmente de este extraño equilibrio en un entramado en el que aparecen nombres de enorme peso, como se relata en el capítulo uno de esta serie.

El cinco de febrero, con el desfile de consejeros ante el juez, el siguiente capítulo.

Author: Redacción

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